El Congreso ha rechazado la prórroga extraordinaria de los alquileres, que preveía ampliar contratos y limitar subidas. La decisión deja en el aire a millones de inquilinos en plena crisis de vivienda.
El Congreso de los Diputados ha rechazado este martes el decreto ley que contemplaba la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler, después de que el Gobierno no lograra reunir los apoyos necesarios para su convalidación.
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La medida planteaba ampliar hasta dos años los contratos de arrendamiento que vencieran entre marzo de 2026 y finales de 2027, además de limitar al 2% la subida anual de las rentas durante ese periodo. Sin embargo, el voto en contra del Partido Popular, Vox y Junts, así como la abstención del PNV, han impedido que el texto salga adelante.
El decreto formaba parte de un paquete de iniciativas destinadas a contener el encarecimiento de la vivienda y ofrecer mayor estabilidad a los inquilinos, en un contexto de fuerte presión sobre los precios del alquiler. Su rechazo deja ahora en el aire la situación de millones de arrendatarios cuyos contratos estaban próximos a finalizar.
La norma, aprobada previamente por el Ejecutivo, necesitaba ser ratificada por la Cámara Baja para mantenerse en vigor. Al no lograrlo, queda derogada, lo que obliga al Gobierno a replantear su estrategia en materia de vivienda.
El resultado de la votación pone de manifiesto la falta de consenso político en torno a las medidas para afrontar la crisis del alquiler, uno de los principales problemas económicos y sociales del país. Mientras el Ejecutivo defendía la prórroga como una herramienta de protección para los inquilinos, sus detractores advertían de posibles efectos negativos sobre la oferta de vivienda en alquiler.
¿Qué pasará ahora?
Tras la caída del decreto, la prórroga extraordinaria deja de aplicarse de forma inmediata, por lo que los contratos que finalicen a partir de ahora ya no podrán acogerse a esa extensión automática ni al límite del 2% en las subidas del alquiler.
En la práctica, esto devuelve la negociación a las condiciones habituales del mercado, permitiendo a los propietarios decidir si renuevan los contratos y en qué términos, incluso con posibles incrementos de precio.
La Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha criticado duramente la decisión del Congreso, al considerar que la prórroga, aunque "insuficiente", podía haber evitado la expulsión de hasta un millón de familias inquilinas hasta finales de 2027 por la subida de los precios.
La organización acusa a PP, Vox y Junts, así como al PNV por su abstención, de priorizar los intereses de los propietarios frente a los de la mayoría social. Además, advierte de que empresas inmobiliarias y grandes propietarios podrían intentar cuestionar la validez de las prórrogas ya solicitadas durante la vigencia del decreto, que, según recuerdan, siguen siendo legales si se pidieron entre el 22 de marzo y el 28 de abril.
El sindicato asegura haberse preparado para este escenario tras gestionar miles de solicitudes y anuncia nuevas movilizaciones en las próximas semanas, en un contexto en el que denuncia un fuerte desequilibrio entre la evolución de los salarios y el aumento del precio del alquiler.