El auge de los litigios climáticos en la última década ha obligado a los gobiernos y a las grandes empresas a actuar.
Los gobiernos de todo el mundo se ven obligados a fijar reglas claras de actuación tras un auge de los litigios climáticos.
Un nuevo informe de Climate Litigation Network explora cómo diez años de causas judiciales han ayudado a establecer obligaciones legales vinculantes para que dirigentes y grandes contaminadores protejan a la ciudadanía de los daños del clima.
Muchas de estas batallas judiciales se inspiraron en el histórico caso Urgenda, que por primera vez en el mundo obligó a un gobierno, por orden judicial, a adoptar medidas climáticas más ambiciosas.
El fallo llegó después de que la organización sin ánimo de lucro Urgenda Foundation, junto con casi 1.000 ciudadanos, pidiera a los tribunales neerlandeses que obligaran al Gobierno a cumplir sus propios compromisos de reducir emisiones, proteger a la población y respetar los derechos humanos.
Los casos climáticos están devolviendo capacidad de acción y confianza
El informe, titulado 'Laying the foundations for our shared future: how ten years of climate cases built a legal architecture for climate protection', sostiene que el auge de los litigios climáticos es una respuesta directa al fracaso de gobiernos y empresas a la hora de afrontar el gran reto de nuestra época.
En todo el mundo, casi nueve de cada diez personas (89%) quieren que sus gobiernos hagan más contra el cambio climático , aunque solo una de cada cinco cree que su gobierno cumplirá sus promesas.
"En este contexto, los litigios climáticos se han convertido en una vía para devolver capacidad de acción y confianza", se lee en el informe.
"Los litigios permiten a la ciudadanía exigir responsabilidades ante tribunales independientes, que se comprometen a evaluar su situación conforme a la ley y no a presiones políticas a corto plazo."
Las líneas de defensa
Demandar con éxito a un gobierno o a una gran empresa parecía antes imposible, pero las defensas asentadas desde hace años están siendo cuestionadas. Desde la década de 1990, las corporaciones han recurrido a tres argumentos clave para eludir responsabilidades ante los tribunales.
Son la defensa de "dejarlo en manos de la política", que sostiene que la política climática es demasiado compleja para los tribunales; la "gota en el océano", que afirma que un solo país o una sola empresa son demasiado irrelevantes a escala global para generar obligaciones exigibles; y la de "elige cualquier objetivo", según la cual gobiernos y compañías son libres de fijar el nivel y el calendario de sus reducciones de emisiones.
Caso a caso, la fuerza de estas defensas se ha ido debilitando, lo que ha derivado en objetivos climáticos reforzados y leyes enmendadas en países como Brasil, Alemania, Irlanda, Países Bajos y Corea del Sur.
Esto ha contribuido a sentar bases jurídicas que también permiten a las comunidades impugnar a gigantes de los combustibles fósiles como Shell y TotalEnergies.
El cambio climático en los tribunales
El informe repasa varios casos climáticos exitosos que han pasado por los tribunales tras el caso Urgenda.
Por ejemplo, en 2015, Asghar Leghair presentó una demanda contra el Gobierno de Pakistán para exigir que hiciera más por proteger al país de impactos climáticos cada vez más graves. El Alto Tribunal de Lahore falló a favor de Leghair, ordenó la creación de una Comisión de Cambio Climático y encomendó a las agencias gubernamentales la aplicación de políticas climáticas.
En Suiza, integrantes de KilmaSeniorinnen denunciaron la inacción climática del Gobierno como una violación de sus derechos humanos.
El caso desembocó en una decisión histórica del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que concluyó que Suiza incumplía sus obligaciones en materia de derechos humanos al no adoptar una senda de reducción suficiente de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Incluso los casos fallidos, como Pabai contra la Commonwealth de Australia, han logrado atraer la atención nacional sobre la amenaza existencial que plantea el cambio climático y han subrayado la necesidad de una acción gubernamental más firme.
Este caso llevó a dos ancianos de las islas del Estrecho de Torres a presentar en 2021 una demanda colectiva contra el Gobierno australiano por la subida del nivel del mar que amenazaba a su comunidad.
En 2015, el guía de montaña y agricultor Saúl Luciano Lliuya llevó a RWE, el mayor productor eléctrico de Alemania, ante los tribunales.
Sostuvo que las emisiones de la compañía contribuían al deshielo de los glaciares en Perú y que RWE debía ayudar a pagar defensas contra inundaciones para la ciudad de Huaraz.
Aunque el caso no prosperó, la resolución judicial establece ahora que, si un gran emisor de carbono se niega a adoptar "medidas de protección", puede ser considerado responsable de unos costes proporcionales a su cuota de emisiones, incluso antes de que se produzcan daños.
En conjunto, el informe sostiene que este tipo de casos ha creado los ladrillos legales que definen cómo deben reducir las emisiones los gobiernos para evitar un cambio climático peligroso. Esto incluye limitar el aumento de la temperatura a 1,5ºC, como establece el Acuerdo de París, y garantizar que los grandes contaminadores puedan rendir cuentas por los daños climáticos.
Un imperativo jurídico
"Lo que hace diez años era un imperativo moral se ha convertido en un imperativo jurídico", afirma Sarah Mead, codirectora de Climate Litigation Network.
"Los grandes contaminadores, los gobiernos y empresas más responsables del cambio climático, tienen el deber de asumir su parte en el esfuerzo global para frenar un cambio climático peligroso."
Mead añade que las empresas con mayores emisiones del mundo no deberían poder "contaminar con impunidad" y lucrarse "a costa de nuestro futuro", y sostiene que los tribunales se están poniendo al día.
Dennis van Berkle, asesor jurídico de Urgenda, afirma que en la última década la gente ha utilizado los tribunales para construir desde abajo un marco de rendición de cuentas.
"Nunca habíamos estado en mejor posición para usar el derecho y proteger a las personas y al planeta del cambio climático", añade.