En una victoria rotunda para los residentes de Bonaire, el Tribunal de Distrito de La Haya ha dictaminado que las autoridades neerlandesas los discriminaron.
Un tribunal ordenó hoy, 28 de enero, al Gobierno neerlandés elaborar un plan para proteger a los residentes de la pequeña isla caribeña de Bonaire de los efectos devastadores del cambio climático, una victoria contundente para los isleños.
El Tribunal de Distrito de La Haya, en una dura reprimenda a las autoridades neerlandesas, también dictaminó que el Gobierno discriminó a los 20.000 habitantes de la isla al no tomar "medidas oportunas y adecuadas" para protegerlos del cambio climático antes de que sea demasiado tarde.
"La isla ya sufre inundaciones por tormentas tropicales y lluvias extremas, y según varios investigadores esto se agravará en los próximos años", dijo el juez Jerzy Luiten a una sala abarrotada. "Incluso las previsiones más conservadoras apuntan a que partes de la isla estarán bajo el agua en 2050, es decir, en 25 años".
La demanda, presentada por ocho residentes de Bonaire y respaldada por la organización ecologista Greenpeace, pretendía obligar al Gobierno a proteger mejor a sus ciudadanos de los efectos del aumento de las temperaturas y de la subida del nivel del mar, y podría sentar un precedente para acciones legales similares en otros lugares.
"Ya no somos ciudadanos de segunda"
"Los jueces nos escucharon", dice una de las residentes, Jackie Bernabela. "Ya no somos ciudadanos de segunda. Igualdad. Estoy muy contenta". No hubo reacción inmediata del Gobierno al fallo escrito de 90 páginas. El Gobierno puede recurrir la decisión.
En un comunicado difundido antes del fallo, Marie Vellekoop, de Greenpeace Países Bajos, afirma que "sería una victoria de gran calado si la sentencia obligase al Estado a adoptar medidas concretas para proteger a la población de los fenómenos extremos y de otras consecuencias de la crisis climática".
El caso se juzgó en La Haya porque Bonaire, junto con otras dos islas, San Eustaquio y Saba, se convirtieron en municipios especiales neerlandeses en 2010. Los 20.000 habitantes de la isla son ciudadanos neerlandeses por su historia colonial.
El Gobierno neerlandés endurecerá las normas climáticas
Los abogados del Gobierno sostuvieron que Países Bajos ya está avanzando en la lucha contra el cambio climático, citando la reducción de gases de efecto invernadero y los esfuerzos de mitigación. El abogado del Gobierno Edward Brans señala que el asunto debe gestionarse por las administraciones nacionales y no por los jueces.
Pero el tribunal concluyó que esos esfuerzos no bastan, y señaló que el objetivo de reducir las emisiones un 55% para 2030 respecto a los niveles de 1990 no es vinculante y no incluye plenamente las emisionesdel transporte aéreo y marítimo. El tribunal también dijo que es "muy improbable" que Países Bajos cumpla su objetivo de 2030.
El fallo llega cuando semanas de negociaciones para formar un nuevo Gobierno neerlandés tras unas elecciones nacionales a finales de octubre apuntan a una nueva coalición minoritaria encabezada por el líder centrista de D66, Rob Jetten.
Se ganó el apodo de "impulsor del clima" cuando fue ministro responsable de sacar adelante un paquete de leyes destinado a reducir la dependencia de Países Bajos de los combustibles fósiles y a recortar de forma significativa sus emisiones de carbono. Ahora, el nuevo Gobierno que se espera que Jetten encabece tendrá que endurecer las medidas en línea con la sentencia.
El nuevo caso Urgenda
No es la primera vez que el Tribunal de Distrito de La Haya dicta una sentencia pionera en materia climática. El mismo tribunal abordó la primera fase del emblemático caso Urgenda hace más de una década. Ese proceso concluyó en 2019, cuando el Tribunal Supremo neerlandés falló a favor de los activistas climáticos y ordenó al Gobierno recortar las emisiones de gases de efecto invernadero, una batalla legal que abrió la puerta a desafíos similares en todo el mundo.
La decisión de Urgenda ha sido clave en recientes decisiones sobre cambio climático del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del máximo tribunal de la ONU, la Corte Internacional de Justicia. Ambos tribunales concluyeron que no combatir el cambio climático vulnera el derecho internacional.
En la década hasta 2023, el nivel del mar subió una media global de alrededor de 4,3 centímetros, con zonas del Pacífico que han aumentado todavía más. El planeta también se ha calentado 1,3ºC desde la era preindustrial por la quema de combustibles fósiles.