La situación en Polonia y Hungría vuelve a centrar la mayoría del debate respecto al informe europeo sobre el Estado de Derecho.
PUBLICIDADLa Comisión Europea publica por segundo año su informe anual sobre el Estado de Derecho. Y por segunda vez, Hungría y Polonia vuelven a acaparar la mayoría de los problemas relacionados con la democracia. La situación no ha mejorado desde el año pasado.
Algo que podría tener un impacto en los fondos de recuperación. "Los negociadores de nuestra parte quieren que Hungría y Polonia confirmen que establecerán un sistema muy sólido de control y auditoría. Que garantizará una protección tan fuerte y segura como vemos, por ejemplo, en las políticas de cohesión, porque el dinero del fondo recuperación es dinero nuevo. Necesitamos tener las mismas garantías", reclama la vicepresidenta europea de Valores y Transparencia Vera Jourova.
Sobre Hungría denuncian el clientelismo de alto nivel y la falta de mecanismos de control independientes para detectar la corrupción. También indican que el pluralismo en los medios está en riesgo.
Según el gobierno húngaro, el informe se redactó con una metodología incorrecta y está sesgado. _"_Los Tratados no dan el poder a la Comisión Europea para elaborar informes sobre el Estado de Derecho. Obviamente, existe la idea preconcebida de que usarán esto para diferentes propósitos cuando quieran desacreditar al país. Es importante señalar el doble rasero, las desproporciones, cuando se haga público el informe de cada país”, apunta la ministra de Justicia de Hungría, Judit Varga.
Sobre Polonia, el informe destaca las serias preocupaciones sobre la independencia judicial. La Comisión envió una carta al gobierno polaco, pidiendo que explicara cómo aplica las medidas provisionales y el reciente fallo de los tribunales para garantizar la independencia judicial.
"En función de las respuestas del gobierno, veremos cual será el próximo paso, ya lo hemos dicho en la carta, si no es posible tener una correcta aplicación de la sentencia del tribunal europeo, volveremos a los tribunales y pediremos sanciones económicas", insiste Didier Reynders, comisario europeo de Justicia.
El informe analiza la situacion en los 27 Estados de la UE. En el caso español, Bruselas vuelve a mostrar su preocupación ante el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, aunque celebra que se retirase la reforma propuesta por el gobierno socialista.