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Los cinco tabues de la UE que se han roto con la guerra de Ucrania

Von der Leyen y Zelenski en Kiev.
Von der Leyen y Zelenski en Kiev. Derechos de autor AP/Ukrainian Presidential Press Office
Derechos de autor AP/Ukrainian Presidential Press Office
Por Jorge Liboreiro
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Compra de armas, sanciones o acabar con la dependencia de la energía rusa. La guerra en Ucrania ha provocado profundos cambios en la Unión Europea.

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La Unión Europea nació con el objetivo que las guerras devastaran el continente y consguió que durante décadas hubiera una relativa paz.

Pero la invasión de Ucrania por parte de Rusia el 24 de febrero de 2022 hizó que Bruselas tuviera que replantear sus políticas, poner en tele de juicio creencias arraigadas y suscitar debates que antes se consideraban prohibidos.

Estos son los cinco principales tabúes que la Unión Europea ha roto en este año de guerra.

El tabú de las armas

En los años que siguieron al final de la Guerra Fría y el colapso de la Unión Soviética, el gasto militar en toda Europa se desplomó. Las prioridades políticas se desplazaban a otros lugares y la opinión pública olvidaba la amenaza inminente de un Armagedón nuclear.

A principios de la década de 2020, la mayoría de los países europeos estaban claramente por debajo del objetivo de la OTAN por el que se han comprometido a gastar al menos el 2% de su PIB en defensa. Las propuestas para crear un ejército común europeo seguían siendo abstractas, y encontraban más espacio en los grupos de pensamiento que en las reuniones ministeriales.

Pero el impacto y el horror que causaron los tanques rusos a su llegada a las fronteras de Ucrania abrieron una puerta que había permanecido cerrada durante años: tres días después de que el Kremlin iniciara la invasión, el bloque decidió financiar la compra y entrega de armas a un país en guerra.

Por primera vez, los fondos de los contribuyentes europeos iban a pagar armas. "Es un momento decisivo", aseguró entonces la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

El bloque recurrió al conocido como Fondo Europeo para la Paz (FEP), un incipiente instrumento extrapresupuestario, para reembolsar los costes de la ayuda militar y el apoyo operativo que cada capital prometía a Ucrania.

En doce meses de guerra, los Estados miembros han inyectado 3.600 millones de euros en al fondo. En otra medida sin precedentes, establecieron una misión de asistencia militar para entrenar a soldados ucranianos en suelo de la UE. En total, la ayuda militar proporcionada por los Estados miembros de la UE se estima en unos 12.000 millones de euros.

Aun así, la ayuda militar europea palidece en comparación con los más de 44.000 millones de dólares que Estados Unidos ha comprometido hasta ahora con Kiev.

El tabú de la dependencia

El día que Vladimir Putin inició la invasión, las exportaciones de combustibles fósiles representaban el 40% de los ingresos del presupuesto federal ruso. La situación obligó a que Bruselas se enfrentara a algo que llevaba años escondido bajo la alfombra: una cara dependencia del petróleo, el gas y el carbón rusos.

En 2021, la UE había gastado 71.000 millones de euros en comprar crudo y productos refinados rusos. En cuanto al gas, la dependencia de Rusia se estimaba en el 40% de todas las exportaciones, con varios países del Este superando el 90%.

La adicción a los combustibles rusos era tan profunda que en diciembre de 2021, mientras Rusia seguía reuniendo tropas a lo largo de la frontera ucraniana, el canciller alemán Olaf Scholz defendía el controverido gasoducto Nord Stream 2. 

No fue hasta que empezaron a caer bombas sobre Kiev que el statu quo se consideró insostenible y la necesidad de liberarse de la dependencia energética se convirtió en la prioridad política número uno.

La UE entró entonces en una carrera contrarreloj para diversificar el origen de su energía. Se prohibió rápidamente el carbón ruso, se eliminó gradualmente el petróleo ruso y se sustituyó el gas ruso por gasoductos noruegos o buques de Gas Natural Licuado procedentes de Estados Unidos, Catar, Nigeria y Argelia.

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Paralelamente, la Comisión Europea elaboró ambiciosos planes para impulsar el despliegue de las energías renovables y fomentar el ahorro energético.

El cambio ha venido acompañado de una abultada factura. Pero también de acusaciones por parte de países pobres que consideraban que la Unión Europea les excluía del mercado de GNL  con sus compras a elevados precios.

En la actualidad, la UE importa de Rusia más del 12% del gas.

El tabú de la confiscación

Desde el 24 de febrero, la UE y sus aliados han impuesto a Rusia una lista cada vez mayor de sanciones internacionales destinadas a paralizar la capacidad del Kremlin para financiar su maquinaria bélica. Muchas de estas sanciones ha sido la primera vez que se aprobaban, como la limitación del precio del crudo ruso impuesta por el G7, que se calcula cuesta al Kremlin más de 160 millones de euros al día.

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Sin embargo, hubo una medida concreta que fue especialmente audaz: Occidente impuso una prohibición total de todas las transacciones con el Banco Central ruso, congelando la mitad de sus 643.000 millones de dólares en reservas de divisas.

Ahora la UE está dispuesta a adentrarse en territorio desconocido con un plan para invertir esas reservas congeladas y redirigir el resultado de la inversión a la reconstrucción de Ucrania. La idea no tiene precedentes y ha sido calificada de "jurídicamente dudosa" y "profundamente problemática" por expertos jurídicos, ya que las reservas de divisas son activos estatales y gozan de una protección especial en virtud del Derecho internacional.

Pero Bruselas insiste que aunque sea complicado hay formas legales de reinvertir el dinero  y convertir las reservas congeladas en una fuente de ingresos. "Rusia debe pagar por la destrucción causada y por la sangre derramada", ha dicho von der Leyen.

Al mismo tiempo, el bloque está trabajando en planes para confiscar los bienes privados incautados a los oligarcas rusos, como yates, mansiones y cuadros, y venderlos para recaudar fondos adicionales para Ucrania.

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El tabú del asilo

Decir que la política migratoria es la madre de todas las polémicas en la UE sería quedarse corto.

Aunque hay hace años de la crisis migratoria de 2015, su espíritu sigue persiguiendo en los responsables políticos y diplomáticos de Bruselas. A pesar de varios intentos de unificar la política migratoria y de asilo entre los 27 Estados miembros, es complicado encontrar terreno común.

Pero cuando decenas de ucranianos empezaron a huir del ataque ruso, la UE vio com las antiguas soluciones no iban a funcionar. Buscando desesperadamente una solución práctica, el bloque desempolvó la Directiva de Protección Temporal, una  ley de 2001 que nunca se había utilizado.

En virtud de esta directiva, los Estados miembros pueden conceder protección inmediata y extraordinaria a un grupo seleccionado de desplazados, en este caso, refugiados ucranianos.

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La ley elude los sistemas de asilo, tradicionalmente sobrecargados, y ofrece en su lugar una vía simplificada y rápida para acceder a permisos de residencia, educación, asistencia sanitaria, bienestar social y mercado laboral: las condiciones básicas que necesitan los ucranianos para empezar una nueva vida.

La activación de la Directiva de Protección Temporal el 3 de marzo fue calificada de "histórica", pero también criticada por algunos activistas y organizaciones por poner de manifiesto el sesgo racial inherente a la política migratoria de la UE.

A día de hoy, cuatro millones de refugiados ucranianos han sido reasentados en todo el bloque, con Polonia y Alemania acogiendo a cerca de un millón cada uno.

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