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Acusan a España de seguir sin reabrir el "acceso real y efectivo al asilo" desde la covid

Migrantes subsaharianos trepan por una valla metálica que divide Marruecos y el enclave español de Melilla el 29 de marzo de 2014\.
Migrantes subsaharianos trepan por una valla metálica que divide Marruecos y el enclave español de Melilla el 29 de marzo de 2014\. Derechos de autor AP Photo/Santi Palacios
Derechos de autor AP Photo/Santi Palacios
Por Thibault Spirlet
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Este artículo se publicó originalmente en inglés

Tres décadas de acuerdos migratorios entre España y Marruecos han dado lugar a fronteras fortificadas y casi impenetrables para los solicitantes de asilo.

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España no ha reabierto rutas seguras y legales para las personas que solicitan asilo en sus enclaves norteafricanos de Ceuta y Melilla desde la pandemia de la convid, según han declarado varias ONG a Euronews.

Las organizaciones no guberrnamentales de derechos de los migrantes han acusado a las autoridades españolas de llevar a cabo una política "ilegal" y "discriminatoria" de rechazos y expulsiones contra los solicitantes de asilo "negros" de origen subsahariano en las fronteras exteriores de la UE de Ceuta y Melilla, en el norte de Marruecos, desde la declaración del estado de emergencia en marzo de 2020.

"Las autoridades españolas han cerrado la frontera sin dar ningún tipo de acceso al asilo", explica a Euronews Mar Soriano, asesora jurídica de la ONG melillense Ruedas Solidarias. "Ya estaba limitado para las personas negras que sufren una discriminación desproporcionada por parte de los guardias fronterizos marroquíes que no les dejan acceder a la frontera".

La ONG de Soriano, junto con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), Human Rights Watch y Amnistía Internacional, ha instado repetidamente a las autoridades españolas y marroquíes a restablecer un acceso "genuino" y "efectivo" al asilo a través de vías "más seguras" y "alternativas" para reducir el uso de viajes peligrosos y el riesgo de que se produzcan sucesos trágicos.

Pero estos llamamientos han caído en saco roto, según el último informe del Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa.

"Una combinación de varios elementos en el enfoque actual de España sobre la migración en sus fronteras con Marruecos ha llevado a una situación en la que no existe un acceso genuino y efectivo a medios seguros y legales de entrada y asilo", concluyó Dunja Mijatović el pasado mes de abril.

La comisaria y su predecesor ya habían expresado su preocupación en 2015, 2018 y 2022 por los pushbacks (devoluciones en caliente en inglés) llevados a cabo por guardias fronterizos marroquíes y españoles para "mantener alejados [a los solicitantes de asilo]" de las fronteras de Ceuta y Melilla.

"Esto deja a ciertos grupos de solicitantes de asilo sin otra opción efectiva de entrar en las fronteras para buscar protección ante las autoridades pertinentes que no sea nadando o saltando la valla, arriesgando la propia vida", ha añadido el comisario.

El "régimen especial" de Ceuta y Melilla y la prohibición de la era Covid

Los enclaves españoles de Ceuta y Melilla han sido escenario de numerosos altercados y respuestas policiales violentas desde 2014.

A principios de febrero de ese mismo año, al menos 15 refugiados y solicitantes de asilo subsaharianos que intentaban rodear a nado un dique que divide Ceuta y Marruecos murieron ahogados frente a la costa ceutí después de que la policía local abriera fuego con balas de goma, en un caso "trágico" que sigue sin esclarecerse, según Amnistía Internacional (AI)

Ese mismo mes, más de 200 personas lograron llegar a territorio español tras asaltar la enorme valla que separa Ceuta de Marruecos.

En agosto del mismo año, un grupo de 23 personas fue expulsado sumariamente a Marruecos "sin posibilidad de solicitar asilo" ni de "recurrir la expulsión" tras saltar la valla fronteriza de Melilla, informó (AI).

Las devoluciones, expulsiones y cruces ilegales aumentaron gradualmente en número cada año hasta el verano de 2021, cuando el índice de cruces de migrantes en Ceuta y Melilla alcanzó un máximo histórico en plena disputa diplomática entre la monarquía marroquí y el gobierno español.

En represalia, las tropas de seguridad marroquíes aflojaron los controles fronterizos, permitiendo el paso de más de 8.000 migrantes desde Marruecos a las ciudades españolas, la mayoría de los cuales hicieron el viaje a nado. Al menos la mitad de ellos fueron "expulsados de inmediato" en operaciones de expulsión conforme a los acuerdos migratorios de España con Marruecos.

El aumento de las expulsiones en Ceuta y Melilla en la década de 2010 fue impulsado por las enmiendas a la Ley de Extranjería española en 2015, que concedió a los enclaves un "régimen especial", permitiendo a los guardias fronterizos expulsar a los no nacionales que intentan cruzar irregularmente los controles fronterizos en nombre de la "seguridad pública", dijo Soriano.

"La tramitación del asilo es deliberadamente opaca y secreta para complicar los casos judiciales. También significa que no hay datos oficiales sobre devoluciones a disposición del público", indicó a Euronews.

El problema se ha visto agravado por el hecho de que España y Marruecos no han levantado la prohibición de la era covid a pesar de las promesas de reabrir las fronteras terrestres con Ceuta y Melilla, dijo Elena Muñoz, coordinadora jurídica estatal de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

"[Las autoridades españolas] vienen arrastrando una situación pandémica que aún no se ha revertido. En cualquier caso, aunque se reabran estos pasos fronterizos, nunca han estado abiertos a los subsaharianos", declaró a Euronews.

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A pesar de las múltiples peticiones de reformas legislativas, los legisladores españoles no han abordado cuestiones migratorias acuciantes como las políticas de expulsión y el derecho a solicitar asilo.

En su lugar, España y Marruecos anunciaron en febrero de 2023 que "intensificarían" su cooperación en "la lucha contra la migración irregular" y el "control de fronteras".

Informes "defectuosos" e "insuficientes" de España y Marruecos

Ambos países se enfrentaron a una condena generalizada tras el "incidente de Melilla" de junio de 2022, en el que 470 migrantes fueron devueltos a Marruecos después de que unas 2.000 personas asaltaran las triples vallas fronterizas que separan el enclave español de Marruecos.

Las personas que intentaban cruzar a Melilla a través del puesto de control fronterizo se enfrentaron al uso "excesivo" de la fuerza "ilegal" por parte de policías y guardias fronterizos españoles y marroquíes que lanzaron gases lacrimógenos y dispararon balas de goma contra los solicitantes de asilo, lo que provocó al menos 32 muertes y 77 desapariciones, según expertos de la ONU.

España y Marruecos negaron vehementemente su responsabilidad e intercambiaron la culpa por las muertes y desapariciones de migrantes, argumentando que el incidente de Melilla se perpetró en suelo del otro país.

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Tras una intensa presión popular, mediática y diplomática, ambos países iniciaron investigaciones sobre la violencia policial y la manipulación de migrantes en la frontera entre Marruecos y Melilla.

Pero las investigaciones se quedaron cortas a la hora de hacer justicia y arrojar luz sobre los hechos, afirmaron observadores independientes.

Human Rights Watch (HRW) denunció a España y Marruecos por "exonerar" a sus fuerzas de seguridad tras unas investigaciones "defectuosas" e "insuficientes" sobre la violencia policial en la frontera del enclave de Melilla. En un mordaz comunicado, Amnistía Internacional acusó a los dos países de "encubrimiento" y de no investigar adecuadamente los hechos.

La tragedia ha marcado un "punto de inflexión" en los flujos migratorios a través del norte de África, afirmó Soriano, cuya ONG apenas ha visto entrar a nadie en el enclave desde el incidente de Melilla.

"En el último año, nadie ha solicitado asilo en Melilla. En Ceuta, sin embargo, ha habido intentos, pero normalmente seguidos de expulsiones", añadió.

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Un modelo para otros Estados de la UE

Para justificar su enfoque de la política migratoria, las autoridades españolas se han referido repetidamente a una polémica sentencia de 2020 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). La instancia del Consejo de Europa, con sede en Estrasburgo, dictaminó que España no infringía el convenio, ya que los dos solicitantes de asilo implicados en el caso "no habían hecho uso de los procedimientos oficiales de entrada existentes a tal efecto".

La decisión provocó acusaciones de que el Tribunal de Estrasburgo había "dado luz verde" a las devoluciones en las fronteras europeas y había convertido la "larga práctica" española de las expulsiones "en un modelo para otros Estados a lo largo de las fronteras exteriores de la UE".

Según la Coalición Flamenca para la Solidaridad Internacional, conocida como 11.11.11, el año pasado se realizaron más de 200.000 pushbacks ilegales en las fronteras exteriores de la UE.

Según Delphine Rodrik, asesora jurídica del Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR), la UE está pasando de la disuasión a la externalización de fronteras. Con la firma de acuerdos migratorios con Túnez, Marruecos, Libia, Argelia y Egipto, la Comisión Europea dirigida por Ursula von der Leyen está financiando a los países norteafricanos para que gestionen las expulsiones y los rechazos.

"A nivel más amplio, refleja perfectamente la política europea de cerrar fronteras, levantar muros y mantener a la gente fuera a toda costa", declaró Rodrik a Euronews.

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El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, cree que la Unión Europea puede alcanzar un pacto europeo sobre inmigración durante la presidencia rotatoria del bloque.

Dijo que "España tiene un especial interés en este asunto, al igual que otros países de primera entrada", y añadió que durante la presidencia semestral tratará de cerrar las diferencias entre los países europeos.

Las ONG que defienden los derechos de los inmigrantes son unánimes al afirmar que el próximo pacto migratorio empeorará la difícil situación de los solicitantes de asilo subsaharianos a las puertas de Europa.

"En conclusión, el objetivo [del pacto] es legalizar lo que ahora es ilegal, es decir, facilitar y legalizar aún más las devoluciones y expulsiones que ya se están llevando a cabo, pero que ahora se tienen que hacer en secreto, entre bambalinas y sin mucho ruido porque hay obligaciones a nivel europeo e internacional que no lo permiten", aseguró Soriano.

Un portavoz del Ministerio del Interior español se refirió a la página web de la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), que ofrece "información completa sobre su normativa, procedimientos y funcionamiento, siempre en cumplimiento de la legislación nacional e internacional en materia de protección internacional y con absoluto respeto a los derechos humanos".

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