La Comisión Europea no ha querido desvelar el resultado del análisis de la ley de amnistía española durante el debate de este miércoles en la Eurocámara.
PUBLICIDADEn el debate, convocado por el conservador Partido Popular Europeo (PPE), los leurodiputados de derechas acusaron a los aliados de Sánchez, socialista, de sacrificar el Estado de Derecho en aras del beneficio político. Por su parte, los eurodiputados socialistas defendieron el proyecto de ley de amnistía como un paso clave en la reconciliación de España con los independentistas catalanes.
A principios de este mes, el partido independentista catalán Junts per Catalunya (JxCat) -liderado por Carles Puigdemont, también eurodiputado- ofreció siete de sus votos en el Congreso de los Diputados para respaldar a un Gobierno liderado por Sánchez a cambio de una polémica amnistía para los políticos y activistas catalanes que participaron eventos relacionados con el Procés entre 2012 y 2023.
La ley ha desatado la indignación entre la oposición española, que acusa a Sánchez de complacer a los independentistas y burlarse del Estado de Derecho. En los últimos veinte días se han producido fuertes protestas en Madrid, la capital de España.
En declaraciones a Euronews antes del debate, el presidente del PPE, Manfred Weber, ha dicho que Sánchez había antepuesto su "egoísmo personal" a los intereses nacionales al firmar un texto "jurídicamente impensable". Weber ha afirmado que en España las personas "ya no son iguales ante la ley", y acusó a Sánchez de permitir que "la corrupción, la violencia y el terrorismo" queden impunes.
"Los socialistas y la izquierda han perdido toda credibilidad para defender el Estado de Derecho en Europa", ha añadido.
Por su parte, Iratxe García, presidenta de los Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, ha acusado a Weber de mentir al afirmar que los delitos de terrorismo quedarían absueltos en virtud de los planes, citando el artículo 2c del proyecto de ley de amnistía, que dice explícitamente que los actos de terrorismo quedarían excluidos de la aplicación de la ley.
Sin embargo, la ley podría exonerar un número no confirmado de delitos, entre ellos malversación, desobediencia y mala administración. "Señor Weber, mentir no está bien, y usted ha mentido", ha dicho ante los abucheos de los conservadores. "No hay mayor ataque al Estado de Derecho que su alianza con la extrema derecha".
"El principal problema del Partido Popular (PP) y de Vox", ha proseguido en referencia a las principales fuerzas políticas de la derecha española, "es que son incapaces de entender España. No pueden entender que la grandeza de España reside en su diversidad y pluralidad".
Fuentes del partido socialista español (PSOE) han dicho a Euronews que la derecha había "fracasado en su intento de que la Comisión Europea se opusiera a la propuesta de ley de amnistía".
También ha estado el miércoles en Estrasburgo el líder del partido ultraderechista español Vox, Santiago Abascal, que ha suscitado duras críticas en los últimos días por animar a los manifestantes a desobedecer las órdenes policiales durante las manifestaciones. "Esperamos que se pidan explicaciones al Congreso y que la Comisión actúe con la misma diligencia que en el caso de Polonia y Hungría", ha dicho a los periodistas.
Todos los ojos puestos en la Comisión
El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, cuyo equipo está examinando actualmente el proyecto de ley de amnistía para garantizar su conformidad con las normas del Estado de Derecho de la UE, también ha intervenido durante el debate, pero se ha abstenido de revelar detalles de la evaluación preliminar de su equipo.
Ha reiterado que la Comisión había recibido quejas "de un gran número de ciudadanos y partes interesadas" que expresaban su preocupación sobre si la ley y las "comisiones especiales del Parlamento" que prevé cumplen los valores fundamentales de la UE.
"Llevaremos a cabo nuestro análisis de forma cuidadosa, independiente y objetiva para determinar el cumplimiento de la legislación de la UE", ha afirmado Reynders.
Se espera que el recién nombrado ministro de Justicia de Sánchez, Félix Bolaños, se reúna con Reynders y la comisaria de Valores y Transparencia, Věra Jourová, en Bruselas la próxima semana para ofrecer aclaraciones sobre el proyecto de ley de amnistía. Reynder mandó una carta a los ministros españoles a principios de mes solicitando más información.
En virtud del artículo 7 de los Tratados de la UE, el bloque puede sancionar a los Estados miembros que incumplan el Estado de Derecho, y actualmente está reteniendo fondos tanto a Hungría como a Polonia por sus retrocesos democráticos.
El miércoles, el vicesecretario institucional del PP, Esteban González Pons, acusó a Sánchez de poner en peligro los fondos europeos, incluida la asignación a España de 163.000 millones de euros de los emblemáticos fondos de recuperación post-Covid del bloque.
Pero la Comisión se ha abstenido hasta ahora de revelar su evaluación de la ley propuesta, y no se ha planteado ninguna preocupación por la erosión del Estado de Derecho.
El lawfare a examen
Uno de los aspectos más controvertidos del acuerdo político alcanzado entre JxCat y los socialistas es la referencia al concepto de "lawfare", o uso estratégico de la ley como instrumento para atacar a los adversarios políticos.
PUBLICIDADEl líder de JxCat, Carles Puigdemont, quiere que España introduzca comisiones parlamentarias para investigar si sus tribunales han sido innecesariamente severos en las sentencias dictadas contra los separatistas para perseguir a figuras independentistas.
Expertos jurídicos han expresado su preocupación por que esto pueda socavar significativamente la independencia del poder judicial y la separación de poderes, consagradas en la Constitución española.
Sin embargo, aunque en el texto de la ley de amnistía no se hace referencia al "lawfare", Reynders ha dicho al Parlamento que su equipo también está investigando la propuesta de crear "comisiones parlamentarias".
También ha instado a España a aplicar las reformas judiciales urgentes recomendadas en el informe anual de la Comisión sobre el Estado de Derecho publicado en julio.