Acuerdo en la UE para proteger a periodistas de demandas infundadas

La ley quiere proteger a periodistas ante demandas infundadas.
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Por Lazslo Arato
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La noche del miércoles al jueves el Parlamento Europeo y el Consejo cerraron la negociación sobre el texto.

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Bofetón, o SLAPP en inglés, así se llamará la futura legislación europea para proteger a periodistas, empleados de organizaciones civiles y activistas de demandas infundadas muchas veces iniciadas por grandes empresas y políticos. Su peculiar nombre nace de las siglas en inglés de "demandas estratégicas contra la participación pública".

El reglamento propuesto por la Comisión Europea ya ha sido aprobado por los Estados miembros y el Parlamento Europeo.

"La democracia no puede funcionar sin medios de comunicación libres e independientes", ha asegurado el jueves a la prensa Anitta Hipper, portavoz de la Comisión.

"Por ello, la Comisión acoge con satisfacción el acuerdo político alcanzado por el Parlamento Europeo y el Consejo esta madrugada, a las 2.30 horas, sobre las nuevas normas de la UE que protegen a quienes son objeto de demandas estratégicas, contra las participaciones públicas", ha dicho Hipper.

La finalidad de tales demandas es disuadir a la persona o entidad demandada de revelar conexiones y casos de presunta corrupción en largos procedimientos. El año pasado se detectaron 160 casos de este tipo en la UE. 

Tiemo Wölken, eurodiputado socialista alemán encargado del expediente, se mostró satisfecho con el resultado. "Los casos transfronterizos están cubiertos por esta nueva ley, y ofrecemos un alto nivel de protección a los periodistas", ha explicado Wölken a Euronews en una entrevista.

"Pueden reclamar también daños y perjuicios, por ejemplo, y existe un procedimiento acelerado en casos manifiestamente infundados", ha detallado el alemán.

"Así, el procedimiento judicial puede detenerse muy rápidamente. Esto ahorrará mucho dinero, muchos recursos, y ayudará a los periodistas a defenderse de los casos SLAPP".

Una parte importante del acuerdo es que los Estados miembros no reconocerán las sentencias infundadas o abusivas dictadas fuera de la UE. La nueva ley debe entrar en vigor en los próximos dos años.

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