Bielorrusia es el último país de Europa que sigue aplicando la pena de muerte, ejecutando cada año a varias personas por fusilamiento.
PUBLICIDADEl Tribunal Regional de Minsk condenó a muerte el mes pasado a un ciudadano alemán, han informado este viernes activistas de derechos humanos. Rico Krieger, fue juzgado en mayo acusado de terrorismo, así como de "ser mercenario", "crear un grupo extremista", "dañar intencionadamente un vehículo" y "operaciones ilegales con armas de fuego, munición y explosivos".
La sentencia se habría dictado a finales de junio, según fuentes de la oposición. Por el momento no se conocen más detalles sobre el caso, ni siquiera si Krieger sigue vivo. Según el perfil de Krieger en la red de empleo Linkedin, trabajaba en la Cruz Roja Alemana desde 2021 como técnico de emergencias médicas.
También figuraba empleado en la embajada de Estados Unidos en Berlín como guardia de seguridad entre 2014 y 2017.
Continúa la asfixia de la disidencia y la oposición
Bielorrusia, antigua república soviética, es el último país de Europa que sigue aplicando la pena de muerte. Ejecuta a varias personas al año por fusilamiento. Otros mueren en el interior de los centros penitenciarios sin que el Gobierno lo comunique.
Muchos de los cargos en el caso de Krieger conllevan una pena de muerte por actos relacionados con el sabotaje por parte de un terrorista condenado, una ley introducida en mayo de 2022 como parte de la represión del presidente Alexander Lukashenko contra los manifestantes.
Lukashenko también ha sido objeto de sanciones de la Unión Europea y Estados Unidos por su apoyo tácito a la guerra de Rusia en Ucrania, pero también por su régimen autoritario y su violenta represión de la democracia.
Desde el amplio movimiento de protesta de 2020 contra la reelección fraudulenta de Lukashenko, que lleva en el poder desde 1994, muchos opositores han sido acusados y detenidos por la acusación de terrorismo.
Varias figuras de la oposición fueron condenadas a largas penas de prisión, y las ONG y losmedios de comunicación independientes fueron prohibidosy tachados de extremistas.
La oposición vista como "actividad extremista"
Se cree que el caso judicial de Krieger forma parte de una reciente escalada de persecución del régimen de Lukashenko. A principios de mes, el tribunal regional de Brest abrió diligencias contra Natallya Malets, de 63 años, acusada de "facilitar actividades extremistas" por haber enviado presuntamente fondos a presos políticos en 125 ocasiones. Se enfrenta a una pena de hasta seis años de prisión.
El 8 de julio, el tribunal regional de Grodno, en el oeste bielorrusa inició el juicio en rebeldía del periodista Aliaksandr Ales Kirkevich por el mismo cargo. No está claro qué hizo Kirkevich, escritor e historiador local, para que se le acusara de este delito. Los cargos presentados contra él en marzo también acusan del mismo delito a otra periodista independiente, Iryna Charniauka.