El gabinete cuatripartito de los Países Bajos se ha comprometido a establecer "el régimen de asilo más estricto jamás conocido" para frenar la inmigración irregular.
PUBLICIDADEl Gobierno neerlandés del primer ministro Dick Schoof ha confirmado su intención de solicitar "lo antes posible" una cláusula de exclusión voluntaria de las normas de migración y asilo de la Unión Europea, una medida sin precedentes por parte de un Estado miembro fundador.
El plan, anunciado en julio tras la toma de posesión de Schoof, se considera descabellado y simbólico, con escasas posibilidades de éxito, ya que exigiría modificar una legislación muy delicada y podría abrir la puerta a demandas similares.
Es poco probable que otras capitales estén dispuestas a satisfacer el deseo de La Haya: excluir a los Países Bajos del sistema migratorio del bloque provocaría inevitablemente una oleada de solicitantes de asilo hacia los países vecinos, creando un escenario de crisis.
Sin embargo, la petición representa un nuevo intento descarado de un país de la UE de desafiar las leyes establecidas en una búsqueda desesperada por frenar la inmigraciónirregular. Llega tras la decisión de Alemania de restablecer los controles fronterizos en sus nueve fronteras terrestres, lo que pone en duda el funcionamiento del espacio Schengen, libre de pasaportes.
"El Gobierno anunciará en Bruselas lo antes posible que los Países Bajos desean la exclusión voluntaria de la normativa europea sobre asilo y migración", reza el programa gubernamental presentado el viernes por la tarde.
Así aplicarán el 'Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo'
"Mientras" no se conceda esta cláusula de exclusión voluntaria, añade el programa, el país se centrará en aplicar el 'Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo', la reforma global que la UE completó en mayo tras casi cuatro años de reñidas negociaciones.
La principal novedad del Pacto es un sistema de "solidaridad obligatoria" que dará a los países tres opciones para gestionar a los solicitantes de asilo: reubicar a un número determinado de ellos, pagar 20.000 euros por cada uno que rechacen o financiar el apoyo operativo. Los Países Bajos elegirán el apoyo financiero en lugar de la acogida, según confirma el programa.
Anticipándose al anuncio neerlandés, la Comisión Europea dejó claro que todos los Estados miembros están obligados a cumplir las normas vigentes y que cualquier excepción a su cumplimiento debe negociarse antes -no después- de su aprobación.
"Hemos adoptado la legislación. En la UE no se opta por no cumplir la legislación adoptada", dijo un portavoz a primera hora del viernes. "Es un principio general".
En mayo, los Países Bajos votaron a favor de todas las leyes que componen el Nuevo Pacto. La revisión tardará dos años en entrar en vigor. Los Estados miembros tienen que presentar planes de aplicación antes de finales de año, detallando las medidas administrativas, operativas y jurídicas que pretenden adoptar para hacer realidad las leyes.
El régimen más estricto de la historia
El programa presentado el viernes fue acordado por los cuatro partidos que forman la coalición gobernante en los Países Bajos: el PVV, nacionalista de extrema derecha; el VVD, conservador-liberal; el BBB, populista y favorable a los agricultores; y el NSC, advenedizo y de centro-derecha. Schoof, tecnócrata, no pertenece a ninguno de ellos y fue elegido sorprendentemente como figura de consenso para capitanear la nueva era política.
La propuesta de exclusión voluntaria se incluye en un capítulo más amplio dedicado a la inmigración, que incluye un amplio conjunto de medidas destinadas a crear el "régimen de asilo más estricto de la historia", una de las promesas clave en las que se basa el gabinete.
El Gobierno sostiene que Holanda ya no puede hacer frente a la "gran afluencia" de solicitantes de asilo que piden protección internacional, muchos de los cuales entran en la UE a través de otro Estado miembro y luego recorren las fronteras hasta llegar a territorio holandés.
Unos 48.500 solicitantes de asilo y familiares entraron en el país en 2023. Sirios, turcos, yemeníes, somalíes y eritreos fueron algunas de las nacionalidades más comunes.
Según el programa, el Gobierno introducirá legislación de emergencia con amplios poderes para congelar las solicitudes de asilo y deportar a las personas sin permiso de residencia, "incluso por la fuerza". Se pedirá a los solicitantes de asilo que regresen a su país de origen en cuanto se considere "seguro", un concepto cuestionado por las ONG.
PUBLICIDADPaíses Bajos también planea trabajar con "países afines y vecinos" para gestionar una afluencia repentina de inmigrantes irregulares y construir un "mini espacio Schengen" para intensificar la vigilancia de seguridad.