Las autoridades locales de Galați cifran en unos 150 millones de euros el coste total de las reparaciones en el condado y afirman que la región podría tener que hacer frente a un precio similar cada vez que se produzcan inundaciones.
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Las autoridades del este de Rumanía han elaborado planes a medio y largo plazo para impedir que las inundaciones sigan causando estragos, después de que el mes pasado las riadas en el condado de Galați se saldaran con siete muertos y unas 7.000 viviendas dañadas por el agua.
La devastación fue tan importante que cientos de personas siguen trabajando en las comunidades afectadas intentando limpiar el barro y los residuos y ayudando a la gente a reconstruir sus casas para que puedan volver a vivir en ellas antes del invierno.
"Tenemos que pensar en tres cosas muy importantes. Una, la reubicación de las casas que están en el cauce del río. Una segunda cosa es reparar lo que las aguas han dañado, porque sólo hay más de 130 km de cauces que están taponados", explicó el presidente del Consejo del Condado de Galați, Costel Fotea.
"Tenemos que reparar las presas que se han roto, tenemos que construir presas para retener el agua y poder liberarla en un sistema regularizado".
Las autoridades locales cifran el coste total de las reparaciones en el condado en unos 150 millones de euros y afirman que la región podría tener que hacer frente a un precio similar cada vez que se produzcan lluvias torrenciales.
Muchos habitantes de la región ya están nerviosos, pues los meteorólogos rumanos ya han dicho que es probable que se produzcan diluvios similares en el futuro. Y algunos habitantes están hartos.
Quieren medidas firmes y soluciones claras por parte de las autoridades. Para algunos habitantes de Galați, no es la primera vez que tienen que reconstruir sus casas tras las inundaciones de la región.
Los daños en el condado de Galați fueron generalizados. Además de las miles de viviendas, hay que reconstruir carreteras y vastas extensiones de tierras agrícolas siguen anegadas. Las autoridades locales afirman que al menos el 80% de los residentes del condado oriental se han visto obligados a desplazarse.