El Gobierno británico ha sido criticado por introducir nuevas directrices que previenen que los refugiados que entraron de manera irregular en el país puedan adquirir la ciudadanía británica.
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Usuarios de las redes sociales han afirmado que la reciente decisión del Reino Unido de dificultar a los refugiados la obtención de la ciudadanía británica va en contra de la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, conocida como la Convención de Ginebra.
El Gobierno ha publicado nuevas directrices que establecen que a cualquier persona que entre de manera irregular en el Reino Unido tras haber realizado un viaje peligroso, por ejemplo en una pequeña embarcación o escondida en un vehículo, se le denegará la ciudadanía, independientemente del tiempo que hayan vivido en el país.
Según el Ministerio del Interior, el endurecimiento de las medidas mostrará a quien entre irregularmente en el Reino Unido que se enfrentará a la denegación de una eventual solicitud de ciudadanía. Por lo general, los extranjeros que residen en el Reino Unido deben haber pasado allí cinco años ininterrumpidos antes de poder solicitar el permiso de residencia indefinido y, posteriormente, solicitar la nacionalidad.
Las directrices anteriores establecían que cualquier entrada irregular hace más de diez años no sería motivo de denegación, pero esto ha cambiado, lo que ha suscitado numerosas críticas en internet. Algunos usuarios de las redes sociales y organizaciones de refugiados han calificado la medida de "atroz" y han instado al Gobierno a reconsiderarla.
Otros han calificado la nueva normativa de clara violación de la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados por la forma en que penaliza a los refugiados. El artículo 31 de la Convención establece que los Estados firmantes no deben imponer sanciones a los refugiados por su entrada o presencia irregular en el país, "siempre que se presenten sin demora a las autoridades y justifiquen debidamente su entrada o presencia irregular".
El Gobierno británico ha rechazado la afirmación de que las normas incumplen la convención, y David Hanson, ministro de Estado de Interior, ha argumentado que las personas pueden seguir solicitando la ciudadanía, independientemente de cómo hayan entrado en el Reino Unido.
"El Gobierno no va a retirarse de la Convención", declaró al Parlamento el 12 de febrero. "El Gobierno apoya la Convención... Nada en las propuestas de hoy impide que cualquier persona solicite la ciudadanía británica, independientemente de cómo haya llegado al Reino Unido". Hanson añadió, sin embargo, que la nueva presunción es que las solicitudes de quienes llegaron irregularmente serán rechazadas, a menos que puedan aportar alguna circunstancia atenuante excepcional.
Las nuevas directrices socavan el derecho internacional y posiblemente el europeo, según expertos
"Creo (...) que eso cumple nuestras obligaciones internacionales y, al mismo tiempo, examina lo que es una ruta irregular hacia el Reino Unido", dijo Hanson. Sin embargo, expertos consultados por 'Euronews' señalaron que las nuevas normas no se ajustan a la convención.
"Al imponer una sanción (imposibilitar que determinados refugiados obtengan la ciudadanía, lo que constituye una dificultad específica) a personas por su entrada o presencia irregular, las nuevas normas del Reino Unido son incompatibles con el artículo 31 de la Convención sobre los Refugiados", afirmó la profesora Carla Ferstman, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Essex.
Ferstman añadió que las normas también van en contra del espíritu de la Convención porque impiden que determinados refugiados accedan a la solución duradera de la plena integración local. "También es contraproducente porque mantiene la separación entre los refugiados asentados y el resto de la sociedad, impidiendo su capacidad para prosperar y contribuir plena y eficazmente a la sociedad británica", dijo Ferstman.
Es posible que la creación de barreras a la ciudadanía relacionadas con factores ajenos al control de una persona infrinja los artículos 13 y 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos: el derecho a la tutela judicial efectiva ante las autoridades nacionales y la prohibición de discriminación, respectivamente.
Según las nuevas normas, no parece que exista una vía para que los refugiados obtengan finalmente la ciudadanía, indicó Ferstman, quien añadió que estas disposiciones serán probablemente puestas a prueba por los tribunales y revisadas en consecuencia para que cumplan las obligaciones del Reino Unido.
El Gobierno laborista endurece su tono con los refugiados entre el auge de la formación ultraderechista de Farage
La modificación de la normativa, conocida como "requisito de honorabilidad" para las solicitudes de nacionalidad, se produce en un momento en que el Gobierno laborista del primer ministro Keir Starmer se enfrenta a la creciente popularidad del partido antiinmigración de extrema derecha Reform UK, dirigido por Nigel Farage.
"Esta nueva orientación no sirve para nada más que para alimentar una retórica antiinmigración y xenófoba que pretende pintar a las personas que buscan refugio en el Reino Unido como delincuentes", afirmó Ferstman. "Esto divide a la sociedad, es inútil y no es una dirección positiva para el Partido Laborista".