La coalición gubernamental conformada por conservadores, socialdemócratas y liberales ha anunciado este miércoles la medida, justificándola por la "alta presión" de los servicios sociales del país.
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El nuevo Gobierno austríaco ha acordado este miércoles suspender temporalmente los procedimientos de reagrupación familiar para los solicitantes de asilo en Austria. Se trata de una medida que, según sus críticos, vulnera la legislación europea común en esta materia.
La ley, anunciada por el Ejecutivo conformado por democristianos, socialdemócratas y los liberales de Neos, deberá ser aprobada por el Parlamento austríaco. El tripartito cuenta con los apoyos suficientes en la Cámara, con una mayoría absoluta de 110 diputados en un hemiciclo con 183 asientos, frente a la oposición de ultraderecha (57) y los Verdes (16).
El canciller Christian Stocker, del partido centroderechista ÖVP, ha justificado la propuesta ante la presión, asegura, a la que están sometidos los servicios sociales austriacos. "Las capacidades de Austria son limitadas y por eso hemos decidido evitar una mayor sobrecarga", ha expresado Stocker, asegurando que la medida es temporal.
La nueva ley, a grandes rasgos, implica que los refugiados bajo estatus de protección (es decir, que no pueden ser deportados) ya no podrán traer a Austria a sus familiares que aún vivan en su país de origen. Según cifras oficiales, el año pasado llegaron a Austria 7.762 personas bajo los procedimientos de reagrupación familiar. En 2023, la cifra fue algo mayor, 9.254. La mayoría de los recién llegados eran menores.
El ministro del Interior, el conservador Gerhard Karner, ha dicho que en febrero solo se recibieron 60 solicitudes de reagrupación familiar, probablemente porque la mayoría de las solicitudes provenientes de Siria dejaron de tramitarse tras la caída del exdictador Bashar al-Assad, que según las últimas informaciones seguiría exiliado en Rusia.
La mayoría de los solicitantes de asilo recientes procedían de Siria y Afganistán, según ha informado el Ejecutivo en un comunicado. Los críticos con la medida afirman que el plan vulnera la legislación europea común en materia de asilo y el Convenio Europeo de Derechos Humanos. La medida, defienden, implicaría invocar la cláusula de emergencia de la Unión Europea para que esta nueva legislación nacional pudiese prevalecer sobre la comunitaria. Esta cláusula solo puede aplicarse en caso de amenaza para el orden público y la seguridad interior.
El Gobierno austriaco asegura que ya ha informado a la UE sobre la medida prevista. La semana pasada, Karner argumentó en una carta a la Comisión de la UE que la propuesta era necesaria ya que los sectores de la vivienda, la sanidad y la educación estaban sobrecargados en Austria.