El controvertido sistema que permite a los extranjeros comprar la ciudadanía de la UE suscitó inquietudes en materia de seguridad.
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El polémico pasaporte dorado de Malta, que permitía a los extranjeros adquirir la ciudadanía de la UE a cambio de una inversión superior a 690.000 euros, ha sido declarado ilegal por el Tribunal de Justicia de la UE.
La Comisión emprendió hace años acciones legales alegando que el pasaporte dorado incumplía el deber de Malta de cooperar sinceramente. Ofrecía a los ciudadanos la posibilidad de obtener la nacionalidad maltesa y, por tanto, el derecho a trabajar en toda la UE, aunque no tuvieran lazos familiares ni domicilio en el país.
El Tribunal de Justicia de la UE dio la razón a la Comisión al considerar que tal régimen "equivale a la comercialización de la concesión del estatuto de nacional de un Estado miembro y, por extensión, de la ciudadanía de la Unión, lo que es incompatible con la concepción de ese estatuto fundamental que se desprende de los Tratados de la UE".
Según el tribunal, el régimen maltés se basaba en pagos o inversiones, añadiendo que "no puede considerarse que la República de Malta considerara que la residencia efectiva en dicho territorio constituía un criterio esencial para la concesión de la nacionalidad de dicho Estado miembro en virtud de dicho régimen".
Malta incumplió las obligaciones
El Tribunal declaró que, al establecer y aplicar su régimen de pasaporte dorado, Malta incumplió las obligaciones que le incumben en virtud de los Tratados de la UE y condenó a Malta a pagar los costes del caso. La decisión va en contra de un informe no vinculante del Abogado General Anthony Collins del pasado mes de octubre, que desechaba la preocupación de la Comisión Europea de que el régimen socavara la integridad de la UE.
"Los Estados miembros han decidido que corresponde exclusivamente a cada uno de ellos determinar quién tiene derecho a ser uno de sus nacionales y, en consecuencia, quién es ciudadano de la UE", había sugerido el dictamen de Collins. Los jueces del Tribunal de Justicia no están obligados a seguir las opiniones del Abogado General, aunque en la mayoría de los casos lo hacen.
El de Malta era el último régimen de pasaporte dorado que quedaba en el bloque, después de que Chipre suprimiera su procedimiento en 2020 y Bulgaria en 2022. Otros países ofrecen "visados de oro", un sistema más limitado que ofrece permisos de residencia a quienes estén dispuestos a pagar, aunque también están en el punto de mira.
Portugal redujo su sistema de visados de oro en 2023, eliminando una condición de inversión inmobiliaria en un intento de reducir la especulación inmobiliaria. Países Bajos siguió su ejemplo, poniendo fin a su régimen de visados de oro en enero de 2024, y España también ha prometido abolir los visados de oro para quienes inviertan en el sector inmobiliario.
Estos regímenes han suscitado importantes preocupaciones en materia de seguridad y blanqueo de dinero, sobre todo desde la invasión de Ucrania en 2022, ya que la adquisición de un pasaporte o tarjeta de residencia de la UE puede permitir a los rusos ricos eludir las sanciones.
En 2022, los eurodiputados pidieron normas más estrictas para los visados dorados y la prohibición de la ciudadanía por inversión, afirmando que era "objetable desde un punto de vista ético, legal y económico".