La campaña de las elecciones legislativas arrancó oficialmente este domingo, con la inmigración como arma arrojadiza. La oposición acusa a Montenegro de "electoralismo".
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En el único debate televisado entre los ocho líderes de los partidos con representación parlamentaria, la inmigración fue un tema candente después de que el Gobierno anunciara planes para expulsar del país a unos 18.000 inmigrantes ilegales. El líder de AD fue criticado de izquierda a derecha, con los partidos acusándole de "electoralismo" y "propaganda" en una disputa sobre los votantes de Chega.
En su contraataque, Luís Montenegro culpó a los gobiernos del PS y de António Costa de la situación a la que ha llegado el país. Según el líder socialdemócrata, fue el PS el que dejó el país en un estado de "confusión", con 400.000 casos de inmigrantes aún por regularizar, y con las puertas abiertas de par en par, sin saber a ciencia cierta quién entraba y quién se quedaba en el país.
"Lo que está ocurriendo hoy es el proceso de regularización y normalización de inmigrantes", aclaró, acusando al líder del PS, Pedro Nuno Santos, de zigzaguear en este asunto, después de haber admitido que el Gobierno del PS de Costa no lo hizo todo bien y que la manifestación de interés dejó de ser un mecanismo útil en estos momentos.
Unos 18.000 inmigrantes ilegales serán deportados
El Gobierno confirmó el pasado sábado que la Agencia de Integración, Migración y Asilo (AIMA) ya ha notificado a 4.574 personas que deben abandonar el país. Alrededor de 3.800 fueron rechazadas por encontrarse en situación ilegal en otro Estado miembro de la Unión Europea.
Según el ministro de la Presidencia, António Leitão Amaro, se trata de un "primer grupo" de inmigrantes que ya han visto rechazadas sus solicitudes de permanencia en el país, grupo que formará parte de una lista de 18.000 personas "con rechazos ya decididos". El resto debería ser notificado muy pronto.
"Llegaremos a 18.000 en las próximas semanas", advirtió Leitão Amaro. Según el ministro, estas personas que ya han sido notificadas disponen ahora de 20 días para abandonar voluntariamente el país. "El plazo para abandonar el país es de 20 días", subrayó. Si no lo hacen, se procederá a su deportación.
Para el Gobierno de Luís Montenegro, esto demuestra que "la política se ha convertido en una política de inmigración regulada". "Estamos hablando esencialmente de casos de personas que, o bien ya tenían órdenes de abandonar Europa emitidas por otros países europeos, o tenían prohibiciones de entrada, o se identificaron situaciones delictivas en sus antecedentes, que hacen inviable, según la legislación portuguesa, que estén allí y que se les conceda permiso de residencia y, por lo tanto, hay que notificarles que se vayan", explicó Leitão Amaro.
De estos 18.000 rechazos de manifestaciones de interés que están generando las notificaciones para abandonar el territorio nacional, el 75% (13.393) son inmigrantes procedentes del subcontinente indio (principalmente India y Bangladesh, y el resto de Pakistán, Nepal y Sri Lanka).
Menos del 2,5% (449) proceden de los países africanos de habla portuguesa (Palop), en los que apenas figuran Mozambique y Cabo Verde. El 7% (1.209) procede de otros países africanos (no lusófonos, sobre todo del Magreb). El resto procede de América Latina y Asia.
En 2024, el número de ciudadanos extranjeros en Portugal rondaba los 1,6 millones, según revela el informe provisional de AIMA. Desde 2016, el número de notificaciones ha ido disminuyendo año tras año (con la excepción de 2019), a pesar de que el número de extranjeros ha aumentado considerablemente.
Con la creación del régimen de Expresión de Interés en 2017 y luego, en 2019, con el cambio de este régimen, que ahora proporciona una vía de regularización para los extranjeros que residen ilegalmente en Portugal, el número de extranjeros que residen en Portugal ha crecido exponencialmente de poco más de 400.000 a casi 1,6 millones en la actualidad.
Sin embargo, las notificaciones de retorno han ido cayendo: de 2019 a 2024 se redujeron a la décima parte; cuando el número de extranjeros casi se triplicó. En 2024 solo hubo 447 notificaciones.
Más de 170.000 inmigrantes en riesgo de expulsión por impago de tasas
Las cifras no se quedan ahí, ya que se están tramitando alrededor de 110.000 expedientes. Además, más de 171.000 inmigrantes que han manifestado su intención de residir legalmente en Portugal han visto interrumpido su proceso de regularización por no pagar las tasas obligatorias exigidas por la Agencia de Integración, Migración y Asilo (AIMA).
La información, publicada por el 'Jornal de Notícias' ('JN'), revela que estos ciudadanos extranjeros, que representan el 43% de los 440.000 solicitantes pendientes de legalización, corren ahora el riesgo de ser expulsados del país si son localizados por las autoridades.
Los más de 171.000 inmigrantes cuyos expedientes se cerraron automáticamente por impago de la tasa de tramitación necesaria se enfrentan ahora a una situación de irregularidad sin posibilidad de legalización, al menos en el caso de que se haya iniciado.
La tasa en cuestión varía según la nacionalidad del solicitante. Para los ciudadanos de Brasil y de los países africanos de habla portuguesa (Palop), el importe no supera los 57 euros. Para los solicitantes de otros países, la tasa puede llegar a 397 euros.
Según el 'JN', entre los miles de personas que no han pagado la tasa habrá inmigrantes en situación de vulnerabilidad económica, pero también muchos que no han recibido ninguna notificación al respecto porque ya no viven en la dirección indicada en el expediente, o que entretanto han abandonado Portugal para establecerse en otros países europeos.