El referéndum de los días 8 y 9 de junio pide reducir de 10 a 5 el número de años de residencia ininterrumpida para ser considerado italiano. Cambiar la ley facilitaría la vida de al menos 1,5 millones de personas, pero hace falta alcanzar un quórum del 50% en el referéndum difícil de obtener.
Varias personalidades públicas se han congregado esta semana en Roma para promover el 'sí' en el próximo referéndum sobre la ciudadanía, donde se pide la derogación de parte de la Ley 91 de 1992. La votación se realizará entre el 8 y el 9 de junio.
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La derogación, propuesta por el secretario de Más Europa, Riccardo Magi (formación de centroizquierda proeuropea y testimonial en la política italiana), reduciría de diez a cinco años el requisito temporal para adquirir la ciudadanía italiana. Los demás requisitos -ingresos mínimos, regularidad en la residencia, ausencia de antecedentes penales, conocimiento de la lengua italiana- permanecerían inalterados.
Se trata de un cambio que por sí solo no bastaría para reformar -como reclaman desde hace al menos diez años diversas fuerzas políticas y asociaciones- una ley hoy anacrónica y cuyo cambio podría modificar el futuro de aproximadamente un millón y medio de personas. La reducción equipararía la normativa de Italia a la de la mayoría de los países europeos, entre ellos Alemania, Francia, Portugal, Países Bajos y Reino Unido.
Las distorsiones causadas por la 'Ley 91' de 1992
La ley actual se basa en el 'ius sanguinis' y establece que la ciudadanía se adquiere por descendencia o filiación, mientras que el principio de naturalización se aplica a todos los demás. Este se concibió para garantizar que los descendientes de los numerosos emigrantes italianos en el extranjero no perdieran sus derechos de ciudadanía.
En los últimos treinta años, el fenómeno migratorio ha dado un vuelco. En Italia viven millones de extranjeros que, a pesar de estar perfectamente integrados, no tienen la ciudadanía italiana debido a un proceso burocrático complejo, costoso y muy largo que a menudo fracasa.
La mayor distorsión causada por la ley actual afecta a los menores: tanto los nacidos en Italia de padres extranjeros como los que llegaron al país siendo niños pueden solicitar la nacionalidad en el plazo de un año tras cumplir los 18 si han residido en Italia de forma continua y legal.
Según las últimas estimaciones, hay casi un millón de hijos de ciudadanos extranjeros residentes en Italia en edad escolar. De ellos, siete de cada diez han nacido en Italia. A ellos se añade un grupo difícilmente cuantificable de adultos nacidos en Italia pero contabilizados como extranjeros y, por tanto, penalizados en muchos aspectos de la vida cotidiana, desde votar hasta participar en un concurso público. El referéndum también ayudaría indirectamente a algunos de los que aún son menores: si viven con sus nuevos padres italianos, adquirirían automáticamente la ciudadanía.
Las historias de los italianos sin ciudadanía
En el acto de la comisión promotora del referéndum se escucharon las historias de decenas de personas que han luchado para ser considerados italianos. "Nací de padres africanos, que vinieron aquí en los años noventa. Sin embargo, ni siquiera obtuve la ciudadanía a los dieciocho años", explica a 'Euronews' Maurizio Bousso, actor famoso por protagonizar la película 'Tolo Tolo', de Checco Zalone.
Entre los 18 y los 19 años, por haber nacido en Italia de padres extranjeros, tienes un año para solicitarlo. Pero de ahí a conseguirlo hay un largo trecho. Muy a menudo hay escollos debido también a la falta de documentos del país de origen, difíciles de obtener o recuperar. "Finalmente obtuve la nacionalidad a los 20 años, pero también me considero afortunada, porque tengo muchos amigos que siguen esperando", explica Usiku, cantautora. Esta se siente privilegiada porque su madre le transmitió la nacionalidad italiana. Su padre, a pesar de llevar décadas en Italia, aún no ha conseguido obtener el mismo estatuto.
Amin Abu Islaih, estratega digital, también dice que tuvo suerte porque su padre, palestino, obtuvo la ciudadanía italiana antes de que él naciera. "Me concedió privilegios que muchas otras personas no tienen. Como tener el carné de conducir enseguida, tener documentos de identidad, un pasaporte, tener la ciudadanía y poder votar cuando cumplí 18 años. Mi historia es similar a la de tantas otras personas con las que trabajo, de las que soy amigo, a las que conozco, que actualmente no tienen este privilegio. Y no he hecho nada para merecerlo", afirma.
Pero también hay quienes llegaron a Italia de niños y querrían ser considerados italianos. Como Remon Karam, que huyó de la persecución religiosa en Egipto a los 14 años, dejando atrás a toda su familia, y llegó a Italia cruzando el Mediterráneo. "Ahora tengo 26 años y no tener la ciudadanía también me impide volver a mi casa sin arriesgar el pellejo. Ni siquiera me permite realizar mis sueños. Soñaba con ser embajador o en todo caso trabajar en la diplomacia, pero no puedo hacerlo porque para participar en oposiciones me falta el requisito que quizá damos más por sentado, la ciudadanía", dice Karem. Una ciudadanía, dice, que en realidad siente suya. "Me siento ciudadano italiano hasta la médula".
Para ser considerado válido, el referéndum debe alcanzar un 'quórum' del 50% más uno de los votantes. Por eso la campaña del referéndum intenta hacerse oír lo más posible y convencer a quienes normalmente se abstienen de que acudan a las urnas.
Por el contrario, las fuerzas políticas y sociales que se oponen al referéndum y votarían "no" -principalmente los partidos del Gobierno ultraconservador de Hermanos de Italia, La Liga y Forza Italia- han hecho un llamamiento a los votantes para que no acudan a las urnas y más bien "se vayan a la playa", a fin de evitar cualquier riesgo de que se alcance el 'quórum'.
Los llamamientos al abstencionismo generaron bastante polémica al proceder de algunos de los más altos cargos del Estado. El presidente del Senado, Ignazio La Russa (Hermanos de Italia) aseguró que haría "propaganda" para que la gente se quedara en casa. La primera ministra, Giorgia Meloni, declaró que acudiría físicamente a las urnas pero no recogería las papeletas, opción que equivale precisamente a la abstención. Los últimos sondeos no son muy optimistas y prevén una participación de entre el 35% y el 40%, insuficiente para revertir la ley.