Paluckas niega haber cometido delito alguno y afirma que las acusaciones forman parte de un ataque de sus adversarios políticos.
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El primer ministro lituano, Gintautas Paluckas, dimitió el jueves tras las investigaciones sobre sus negocios, que provocaron protestas en el país báltico pidiendo su renuncia. El presidente Gitanas Nausėda anunció la dimisión de Paluckas a los medios de comunicación el jueves por la mañana. Un portavoz del primer ministro no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.
Paluckas, líder de los socialdemócratas de centro-izquierda, accedió al cargo a finales del año pasado tras la formación de una coalición tripartita tras las elecciones parlamentarias de octubre. Ahora se espera que también dimita todo su gabinete, lo que podría dejar al país sin un gobierno efectivo semanas antes de que Rusia celebre maniobras militares conjuntas con la vecina Bielorrusia.
Es poco probable que la política exterior lituana cambie como consecuencia de la remodelación del Gobierno. Nausėda, que fue elegido por separado, es la cara del país en la escena mundial y ha sido uno de los partidarios más incondicionales de Ucrania en su lucha contra la invasión a gran escala de Rusia.
Recientemente, Paluckas se ha visto acosado por investigaciones periodísticas sobre sus negocios y negocios financieros. En julio, varios medios de comunicación publicaron investigaciones sobre sus negocios pasados y presentes y sus presuntos manejos indebidos, incluidos los de hace más de una década. Posteriormente, los organismos anticorrupción y policiales de Lituania iniciaron sus propias investigaciones.
En un golpe devastador para su reputación, los medios de comunicación también revelaron que Paluckas nunca pagó una parte significativa de una multa de 16.500 euros en relación con un caso penal de 2012 apodado el "escándalo del veneno para ratas".
Paluckas fue declarado culpable de mala gestión del proceso de licitación de los servicios de desratización de Vilna mientras ocupaba el cargo de director de la administración municipal de la capital. Los jueces del máximo tribunal del país dictaminaron en 2012 que abusó de su cargo oficial al conceder ilegalmente privilegios a la empresa que ofreció el precio más alto en la licitación.
También fue condenado a dos años de prisión, pero la pena se suspendió durante un año y finalmente no llegó a pasar tiempo entre rejas. El líder del partido socialdemócrata negó cualquier irregularidad en sus negocios y calificó las críticas de "ataque coordinado" de sus adversarios políticos.
Dimitió antes de que la oposición pudiera iniciar formalmente el procedimiento de destitución. Se espera que en breve se inicien nuevas conversaciones de coalición para formar un nuevo gabinete.