Francia está inmersa en un debate político sobre una controvertida propuesta para crear un derecho legal a la muerte médicamente asistida. Una de las principales preocupaciones son los criterios de elegibilidad, lo que ha provocado una serie de reclamaciones sobre hasta dónde podría llegar la ley.
Tras su reelección como presidente en 2022, Emmanuel Macron se comprometió a introducir una nueva legislación sobre la muerte asistida. Desde entonces, la propuesta de ley ha sido objeto de críticas constantes, en gran parte centradas en las condiciones en las que los pacientes podrían acogerse a ella.
Los opositores argumentan que los criterios son demasiado amplios o no están suficientemente definidos, lo que hace temer consecuencias imprevistas, como que la ley penalice a los profesionales sanitarios que intenten disuadir a los pacientes de solicitar la muerte asistida.
Parte del debate ha tenido lugar en la plataforma X, donde se han intensificado las discusiones entre la sociedad civil y figuras políticas. Junto a preocupaciones legítimas, también han circulado afirmaciones engañosas. En el centro de la polémica está la afirmación de algunos usuarios de que el proyecto de ley permitiría a las personas que sufren depresión acceder a la eutanasia.
¿De dónde viene la afirmación?
La preocupación se debe en gran parte al artículo 4 del proyecto de ley, que establece las condiciones de acceso a la muerte asistida. El 4 de febrero, los diputados de la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Nacional aprobaron una versión revisada del proyecto de ley, después de que el Senado lo rechazara a finales de enero.
Su marco general sigue siendo muy similar a la versión adoptada por la Asamblea Nacional en mayo de 2025, con un pequeño número de cambios, entre ellos una modificación de la redacción de los criterios de elegibilidad.
Según el texto revisado, una persona puede optar a la muerte asistida si experimenta un "sufrimiento físico o psicológico constante" vinculado a una enfermedad "resistente al tratamiento o considerada insoportable por la persona afectada", cuando decida dejar de recibir tratamiento.
A diferencia de la versión inicial del proyecto de ley, el texto revisado ya no incluye la frase explícita que afirmaba que "el sufrimiento psicológico por sí solo nunca podría justificar el acceso a la ayuda para morir". Su supresión suscitó una gran preocupación, ya que significaba que las personas podrían optar a la muerte médicamente asistida aunque solo padecieran problemas de salud mental.
¿Incluye esto la depresión?
Sin embargo, los expertos afirman que, incluso en su forma actual, el proyecto de ley es claro: el sufrimiento psicológico sólo puede considerarse un factor junto a una enfermedad grave e incurable, según Claire Fourcade, médica especialista en cuidados paliativos afincada en Narbona, en el sur de Francia.
"La depresión es obviamente una forma de sufrimiento psicológico", dice Fourcarde, expresidenta de la Sociedad Francesa de Cuidados Paliativos y Apoyo. "Pero la ley es clara: debe haber una enfermedad grave e incurable".
Según explica a The Cube, el equipo de verificación de hechos de 'Euronews', este tipo de enfermedades no implican necesariamente que el paciente se encuentre al final de su vida. "La diabetes, por ejemplo, es una enfermedad grave e incurable y a menudo va acompañada de angustia psicológica", dijo.
Los diputados franceses también insisten en que el proyecto de ley no abrirá la puerta a la muerte asistida sin estrictas salvaguardias y supervisión médica. Uno de ellos es Olivier Falorni, ponente del proyecto y uno de sus principales defensores. "Quiero decirlo muy claramente: el texto no abre el acceso a la muerte asistida a nadie que presente sufrimiento psicológico", declamó durante una sesión de la comisión."No lo repetiré cinco, diez o quince veces. No sé cómo decirlo si no es leyendo lo que dice realmente el texto. Evitemos sembrar confusión donde no la hay".
Las preocupaciones pendientes
No obstante, los expertos afirman que aún persisten algunas preocupaciones más legítimas sobre la posible ley. Fourcade dice que, por ejemplo, no refleja plenamente la complejidad de las situaciones médicas de la vida real, y pone el ejemplo de un paciente al que se le diagnostica por primera vez un cáncer en una fase muy avanzada.
"Para ese paciente, el diagnóstico es un shock", dice a 'The Cube'. "Les coloca en una situación de grave angustia psicológica. Tienen a la vez una enfermedad grave y sufrimiento psicológico, lo que podría hacerles elegibles para la muerte asistida, incluso antes de que se les haya propuesto ningún tratamiento o cuidado."
Sin embargo, este no es el único requisito que tendrían que cumplir quienes soliciten la muerte médicamente asistida. Los diputados franceses han subrayado que el acceso se limitaría a los solicitantes que cumplan las cinco condiciones establecidas en el proyecto de ley. Entre ellas, ser mayor de 18 años, tener nacionalidad francesa o residencia legal y padecer una enfermedad grave, incurable y potencialmente mortal en fase avanzada o terminal.
Los solicitantes también tendrían que padecer un sufrimiento físico o psicológico persistente y ser capaces de expresar su voluntad libremente y con plena comprensión. Los médicos podrán abstenerse del procedimiento si lo desean, pero deberán remitir al paciente a otros profesionales sanitarios.
El debate sigue abierto
El controvertido proyecto aún no se ha convertido en ley y sigue suscitando debates en todo el espectro político. Durante las sesiones parlamentarias en las que se ha examinado, los críticos advirtieron de que podría representar un profundo cambio en las normas éticas, y algunos argumentaron que corría el riesgo de alterar las salvaguardias existentes.
Théo Bernhardt, diputado de extrema derecha de la Agrupación Nacional, se opuso en particular a los cambios que afectan al tratamiento del sufrimiento psicológico, advirtiendo de lo que describió como una "peligrosa pérdida de equilibrio" en el texto.
En la misma línea se expresó Élisabeth de Maistre, diputada republicana del menguante espectro del centroderecha francés, para quien las garantías fundamentales no están suficientemente definidas. En respuesta a las críticas, Falorni dijo que se llevaba trabajando en la legislación tres años. "Si hay una palabra que no puede utilizarse para describir la forma en que se ha gestionado la legislación sobre el final de la vida, es 'precipitación'", argumentó.
A pesar de los avances logrados hasta ahora, la aprobación del proyecto de ley aún no ha concluido. Falorni ha dicho que espera que pueda aprobarse definitivamente antes del verano. Tal y como están las cosas, la Asamblea Nacional celebrará otra votación en febrero, antes de devolverla al Senado, que podría modificarla o rechazarla de nuevo. En cualquier caso, la Asamblea Nacional puede anular al Senado si no se llega a un acuerdo.