Las nuevas tecnologías y los conflictos pueden provocar una oleada de armas de fuego ilícitas que lleguen a la UE. La Comisión sostiene que esta nueva Directiva es oportuna para preparar al bloque.
La posesión, fabricación y tráfico de armas de fuego ilícitas pronto podrían acarrear penas de prisión de entre dos y ocho años en toda la Unión Europea, según una nueva propuesta presentada el jueves por la Comisión Europea.
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El proyecto de directiva presentado por el Ejecutivo comunitario en Bruselas pretende armonizar la definición y el castigo de los delitos relacionados con las armas de fuego en los 27 Estados miembros. Argumenta que las normas nacionales divergentes han creado lagunas que las redes delictivas aprovechan cuando operan a través de las fronteras.
Por ejemplo, la creación, adquisición, posesión o difusión de planos de armas de fuego impresas en 3D conllevaría una pena máxima de prisión de al menos dos años; la posesión de armas de fuego ilícitas y sus componentes esenciales se castigaría con cinco años de cárcel; mientras que los delitos de tráfico y fabricación se castigarían con ocho años entre rejas.
Según la Comisión, actualmente se pierden o roban unas 620.000 armas de fuego en toda la UE, lo que alimenta el terrorismo, la delincuencia organizada y la violencia de las bandas. La violencia con armas de fuego se cobra unas 1.300 vidas al año en los 27 Estados miembros.
La Comisión advierte de que la amenaza evoluciona rápidamente, impulsada en parte por avances tecnológicos como la impresión en 3D y por flujos de armas vinculados a conflictos e inestabilidad más allá de las fronteras de la UE. Esta dinámica exige una respuesta más coordinada y previsora.
Magnus Brunner, comisario de Asuntos de Interior y Migración, declaró a la prensa que la UE debe prepararse porque "hay muchas guerras en marcha".
"Tenemos que prepararnos (para) lo que ocurra después con las armas, con las armas ilegales", dijo, citando la actual invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia y los esfuerzos por poner fin a una guerra.
"Vemos las pruebas en guerras anteriores, como la guerra de Yugoslavia de hace 30 años, donde todavía encontramos armas, o la Policía todavía encuentra armas de esa guerra, lo que demuestra que es realmente un problema que tenemos que abordar", dijo.
La inclusión de los planos de impresión en 3D refleja la creciente preocupación entre los responsables de seguridad por la posibilidad de compartir y reproducir archivos digitales con relativa facilidad, lo que permitiría la producción encubierta de armas imposibles de rastrear. Al tipificar como delito la manipulación ilícita de estos planos, la Comisión espera colmar lo que considera una laguna de la legislación vigente.
La vicepresidenta Ejecutiva de la Comisión Henna Virkkunen, responsable de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, subrayó también que "una aplicación estricta de la Ley de Servicios Digitales es también muy importante para hacer frente a las armas ilegales en línea".
"De hecho, estamos avanzando a toda velocidad en este frente. Justo la semana pasada abrimos también investigaciones formales sobre Shein y sus sistemas para limitar la venta de productos ilegales", dijo, añadiendo que algunas armas, como los puños americanos, figuraban entre los artículos ilegales que el Ejecutivo comunitario detectó en la plataforma.
Más allá de las sanciones, la directiva pretende reforzar la cooperación operativa entre los Estados miembros. Cada país deberá crear un punto focal nacional para las armas de fuego que coordine las investigaciones, facilite el rastreo y la incautación de las armas objeto de tráfico y sirva de punto de contacto para la cooperación a escala internacional.
La Comisión también propone nuevas medidas para mejorar la recogida de datos y el análisis criminal. Los Estados miembros tendrían que registrar un conjunto mínimo de datos sobre las armas de fuego incautadas por las fuerzas del orden, incluidos detalles básicos como el modelo y el tipo, con el fin de estimar mejor la magnitud del tráfico ilícito e identificar tendencias, como la entrada de armas decomisadas procedentes de zonas de conflicto.
Además, se exigirá a los gobiernos que recopilen y compartan cada cinco años datos estadísticos sobre investigaciones, enjuiciamientos, condenas y penas relacionadas con delitos con armas de fuego. Según la Comisión, esto proporcionará una imagen más clara de la amenaza en toda la UE y mejorará el seguimiento y la concienciación pública. La propuesta pasa ahora al Parlamento Europeo y al Consejo para su negociación.