La propuesta de la UE para agilizar las deportaciones genera temor por la posible adopción de métodos similares a los del ICE de Estados Unidos. El plan incluye centros de retorno fuera del bloque y detenciones de hasta 2 años.
Esta semana se ha aprobado en comisión una controvertida propuesta destinada a aumentar las devoluciones de inmigrantes irregulares desde la UE.
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Sin embargo, las ONG advierten de que algunas partes del plan podrían allanar el camino a prácticas coercitivas similares a las asociadas al controvertido Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos.
La propuesta -conocida como Reglamento de Retorno de la UE- crearía lo que la Comisión Europea denomina un "Sistema Europeo Común de Retorno", diseñado para que los procedimientos de deportación en todo el bloque sean "más rápidos y eficaces".
Entre las medidas que se debaten figuran los llamados "centros de retorno", centros de deportación situados fuera de la UE a los que podrían ser enviados los solicitantes de asilo rechazados a la espera de ser expulsados.
El proyecto legislativo también permitiría retener a los inmigrantes hasta dos años si las autoridades lo consideran necesario para hacer efectiva su devolución.
Los partidarios sostienen que la reforma es necesaria para hacer frente a los bajos índices de deportación en toda la UE. Pero sus detractores afirman que algunas de sus disposiciones podrían ampliar considerablemente los poderes coercitivos.
Las ONG advierten de una aplicación de la ley "al estilo de los CIE
A principios de febrero, unas 70 ONG hicieron pública una declaración conjunta en la que advertían de que algunos elementos de la propuesta podrían dar lugar a prácticas similares a las del ICE, un organismo envuelto en la polémica que ha provocado protestas y enfrentamientos en Estados Unidos por sus redadas de inmigrantes y sus prácticas de detención.
La preocupación se centra en las disposiciones que obligan a los Estados miembros de la UE a introducir lo que la Comisión describe como "medidas eficaces y proporcionadas" para detectar a los inmigrantes irregulares.
Según las ONG, esas "medidas de detección" podrían incluir registros policiales en domicilios privados, operaciones policiales en espacios públicos, elaboración de perfiles raciales, imposición de obligaciones de información a las autoridades públicas y mayor uso de tecnologías de vigilancia.
Algunos activistas sostienen que ya existen mecanismos similares en algunas partes de Europa, y la organización Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Inmigrantes Indocumentados (PICUM) señala como ejemplo la legislación alemana.
En virtud del artículo 87 de la Ley de Residencia, muchas autoridades públicas están obligadas a denunciar a los inmigrantes indocumentados a las autoridades de inmigración. Las escuelas y ciertas instituciones asistenciales se encuentran entre las pocas excepciones.
La ley también obliga a las oficinas de asistencia social a notificar a las autoridades de inmigración cuando los inmigrantes indocumentados se dirijan a ellas para solicitar cobertura sanitaria.
Silvia Carta, responsable de políticas de PICUM, afirma que la propuesta de reglamento de la UE podría ampliar los poderes de investigación si no se define cuidadosamente.
"Esto podría abrir la puerta a redadas policiales en domicilios de personas sospechosas de acoger inmigrantes, así como en oficinas y refugios gestionados por organizaciones humanitarias", afirma.
Según Carta, las medidas podrían ampliar la capacidad de las autoridades nacionales para llevar a cabo investigaciones "sin un marco claro". Sin embargo, señala que en algunos Estados miembros la legislación nacional o las salvaguardias constitucionales podrían limitar la aplicación de estas normas.
La Comisión Europea rechaza la comparación con los CIE
La Comisión Europea rechaza la sugerencia de que la reforma daría lugar a prácticas represivas agresivas.
Un portavoz de la Comisión dijo al equipo de comprobación de hechos de 'Euronews', The Cube, que la propuesta no obliga a los servicios públicos a denunciar a los inmigrantes indocumentados a las autoridades de inmigración o a la Policía.
"Desde luego, no prevé que las autoridades nacionales hagan redadas en espacios públicos y privados, realicen perfiles raciales o utilicen tecnologías de vigilancia invasivas", dijo el portavoz.
La Comisión también afirmó que la propuesta es plenamente compatible con el Derecho internacional y los derechos fundamentales, e incluye "fuertes salvaguardias para garantizar la protección de los derechos fundamentales de los retornados".
Pero algunas ONG sostienen que esas protecciones siguen siendo demasiado vagas. Carta afirma que referirse simplemente a los derechos fundamentales en términos generales puede no ser suficiente cuando las leyes se aplican de forma diferente en los distintos países de la UE.
"Las vagas referencias a los derechos fundamentales no bastan", afirma. "Será muy difícil tener una única norma de interpretación en todos los Estados miembros a menos que estas salvaguardias estén claramente integradas en la legislación".
La legislación aún se encuentra en una fase temprana del proceso legislativo de la UE. La propuesta aún debe ser votada por el pleno del Parlamento Europeo, y los Estados miembros también tendrán que negociar y acordar el texto final.