¿Qué ocurre cuando un mecanismo concebido para proteger la soberanía nacional se convierte en un pulso de poder contra todo el bloque? Se lo explicamos en el vídeo.
Según los tratados de la UE, los Estados miembros pueden vetar decisiones en ámbitos que afectan a su soberanía esencial como la política exterior, la fiscalidad, la ampliación y el presupuesto. De acuerdo con los tratados de la UE, el bloque es una unión de Estados soberanos, no una federación, y ningún Gobierno debería verse obligado a adoptar decisiones contrarias a sus intereses fundamentales.
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Esa base jurídica es sólida. El artículo 31.1 del Tratado de la Unión Europea exige la unanimidad en las decisiones de política exterior y de seguridad. El artículo 4.2 obliga a la UE a respetar las identidades nacionales de los Estados miembros. El veto no es un resquicio legal, forma parte del diseño institucional con plena legitimidad. El problema surge cuando se utiliza para arrancar concesiones.
No existen salvaguardas formales que permitan distinguir entre un veto legítimo en defensa de la soberanía y otro utilizado como palanca en cuestiones ajenas. Los Estados miembros presentan sistemáticamente cada veto como una cuestión de protección de la soberanía.
Por ejemplo, Hungría ha vetado ayudas a Ucrania o sanciones contra Rusia en 21 ocasiones y sobre 38 asuntos desde 2011, justificando oficialmente estas decisiones del mismo modo que otros países. Sin embargo, suprimir el veto exige unanimidad, lo que atrapa al bloque en un ciclo en el que la reforma parece inalcanzable.