El Gobierno aprueba una regularización extraordinaria para inmigrantes en España que podría beneficiar a cerca de 500.000 personas, con solicitudes abiertas hasta el 30 de junio y requisitos específicos de residencia, permanencia y antecedentes.
El Gobierno de España ha aprobado este martes una regularización extraordinaria de inmigrantes en situación irregular, una medida que podría beneficiar a cerca de 500.000 personas y que supone uno de los pasos más relevantes en política migratoria de las últimas décadas.
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El decreto, aprobado en el Consejo de Ministros, permitirá a los beneficiarios obtener permisos de residencia y trabajo, acceder a la Seguridad Social y al sistema sanitario, con el objetivo de facilitar su integración plena en la sociedad española. "Podrán disfrutar con garantías de plenos derechos y cumplir sus obligaciones. Hemos diseñado un plan operativo que esté a la altura del reto que supone", explicó la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.
La iniciativa llega tras meses de intenso debate político y social, marcado en parte por la difusión de informaciones erróneas sobre el alcance real de la medida. Entre las ideas más extendidas figura la creencia de que las personas regularizadas obtendrían automáticamente derechos políticos como el voto, algo que no corresponde con la legislación vigente, que exige la nacionalidad española para participar en elecciones generales o autonómicas.
Asimismo, la regularización no implica la concesión inmediata de derechos más allá del ámbito administrativo y laboral, sino que busca principalmente aflorar empleo sumergido, garantizar condiciones de trabajo legales y reforzar la contribución al sistema de Seguridad Social.
Requisitos y condiciones para acceder a la regularización
Según el Ejecutivo, la medida responde tanto a razones económicas como demográficas, en un contexto de envejecimiento de la población y de necesidad de mano de obra en sectores clave como la agricultura, la hostelería o los cuidados. El proceso requerirá que los solicitantes acrediten un tiempo mínimo de cinco meses de permanencia ininterrumpida en España con anterioridad al 1 de enero de 2026, carezcan de antecedentes penales y demuestren vínculos con el país, ya sean laborales, familiares o de arraigo social.
El Ejecutivo ha fijado el calendario del procedimiento: desde este jueves 16 de abril se podrán tramitar las solicitudes por vía telemática, y a partir del lunes se abrirá la cita previa —obligatoria— para la atención presencial. El plazo para presentar las peticiones se extenderá hasta el 30 de junio.
Fuerte división política
Pese a ello, la decisión ha generado división política. Desde la oposición se advierte de posibles efectos sobre los servicios públicos y la gestión migratoria, mientras que el Gobierno defiende que la regularización permitirá mejorar el control administrativo y favorecer la cohesión social.
En este contexto de fuerte debate público, el presidente del Ejecutivo socialista, Pedro Sánchez, ha dirigido una carta a la ciudadanía en la que defiende la medida como un "acto de normalización", al considerar que supone reconocer la realidad de cientos de miles de personas que ya viven y trabajan en España.
En el texto, el jefe del Gobierno enmarca la decisión también como una respuesta a las necesidades económicas del país y como un ejercicio de responsabilidad, subrayando la importancia de integrar a estas personas dentro de un marco de derechos y obligaciones. Con esta decisión, España adopta un enfoque más inclusivo en materia migratoria dentro del contexto europeo, donde predominan políticas más restrictivas.