"Este Tribunal considera que la actuación se ha llevado a cabo bajo unos fundamentos jurídicos que deberían haber quedado mejor justificados", señala el organismo en su informe sobre la supervisión de la CGE de 2024.
Es un titular jugoso, sí, pero ni mucho menos la única -ni la más cuantiosa- salvedad detectada por el Tribunal de Cuentas sobre la Cuenta General del Estado (CGE) de 2024. El organismo señala dos modificaciones que suman 2.389,4 millones de euros (una ampliación de crédito por 1.722,1 millones de euros y una transferencia por 667,3 millones), para financiar pensiones pasivas y mínimas "ineludibles". ¿El origen del dinero? Créditos sobrantes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, es decir, de fondos europeos.
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La Cuenta General del Estado, realizada por la Intervención General de la Administración del Estado y evaluada por el Tribunal, es básicamente una foto fija de la situación financiera del conjunto del sector público, y trata de mostrar la ejecución presupuestaria del ejercicio al que se refiere, o sus potenciales fallas.
En el caso de este desvío de fondos, la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos fundamenta esta medida excepcional al considerar que no se compromete el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, es decir, los Fondos Next Generation post pandemia de la UE, y que la aplicación del crédito "fue para atender necesidades ineludibles".
Dichos impedimentos urgentes corresponden a los complementos de las pensiones mínimas mencionados, así como las pensiones pasivas, o lo que es lo mismo, las que reciben funcionarios, militares, expresidentes u otros cargos similares.
El Tribunal de Cuentas da por aprobado el gasto dentro del informe (clasificado en la categoría 'Otros resultados que no afectan a la opinión sobre la CGE', entre otras muchas) pero afea su justificación legal, asegurando que "la actuación se ha llevado a cabo bajo unos fundamentos jurídicos que deberían haber quedado mejor justificados, dado que existe una incertidumbre sobre la aplicabilidad en 2024 de limitaciones al uso de los créditos sobrantes [del Next Generation] para financiar las modificaciones presupuestarias fuera de dicho servicio".
La revisión del Tribunal: del AVE de La Meca hasta la Generalitat de Cataluña
En la lista de "salvedades", tecnicismo que utilizan los funcionarios del organismo en su informe final, aparecen incidencias por mucha mayor cuantía: "El endeudamiento financiero consolidado de la Agencia General del Estado asciende a 1,46 billones de euros y corresponde esencialmente a deuda del Estado". El informe apunta que "el aumento respecto el ejercicio anterior ha sido de 56.293,4 millones, un 4 %". Además señala que "de un total de 447 entidades del sector público estatal no se han integrado en la CGE las cuentas de 65" restantes, por lo que un alto porcentaje del sector ha quedado sin fiscalizarse adecuadamente. Es el caso, por ejemplo, de las aplicaciones informáticas que utiliza la Seguridad Social.
Otro de los puntos interesantes del documento señala "incertidumbre sobre la razonabilidad de otros ingresos de explotación y los derechos de cobro pendientes de facturar" del proyecto de Alta Velocidad entre La Meca y Medina, un proyecto en el que se han investigado presuntas irregularidades en la adjudicación y ejecución, y que ha sido objeto de distintas investigaciones fiscales y judiciales en las que se ha mencionado al rey emérito, Juan Carlos I. El tribunal valora un desvío de 67,6 millones y de 143,8 millones en cada subcategorización respectiva.
El organismo también indaga en las transferencias a otras administraciones, que se lleva gran parte de los Presupuestos Generales del Estado prorrogados desde 2023: "No figura registrada", reza el punto 11 de estas 'salvedades', "una deuda por 100,6 millones de euros, pendiente de abonar por la AGE a la Generalitat de Catalunya, con el fin de sufragar una deuda de esta última con RENFE".