El Consejo de Ministros ha publicado el techo de gasto para los Presupuestos Generales del Estado, prorrogados desde 2023. Pedro Sánchez, cuyo Gobierno no cuenta con los votos suficientes para su aprobación, defiende que puede gobernar sin ellos. ¿Cómo afectaría a la economía una nueva prórroga?
La Comisión Europea ha actualizado el martes sus previsiones económicas para España para los próximos tres años. Entre otros datos, Bruselas calcula que el desempleo bajará del 10% el año que viene por primera vez desde 2007, mientras que la deuda del Estado descenderá al 98,2% -la cifra más baja desde la pandemia- en 2026.
El PIB, por otro lado, mantendría una tasa de crecimiento superior al 2% hasta 2027 y la inflación conseguiría el objetivo de dos puntos porcentuales marcado por el Banco Central Europeo. Pero, ¿pueden garantizarse estos datos mediante los presupuestos generales del Estado (PGE) actuales, prorrogados desde el año 2023? ¿Cómo afecta a la economía española no actualizar esta hoja de ruta económica a corto plazo?
Pedro Sánchez ya prorrogó durante un año -en su primera y única legislatura en solitario- los últimos presupuestos del conservador Cristóbal Montoro (2018), hoy investigado por varios delitos económicos. El rechazo a las cuentas generales en 2019 por parte de los independentistas catalanes (ERC y el antiguo PDeCAT, hoy Junts) condujo al actual presidente a convocar elecciones anticipadas, que derivaron en el primer Ejecutivo de coalición desde la Segunda República con Unidas Podemos.
Tras la pandemia, el actual Ministerio de Hacienda comandado por María Jesús Montero sí consiguió aprobar tres cuentas anuales consecutivas. Sus últimos presupuestos (2023) llevan prorrogados desde entonces,en la que supone la tercera legislatura de Sánchez, en esta ocasión en coalición con Sumar.
El presidente lleva incumpliendo durante 779 días el artículo 134 de la Constitución española en su segundo ("los presupuestos generales del Estado tendrán carácter anual"), y tercer punto ("el Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior"). Sin embargo, este ha defendido tanto su intención de presentar las cuentas -promesa que ya realizó e incumplió en 2024- como su intención de gobernar sin ellas.
"Los presupuestos son un instrumento, no un fin en sí mismo", sentenció en su penúltima entrevista con 'RTVE'. "El fin es crecer: crear empleo, como lo está haciendo la economía española". En dicha entrevista, la periodista Pepa Bueno le recordó que en 2018, Sánchez reclamaba la dimisión del expresidente Mariano Rajoy si esté no conseguía la aprobación de las cuentas.
El presidente depende de una frágil mayoría parlamentaria: necesita del apoyo de todos sus socios de investidura para aprobar cualquier proyecto de ley y, por supuesto, el más importante del año: los PGE. Esta amalgama de partidos -desde la izquierda estatal de Podemos a la derecha independentista de Junts- ya complicó la viabilidad de la legislatura pasada de Sánchez, pero ahora, con el rechazo frontal de los de Carles Puigdemont a seguir apoyando al Ejecutivo, el tablero de juego se complica para el presidente una vez más.
¿Puede funcionar el Ejecutivo sin sus cuentas anuales?
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ya ha denunciado en varias ocasiones la ausencia de rendición de cuentas del Gobierno al no presentar sus cuentas. El Gobierno vulnera, además de la Constitución, el principio de la separación de poderes, al no dar oportunidad al Congreso para aprobar o rechazar las cuentas bajo las que el Ejecutivo debe operar anualmente. Las derivas económicas, no obstante, no son particularmente graves para la marcha del país gracias a una serie de mecanismos con los que se sortea esta obligación. ¿Cómo lo puede hacer?
- Primero, apoyándose en la Ley Presupuestaria para reestructurar lo prorrogado: el Gobierno puede introducir cambios en la distribución de los créditos concedidos en los PGE anteriores. Puede, por ejemplo, destinar el dinero de una partida que ya no se utilice a otra inversión, intercambiar fondos entre distintos ministerios o redibujar lo que se envía a las comunidades autónomas o a los ayuntamientos.
- Segundo, modificando los ingresos y los gastos. No está permitido modificar la cuantía total de las cuentas -el conocido como techo de gasto, que es ratificado por las Cortes antes de los propios PGE- pero sí se pueden retirar o aumentar los fondos de determinadas partidas dentro de ese cómputo total mediante decretos o proyectos de ley. Por ejemplo, para realizar una subida o bajada de sueldo de los funcionarios del Estado.
Precisamente este martes, la ministra de Hacienda ha presentado (con mucho retraso según el calendario preestablecido) el techo de gasto para este año: María Jesús Montero lo sitúa en 212.026 millones de euros, el más alto de la historia de España. El Gobierno cumple así el primer paso obligado para la presentación presupuestaria, aunque va tarde ante la falta de plenos suficientes en el Congreso antes de que acabe el año.
- Tercero, generando otras vías de ingreso mediante la modificación de impuestos, la emisión de deuda o la ampliación de créditos ya concedidos. Por ejemplo, el Gobierno introdujo el año pasado unas enmiendas para establecer un tipo mínimo del 15% para las grandes empresas en el Impuesto de Sociedades.
Entre enero y septiembre de 2025, el Gobierno ha llevado a cabo modificaciones presupuestarias por un total de 44.887.044 millones de euros, según los datos oficiales recopilados por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Aquí se incluyen partidas provenientes de la Unión Europea, los fondos de contingencia (destinados a situaciones excepcionales, como unas elecciones anticipadas o una catástrofe climática) y el sistema de financiación de las CC.AA.
Todas ellas se desglosan en muchas otras partidas que radiografían el sistema económico del Estado. Esta millonaria modificación es, a fecha de septiembre, aún menor a la que se realizó en 2024, que ascendió a los 52.341.009 al concluir el año.
¿Cuáles son las consecuencias de no aprobar los PGE?
Depende de la coyuntura política y económica. Por ejemplo, la exigencia de Donald Trump de pasar del 2 al 5% del gasto de PIB en Defensa -compromiso que Sánchez se negó a firmar, siendo el único mandatario rebelde de la OTAN- ejemplifica bien una circunstancia sobrevenida que requeriría una reforma de calado, la cual solo podría ejecutarse aumentando el techo de gasto.
Los economistas Juan José Rubio (Universidad de Castilla-La Mancha) y Santiago Álvarez (Univesidad de Oviedo) recuerdan en un estudio reciente que una prórroga continuada de los PGE puede afectar tanto a la inversión pública como a la privada. Respecto al segundo caso, argumentan los economistas, el sector empresarial podría frenar planes o inversiones ante la incertidumbre del escenario macroeconómico estatal.
La emisión de deuda pública para garantizar el flujo de determinadas partidas también podría ser problemática ante el riesgo de aumentar los costes de financiación. En el caso de España, sin embargo, dado que la reducción de la deuda es constante desde la pandemia (cuando llegó a alcanzar un 119,9% del PIB) y Bruselas espera que esta alcance el 97,1% en 2027, este ámbito no parece ser especialmente preocupante por el momento.
Las transferencias a otras administraciones públicas, como las comunidades autónomas, supone el segundo mayor gasto presupuestario en España después de las pensiones, al tener uno de los modelos más descentralizados del Viejo Continente junto a Alemania, Austria o Suiza. Sin embargo, señalan Rubio y Álvarez en su análisis, su liquidez está asegurada.
La evolución del sistema de financiación automática permite mantener el flujo de dinero entre Hacienda y las diferentes autonomías, sin tener en cuenta aquellas con un régimen foral propio como Navarra o Euskadi. Las regiones que conforman el Estado recibirán este año 147.412 millones de euros: un 9,5% más que en el año 2024.