La denuncia por el encierro de una joven en Oviedo permitió a la Policía desmantelar una trama de trata sexual con ramificaciones en Venezuela y Chile. Cinco personas han sido detenidas.
El cautiverio de una joven venezolana en un domicilio de Oviedo, en Asturias, fue la clave que permitió destapar una trama internacional de trata de personas con fines de explotación sexual que operaba en España y captaba a sus víctimas en Venezuela, según informaron fuentes de la Policía Nacional citadas por medios locales.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
La investigación, bautizada como Operación Cherry, se inició el pasado 10 de abril tras la alerta de un ciudadano que avisó de la posible retención ilegal de una mujer. Los agentes localizaron a la víctima en una vivienda donde permanecía bajo vigilancia mediante cámaras y obligada a prostituirse para saldar una supuesta deuda de 10.000 euros impuesta por la organización.
En una primera fase fue detenida una mujer brasileña encargada de controlar directamente a la joven en el domicilio. Las pesquisas posteriores revelaron la existencia de una red criminal transnacional dedicada a captar mujeres vulnerables en Venezuela bajo falsas promesas de empleo y a trasladarlas después a España para su explotación sexual.
La dimensión internacional del caso llevó a la Policía a colaborar con Interpol, con el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Venezuela (CICPC) y con autoridades de Chile.
Gracias a esta cooperación se identificó a los cabecillas de la trama, dos ciudadanos venezolanos considerados altamente peligrosos por sus antecedentes y su tenencia de armas de fuego.
Ambos fueron arrestados el 8 de mayo en Ponferrada, en Castilla y León, y se encuentran en prisión preventiva, tras pasar a disposición judicial. En una segunda fase del operativo, y en coordinación con la Brigada de Extranjería y Fronteras de Murcia, fueron detenidas otras dos mujeres venezolanas responsables del traslado, alojamiento y control de las víctimas en territorio español.
La colaboración con el CICPC permitió además proteger a la familia de la víctima en Venezuela, que había recibido amenazas de muerte por parte de la red. Uno de los arrestados tenía, además, una orden de búsqueda internacional por delitos similares cometidos en Chile en 2021, donde explotó a menores venezolanas con el mismo 'modus operandi'. La Policía subraya que la investigación sigue abierta y no descarta nuevas víctimas.