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¿Puede el próximo presupuesto de la UE suponer un golpe mortal para la sociedad civil y las ONG?

Cumbre de la UE en Bélgica
Cumbre de la UE en Bélgica Derechos de autor  AP Photo
Derechos de autor AP Photo
Por Evi Kiorri
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La Comisión Europea afirma que su próximo presupuesto a largo plazo reforzará los valores democráticos, pero organizaciones civiles alertan de que podría debilitar discretamente a las ONG al eliminar financiación protegida y dar más control a los gobiernos nacionales.

La propuesta presupuestaria de la Comisión, de 1,8 billones de euros, no dice "vamos a recortar a las ONG". Pero, si hay recortes, llegarán por la vía del diseño estructural, con menos líneas de financiación específicas, objetivos menos vinculantes y más fondos canalizados a través de los Gobiernos nacionales. Las plataformas de la sociedad civil alertan de que podría ser un desmantelamiento lento disfrazado de simplificación.

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Sin defensores claros

El marco financiero plurianual reorganiza el presupuesto de la UE, que pasa de 52 programas a 16, integrando el gasto en cohesión, políticas sociales y agricultura en 27 planes nacionales de asociación. Las partidas blindadas son las de Defensa, Competitividad y transiciones digital y ecológica. La sociedad civil no figura entre ellas.

"Estamos en un momento de cambio de prioridades y de cambio de entorno para la Unión", señala Eulàlia Rubio, investigadora senior del Instituto Jacques Delors. "Hay mucha fragmentación dentro de la Unión y eso lo hace mucho más difícil y, hasta cierto punto, se refleja en las negociaciones".

El apoyo a la democracia y a la resiliencia cívica, añade Rubio, es precisamente el tipo de partida "en la que no hay grandes defensores entre los Estados miembros, nadie percibe realmente que vaya a haber grandes recortes ahí".

Un programa emblemático con un vacío estructural

La Comisión presenta AgoraEU, un programa de 8.580 millones de euros que fusiona CERV y Europa Creativa, como prueba de su compromiso con la sociedad civil y la libertad de los medios. Aunque sobre el papel es mayor que sus predecesores, tiene una omisión crucial.

El borrador de reglamento no obliga de forma explícita a conceder subvenciones de funcionamiento, la financiación plurianual que permite a las ONG hacer labores de incidencia, vigilancia y litigio estratégico. Sin una garantía jurídica, los futuros programas de trabajo podrían simplemente eliminarlas.

Ese precedente ya existe. En 2025, la Comisión suprimió las subvenciones de funcionamiento para las ONG sanitarias en el marco de EU4Health y pasó a una financiación exclusivamente por proyectos. Las organizaciones de salud presentaron una queja ante la Defensora del Pueblo Europeo. La sociedad civil lo ve como un modelo de lo que el marco financiero podría generalizar en todos los ámbitos.

El Parlamento Europeo ha reaccionado y pide que AgoraEU alcance los 10.720 millones de euros, un 25% más que la propuesta de la Comisión, con las subvenciones de funcionamiento protegidas de forma explícita. Más de 500 organizaciones han firmado una carta abierta en apoyo de ese aumento.

Para las ONG que trabajan sobre el Estado de derecho o los derechos de las minorías en Hungría o Eslovaquia, esto supone la diferencia entre acceder directamente a fondos europeos, donde ningún Gobierno puede bloquearlos, y depender de unas autoridades que pueden ser hostiles a su labor.

El debate sobre la financiación europea a las ONG

No todos los analistas consideran que la financiación de las ONG a escala europea sea el instrumento adecuado. Zsolt Darvas, economista e investigador senior de Bruegel, sostiene que el presupuesto debe centrarse en aquello que los Estados miembros no pueden hacer por sí solos.

"El presupuesto de la UE gasta solo alrededor del uno por ciento del PIB de la Unión, mientras que los Estados miembros gastan casi la mitad", explica. "Apoyar a las ONG es más bien una competencia nacional, los gobiernos tienen margen fiscal de sobra para financiarlas si lo consideran oportuno".

Esa lógica parte de la idea de que los Gobiernos utilizarán ese margen para apoyar a una sociedad civil independiente. En varios Estados miembros, las pruebas apuntan justo a lo contrario.

Un grupo de trabajo de control, creado en junio de 2025 por el Partido Popular Europeo, los Conservadores y Reformistas Europeos y Patriotas por Europa, está investigando la financiación europea a las ONG. Los partidos de izquierda y de centro lo han boicoteado. El Tribunal de Cuentas Europeo no ha detectado irregularidades financieras, solo datos fragmentados.

Rubio lo considera "peligroso". "Hay un planteamiento engañoso, que consiste en decir que tenemos que controlar quién recibe el dinero. Entrar en la lógica de quién es bueno o malo es un poco peligroso". La Unión Europea, a su juicio, debería orientar ese apoyo de forma estratégica: "Tenemos que ser especialmente eficaces a la hora de respaldar a quienes trabajan en países donde el Estado de derecho está en riesgo, y en eso no hemos sido tan buenos en el pasado".

Lo que está en juego

La Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE constató en marzo de 2026 que el 75% de las organizaciones de la sociedad civil denunciaron obstáculos a su labor. Civicus rebajó en 2025 la calificación de Francia, Alemania e Italia a un espacio cívico "obstruido".

El marco financiero 2028-2034 es solo una propuesta de partida, pero sus opciones estructurales, con menos líneas específicas, objetivos menos vinculantes y sin subvenciones de funcionamiento explícitas, ya trasladan el riesgo a la sociedad civil.

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