La UE ultima una controvertida reforma migratoria que permitirá crear centros de retorno fuera de Europa, ampliar las detenciones y acelerar las deportaciones.
La Unión Europea se prepara para ampliar de forma drástica sus poderes de deportación, con una ley pionera que permitirá enviar a los inmigrantes a centros de retorno fuera de Europa y facilitará a los gobiernos la expulsión de quienes no tienen derecho a permanecer.
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Se espera que hoy los gobiernos de la UE y el Parlamento Europeo cierren un acuerdo sobre el Reglamento de Retornos, lo que supondría el giro más duro de la política migratoria europea en décadas. Impulsada por la presión política sobre la migración y el auge de los partidos antiinmigración, Bruselas asume medidas que hace solo unos años habrían sido impensables.
La nueva ley pretende elevar la tasa de retornos, ya que actualmente en torno al 28% de los inmigrantes con orden de abandonar el territorio son efectivamente retornados fuera de Europa. Los gobiernos e instituciones de la UE buscan un mayor control sobre quién puede permanecer en la Unión y quién debe marcharse, en línea con las encuestas que muestran a los votantes europeos cada vez más preocupados por unos flujos migratorios sin control.
"Garantizaremos que quienes no tienen derecho a quedarse en la UE sean realmente devueltos", prometió el comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, al presentar la ley. La cuestión probablemente marcará las próximas elecciones en los países de la UE y alimentará el ascenso de las fuerzas de extrema derecha como Agrupación Nacional en Francia y Vox en España, a pesar de los datos que muestran un descenso considerable de las llegadas irregulares en 2026 y 2025.
Junto con las normas más estrictas sobre asilo y las expulsiones más ágiles, la legislación pone de relieve cómo ha cambiado la política migratoria de la UE durante el segundo mandato de Ursula von der Leyen. El foco ha pasado de gestionar la migración dentro del bloque a acelerar la expulsión de quienes no tienen derecho a permanecer en Europa.
Los centros de retorno abren la "era de las deportaciones"
El núcleo de la ley es una disposición que permite a los países de la UE crear centros de deportación fuera del bloque, junto a períodos de detención más largos, vetos de entrada más duros y nuevas facultades para localizar a los inmigrantes en situación irregular.
"La era de las deportaciones ha comenzado", afirmó el eurodiputado conservador sueco Charlie Weimers, uno de los negociadores de la ley, cuando el Parlamento la aprobó por primera vez.
Los países de la UE podrán devolver a inmigrantes en situación irregular a terceros países sin relación con su origen, siempre que tengan acuerdos bilaterales con un Estado no comunitario para construir en su territorio los llamados "centros de retorno". Estos centros podrán ser tanto lugares de tránsito como espacios donde se espere que la persona permanezca.
La medida supone un alejamiento significativo de las normas actuales. Hoy, en general, los inmigrantes solo pueden ser devueltos a su país de origen o a un país con el que tengan un vínculo demostrado. Con el nuevo sistema, ese requisito desaparecerá. Las familias con niños podrán ser trasladadas a centros de retorno, aunque los menores no acompañados estarán exentos.
Las organizaciones de defensa de los derechos humanos han criticado con dureza la propuesta y advierten de que corre el riesgo de dejar a los inmigrantes atrapados en países donde no tienen vínculos y cuentan con pocas garantías legales.
Más de 250 organizaciones de la sociedad civil han pedido que se rechace el reglamento. "La UE está legitimando cárceles extraterritoriales, el perfilado racial y la detención de niños de una forma que no habíamos visto nunca", denunció Sarah Chander, directora de la Equinox Initiative for Racial Justice.
Los críticos sostienen además que estos centros tendrán poco impacto en los flujos migratorios y en el ritmo de los retornos. El Gobierno italiano ya desarrolla un proyecto similar en Albania, con dos centros que acogen en total a menos de 100 inmigrantes, a pesar de que el plan inicial era albergar a 36.000 personas cada año.
Pese a la controversia, varios gobiernos siguen adelante. Italia ya aplica un esquema similar en Albania, mientras que Alemania, Países Bajos, Austria, Dinamarca y Grecia se han aliado para identificar posibles países socios donde crear futuros centros de retorno.
Qué incluye el nuevo reglamento
Las autoridades nacionales de los Estados miembros de la UE también podrán registrar el "lugar de residencia u otros locales pertinentes" de los inmigrantes en situación irregular, una disposición que ONG y organizaciones de la sociedad civil comparan con las redadas masivas de la agencia de inmigración estadounidense.
Otro cambio importante afecta a los recursos. Con la normativa vigente, las deportaciones se suspenden automáticamente mientras están pendientes los recursos judiciales. La nueva ley eliminará esa protección automática y dejará en manos de los tribunales decidir caso por caso si debe paralizarse una orden de retorno.
La nueva ley aumentará asimismo el período máximo de detención legal de los inmigrantes en situación irregular en espera de deportación, que pasará de seis meses a dos años, con una duración ilimitada para las personas consideradas un riesgo para la seguridad.
Los vetos de entrada también se endurecerán de forma notable, al pasar de cinco a diez años en la mayoría de los casos, con la posibilidad de prohibiciones de por vida para quienes se consideren un riesgo para la seguridad.
Está previsto que los negociadores de los países de la UE y del Parlamento Europeo inicien el debate a las 18:00 en Bruselas. Coinciden plenamente en el contenido de la ley y en las últimas conversaciones en Estrasburgo solo discreparon sobre el calendario de aplicación. Una vez se logre el acuerdo, el texto final deberá ser aprobado formalmente por los eurodiputados y los países de la UE.