La muerte de Lyhanna, de 11 años, ha provocado una ola de indignación en Francia y ha reabierto el debate sobre los fallos del sistema judicial. El Gobierno estudia endurecer las penas para los violadores reincidentes, mientras crecen las críticas por la gestión del principal sospechoso.
El primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, que este martes ha reunido a varios ministros para intentar dar respuesta a la conmoción provocada por la muerte de Lyhanna, de 11 años, ha propuesto endurecer las penas para los violadores reincidentes, que podrían ser condenados a cadena perpetua en lugar de los 20 años actuales.
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En lo que respecta a los delitos contra menores, las diligencias de investigación deberán realizarse "en un plazo máximo de tres meses", ha propuesto también el ministro al término de una reunión con cinco miembros del Gobierno. Una medida que pretende responder a la inacción de la justicia frente al principal sospechoso, sobre el que pesaban varias denuncias y avisos.
Otras medidas están "en vías de ultimarse" y todas se integrarán en el proyecto de ley sobre la protección de la infancia, ya presentado en Consejo de Ministros hace unos diez días y que será examinado por el Parlamento en julio.
Fiscales saturados de "prioridades" denuncian medios insuficientes
Desde hace varios días, ante una oleada de indignación y críticas, varios fiscales describen un sistema judicial sometido a una fuerte presión, marcado por la acumulación de asuntos, en el que resulta difícil establecer "una prioridad absoluta entre tantas prioridades".
Aunque dicen comprender "perfectamente la indignación" de la opinión pública, insisten en la presión estructural que pesa sobre la justicia y en la multiplicación de las prioridades políticas. En 2025 y 2026, las fiscalías recibieron decenas de instrucciones que fijaban objetivos diversos (narcotráfico, violencia doméstica, ataques contra cargos públicos electos o contra el medioambiente), sin que siempre fueran acompañados de los medios necesarios.
La madre de una víctima presentará una denuncia contra el Estado
Al mismo tiempo, cerca de 60.400 personas participaron en 216 concentraciones ante los tribunales de toda Francia para expresar su malestar.
En Toulouse, la madre de Rosa, una menor que había presentado una denuncia de violación contra Jérôme B., principal sospechoso en el caso Lyhanna, va a presentar una denuncia contra el Estado por falta grave, reprochando a la Justicia su lentitud, ha anunciado su abogado, Pierre Debuisson.
"Vamos a presentar una denuncia contra los fiscales de Toulouse y de Auch, que no consideraron oportuno dar la orden de detener a este criminal, y por último ante el Tribunal de Justicia de la República contra el señor Darmanin, ministro de Justicia, por los mismos hechos", declaró durante una rueda de prensa.
El abogado prevé iniciar dos procedimientos: una demanda de responsabilidad contra el Estado ante el tribunal judicial por falta grave, así como una causa penal, precisó.
El 22 de agosto de 2025, la madre de esta niña nacida en 2014 presentó una denuncia en Plaisance-du-Touch (Haute-Garonne/Alto Garona) acusando a Jérôme B. de haber cometido violaciones contra su hija entre septiembre de 2024 y mayo de 2025 en el domicilio de él. La niña fue escuchada cinco días más tarde y se le practicaron exámenes médico-legales y psicológicos en septiembre y octubre de 2025.
En la rueda de prensa, recordó que su hija fue interrogada durante "horas y horas" por un médico, que constató lesiones físicas y daños psicológicos. Pero "no se hizo nada. La Justicia no hizo su trabajo. No lo entiendo".
Las reacciones del resto de partidos políticos se multiplican
Marine Le Pen declaró, al término de la reunión semanal de los jefes de grupo en la Asamblea Nacional, que apoyará las medidas que proponga el Gobierno en respuesta a la muerte de Lyhanna. Sébastien Lecornu, que ha convocado en Matignon a los ministros implicados, ha planteado varias opciones, entre ellas un endurecimiento de las penas, un cambio de las normas de prescripción o una mejor información a las víctimas.
La líder de Agrupación Nacional (RN) considera, sin embargo, que, como "el propio Sébastien Lecornu ha dicho, ninguno de estos textos es susceptible de cambiar realmente las cosas". Convencida de que estas medidas "no habrían podido impedir la tragedia de Lyhanna", la jefa de los diputados de RN afirmó que "lo que esperan los franceses no son leyes dictadas por las circunstancias que actúan en los márgenes de los problemas, sino una verdadera reflexión sobre el funcionamiento de la Justicia".
Por su parte, la líder de los diputados de La Francia Insumisa, Mathilde Panot, consideró en rueda de prensa que es "indecente ver a un ministro en el poder descargar toda responsabilidad política sobre los magistrados" en el caso de la muerte de Lyhanna.
"Recuerdo que la responsabilidad política es de Gérald Darmanin, de sus predecesores, de la política llevada a cabo desde hace nueve años por Emmanuel Macron", subrayó. A su juicio, el ministro de Justicia no ha hecho, al contrario de lo que afirma, de las violencias contra los niños y las mujeres una prioridad. Lamenta que la instrucción publicada por el ministro en enero insista de forma muy explícita en la lucha contra el narcotráfico y mucho menos en este asunto. "Son ellos los responsables de los recortes presupuestarios", acusa también Mathilde Panot. "Gérald Darmanin debe asumir su responsabilidad política y todas las consecuencias y, por tanto, dimitir", sentencia.
La candidata ecologista en las primarias de la izquierda, Marine Tondelier, sostiene que el asesinato de Lyhanna, "la injusticia de más", hace estallar una olla a presión que llevaba demasiado tiempo acumulando tensión. "Mientras nuestra sociedad se niegue a escuchar la voz de las mujeres y de los niños, por desgracia habrá otras Lyhanna", lamenta.
"Así que, aunque le disguste a Gérald Darmanin, vamos a seguir pidiendo su dimisión y, sobre todo, 3.000 millones y una ley integral contra las violencias sexuales y sexistas (VSS)", prosiguió, y calificó de "abyecta" la actitud del ministro de Justicia, que "se desentiende de su responsabilidad política cargándola sobre unos magistrados de los que sabemos perfectamente que no tienen medios para trabajar en condiciones".