La Fiscalía de Barcelona ha abierto diligencias contra la periodista Pilar Rahola por incitación al odio y complicidad con genocidio. La denuncia la presentó la Organización Juvenil Socialista por sus posiciones públicas sobre la guerra en Gaza.
La Fiscalía Provincial de Barcelona ha admitido a trámite una denuncia contra Pilar Rahola por los delitos de incitación al odio y complicidad con el genocidio en Gaza. La acción judicial la impulsaron dos militantes de la Organización Juvenil Socialista (OJS) de Cataluña, quienes no llegaron a la Fiscalía desde cero: son los mismos jóvenes que el 8 de octubre de 2024 lanzaron pintura roja sobre Rahola durante una conferencia de la Fundació Martí l'Humà en La Garriga. Ese episodio los dejó encausados. La denuncia contra la periodista fue su respuesta.
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El Ministerio Público ha abierto unas diligencias denominadas de investigación preprocesales, que son actuaciones previas al proceso penal para comprobar los hechos denunciados y determinar si tienen suficiente relevancia penal para ser trasladados a un juzgado o si, por el contrario, la causa acaba archivándose. Las diligencias se han encargado a la Unidad Central de Delitos de Odio y Discriminación de los Mossos d'Esquadra.
Los cuatro hechos que sustentan la denuncia se produjeron entre 2024 y 2025, Rahola cuestionó públicamente el número de niños muertos en los ataques de Israel; que respondió en X a un mensaje de la relatora especial de Naciones Unidas sobre Palestina, Francesca Albanese, negando que Israel cometiera un genocidio y acusándola de propagandista del odio, un mensaje que acumuló 152 millones de visualizaciones.
Además también escribió en un artículo que "si Israel hubiera querido hacer un genocidio habría tardado tres días, y no tres años".
Qué dice la acusación y qué responde el derecho
La denuncia de los dos militantes pedía a la Fiscalía abrir una investigación a la periodista como participante de un "engranaje de la barbarie", en el que el papel del propagandista "construye el marco social que hace posible la ejecución del crimen y la impunidad de sus autores".
La OJS sostiene que sus declaraciones no caben bajo el paraguas de la libertad de expresión porque contribuyen a la negación sistemática del delito de genocidio contra la población palestina.
El argumento añade que Rahola no actúa de forma desinteresada. La denuncia señala que fue nombrada miembro del consejo asesor para América Latina de la organización Combat Antisemitism Movement y que en 2010 el Fondo Nacional Judío plantó un bosque en territorio palestino ocupado con su nombre. La acusación basa estos extremos en artículos de prensa.
Aquí, sin embargo, aparece una tensión jurídica de fondo. Los delitos de negación de genocidio nacieron en Europa como respuesta al Holocausto, para cerrar el paso al negacionismo sobre el exterminio de los judíos europeos.
Aplicar ese mismo tipo penal a quien niega que esté ocurriendo un genocidio cuya existencia jurídica aún no ha sido declarada en firme por ningún tribunal internacional plantea problemas de encaje con el principio de seguridad jurídica.
El delito de odio existe en España desde 2015 y fue ampliado en 2022 por el Gobierno de Pedro Sánchez. Los críticos de la norma argumentan que busca un efecto disuasorio sobre el discurso público, silenciando la crítica legítima y condicionando el debate político.
España, por otra parte, aprobó en 2023 el Plan Nacional para la Implementación de la Estrategia Europea de Lucha contra el Antisemitismo y asumió la definición de la International Holocaust Remembrance Alliance, que incluye entre las formas contemporáneas de antisemitismo ciertas expresiones de hostilidad hacia Israel.
Que una norma concebida para proteger a las comunidades judías se aplique precisamente contra una de las voces más conocidas en la denuncia del antisemitismo genera, como mínimo, una paradoja institucional difícil de ignorar.
Rahola sigue en antena y el debate se abre paso
La apertura de diligencias por parte de la Fiscalía de Barcelona no ha alterado, por el momento, la presencia de Rahola en algunos de los principales medios en los que colabora habitualmente.
La periodista y exdiputada continúa publicando y participando en 'El Periódico de Catalunya', 'Infobae', 'El Nacional', el programa Todo es mentira de 'Cuatro', presentado por Risto Mejide, y la cadena internacional 'DNews'.
Sus defensores recuerdan que las diligencias preprocesales no implican culpabilidad ni acusación formal, y que la libertad de expresión ampara la defensa de posiciones políticas controvertidas. La embajada de Israel en Madrid ha expresado su apoyo público a la periodista, quien ha dejado claro en distintas declaraciones que no tiene intención de moderar su postura.
El caso de Rahola no es, además, el único de su tipo. Hay otros, como el de la concejal valenciana de Vox Cecilia Herrero, que se enfrenta a tres años de prisión solicitados por la Fiscalía por publicar mensajes en X contra la inmigración, o el del exlíder del partido en Murcia, José Ángel Antelo, investigado por comentarios sobre la violencia en Torre Pacheco.
El debate sobre los límites del delito de odio en España lleva meses activo, y el caso de Rahola lo sitúa ahora en el centro del debate público con una intensidad difícil de obviar.
La pregunta que queda en el aire no es fácil de responder: si las herramientas jurídicas diseñadas para frenar el odio pueden acabar utilizándose para penalizar la Defensa de posiciones legítimas en un conflicto que sigue sin resolverse. La respuesta que den las instituciones marcará algo más que el destino de un expediente.