Solo cuatro países de la UE han aplicado la Directiva de Transparencia Salarial dentro del plazo. La mayoría incumplió la fecha límite fijada para reforzar la igualdad retributiva en el bloque. Mira el vídeo.
A partir de junio de 2026, las empresas de toda la Unión Europea deberán publicar rangos salariales en las ofertas de empleo, dejar de preguntar a los candidatos por su historial retributivo y permitir que los trabajadores soliciten información sobre el salario de compañeros que desempeñen un trabajo equivalente.
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Ese es el objetivo de la Directiva de Transparencia Salarial. Sin embargo, la mayoría de los Estados miembros incumplió el plazo del 9 de junio para incorporarla a su legislación nacional.
Solo Italia, Eslovaquia y Lituania habían aprobado a tiempo la normativa necesaria para aplicarla plenamente. Bélgica, Malta y Polonia la habían transpuesto solo de forma parcial. Países Bajos ha aplazado su entrada en vigor hasta enero de 2027 e Irlanda ya ha reconocido que también llegará tarde.
Estonia incluso ha dejado entrever que preferiría asumir las sanciones de la UE antes que aplicar la directiva tal y como está redactada. Otros cinco países, entre ellos Austria, Hungría y Luxemburgo, ni siquiera habían iniciado el proceso.
Lo que está en juego no es menor. Las mujeres en la Unión Europea siguen cobrando, de media, un 11,1% menos por hora que los hombres, una brecha que apenas se ha reducido en la última década. La directiva pretende combatir esa desigualdad obligando a hacer visibles los salarios y trasladando a las empresas la carga de demostrar que no existe discriminación cuando surjan indicios de desigualdad retributiva.
"Ese velo no solo ocultaba las brechas salariales, también contribuía a perpetuarlas", resume la eurodiputada Gabriele Bischoff. Por ahora, sin embargo, esos derechos siguen siendo desiguales según el país: aunque la directiva ya existe a escala europea, su aplicación efectiva depende de que cada Estado la incorpore a su ordenamiento jurídico.