La presidenta de Venezuela, defendida por el despacho de Baltasar Garzón, exige al empresario que se retracte. El entorno de Aldama asegura que no lo hará.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha decidido pasar a la ofensiva judicial en España. Ha iniciado los trámites para querellarse por injurias contra el empresario Víctor de Aldama, después de que este la señalara como la persona que le entregó un sobre de la petrolera estatal PDVSA supuestamente vinculado a la financiación irregular del PSOE.
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Para librar esta batalla, Rodríguez ha puesto su defensa en manos de Ilocad, el bufete del exjuez Baltasar Garzón, con quien mantiene una estrecha relación. El primer paso ha sido presentar en los juzgados de Madrid una solicitud de conciliación previa a la querella, en la que sostiene que las afirmaciones de Aldama, vertidas en dos entrevistas televisivas los pasados 4 y 5 de febrero, son falsas.
Lo que busca la presidenta venezolana es que el empresario reconozca que los hechos no son ciertos y se retracte públicamente sobre quién le dio aquel sobre. El problema para Rodríguez es que Aldama no se limitó a hablar en televisión. El empresario, ya condenado por el Tribunal Supremo en el marco del caso Koldo, declaró lo mismo ante la Audiencia Nacional en enero y marzo, y llegó a entregar el sobre a la Justicia.
Según su versión, el documento contenía un cupo de petróleo destinado a financiar de forma irregular al partido de Pedro Sánchez y a la Internacional Socialista. El acto de conciliación está fijado para el próximo 16 de julio, pero todo apunta a que terminará sin acuerdo.
Desde el entorno del comisionista consideran que la maniobra es "temeraria" y creen que el único objetivo es disuadir a Aldama de seguir colaborando con la Justicia. La existencia del sobre, con membrete confidencial de PDVSA y dirigido a la entonces vicepresidenta venezolana, ya había aflorado antes en una investigación de la Guardia Civil.