A principios de este año, la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen propuso prohibir todos los servicios marítimos a los petroleros rusos, pero una combinación poco habitual de factores ha dejado la sanción en un limbo político. Así se torció el plan.
Nunca se pensó que las cosas fueran a terminar así.
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Cuando la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentó su plan para el vigésimo paquete de sanciones económicas contra Rusia, situó los servicios marítimos en el centro de la propuesta.
"En el ámbito de la energía, introducimos una prohibición total de los servicios marítimos para el crudo ruso. Recortará aún más los ingresos energéticos de Rusia y dificultará que encuentre compradores para su petróleo", afirmó (fuente en inglés) a comienzos de febrero.
Para Bruselas, era una oportunidad largamente esperada para cerrar asuntos pendientes.
La UE intentó por primera vez en 2022 prohibir la prestación de servicios marítimos a los petroleros rusos, como parte de su veto a las importaciones de crudo y productos refinados rusos. Si el bloque dejaba de comprar petróleo ruso, la lógica era que también debía dejar de ayudar a Rusia a transportarlo.
Pero en un contexto de fuerte inflación y encarecimiento de la energía, el Gobierno del entonces presidente estadounidense Joe Biden temía nuevas sacudidas y convenció a los europeos de fijar un tope al precio, en lugar de una prohibición total, para que los servicios pudieran continuar bajo ciertas condiciones.
La UE aceptó y el tope al precio del petróleo ruso se fijó en diciembre de 2022 en 60 dólares (unos 52€) por barril. Era una medida sin precedentes entre los aliados del G7.
Desde entonces, el bloque ha tenido dificultades para hacer cumplir el mecanismo. Moscú ha desplegado su envejecida "flota en la sombra" para sortear la vigilancia occidental y vender su crudo a precios más altos. Un sistema de certificación débil, las constantes fluctuaciones en los precios del petróleo y la ausencia de China e India han enturbiado aún más las aguas.
Bruselas concluyó que había llegado el momento de pasar a la siguiente fase y sustituir el tope al precio por una prohibición total de los servicios marítimos, dando cumplimiento a la visión original de 2022. La prohibición sería exhaustiva, abarcaría desde la banca y los seguros hasta el transporte y el abanderamiento, y golpearía el corazón del lucrativo imperio energético de Moscú.
Pero una extraordinaria convergencia de factores, algunos internos y otros externos, algunos previsibles y otros imprevistos, cambió radicalmente el guion.
Hoy, la prohibición de los servicios marítimos permanece en un limbo, olvidada y relegada.
Así fue como el plan se torció.
La sanción que nunca llegó a aplicarse
Fue la propia von der Leyen quien colocó la primera trampa en el camino.
"Como el transporte marítimo es un negocio global, proponemos aplicar esta prohibición total en coordinación con socios afines tras una decisión del G7", dijo en febrero.
Al vincularla al G7, como hizo Bruselas con el tope al precio, von der Leyen elevó el listón más allá de su control. El sucesor de Biden, Donald Trump, dio un giro radical a la política estadounidense hacia Rusia, también en materia de sanciones. La administración Trump nunca mostró interés por el tope al precio, que veía como una idea de la era Biden, ni por ninguna otra actuación conjunta.
La bendición a nivel del G7 era por tanto poco probable, por no decir inverosímil.
La Comisión cambió rápidamente de tono. Pocos días después del anuncio de von der Leyen, el comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, aclaró que un acuerdo en el G7 no era una "condición absoluta" para imponer la prohibición de los servicios marítimos y prometió que el bloque no "rehusaría" avanzar por su cuenta.
La mayoría de los Estados miembros estuvo de acuerdo y vio el G7 como un elemento positivo, no como un requisito imprescindible.
Aun así, se consideraba esencial obtener el respaldo del Reino Unido por la posición de liderazgo mundial del país en los seguros de Protección e Indemnización (P&I) que necesitan los petroleros para cubrir sus responsabilidades en el mar.
Pero, a finales de mes, Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán, el estrecho de Ormuz se cerró y los precios del petróleo se dispararon. De repente, la idea de una prohibición de los servicios marítimos perdió gran parte de su atractivo.
La agitación de los mercados dio alas a Grecia y Malta, las voces escépticas en la mesa, que acogen poderosas industrias marítimas tradicionalmente implicadas en el comercio de energía rusa. Chipre compartía sus puntos de vista, pero mantuvo una postura neutral porque ostentaba entonces la presidencia rotatoria del Consejo de la UE.
El dúo mediterráneo alegó que la prohibición provocaría pérdidas para la economía europea y daría más fuerza a competidores extranjeros para hacerse con su negocio. Rusia, señalaron, recurriría a China e India para mantener su comercio de petróleo.
En las discusiones a puerta cerrada dejaron claro que, sin un acuerdo en el G7, vetarían la medida.
Los Estados miembros se tomaron en serio la amenaza. Cuando el paquete de sanciones se aprobó en abril, la prohibición de los servicios marítimos se adoptó solo en principio. Su activación se dejó en suspenso por tiempo indefinido, a la espera de "coordinación y consideración" en el seno del G7.
Los responsables de la Comisión insistieron en que la redacción jurídica era flexible y que la prohibición aún podía hacerse realidad. Pero las reservas de Grecia y Malta, la falta de interés de Estados Unidos y el silencio del Reino Unido, Canadá y Japón dejaron a Bruselas incómodamente sola.
Cuando von der Leyen presentóen junio el vigesimoprimer paquete de sanciones, no propuso activar la prohibición. De hecho, ni siquiera la mencionó. En su lugar, centró la atención en el tope al precio, el mismo que, solo unos meses antes, había intentado suprimir.
En la cumbre del G7 en Évian, Francia, el asunto ni siquiera se discutió.
La larga sombra de un veto
Hoy, la UE se encuentra con una sanción en el limbo y sin saber cómo, o siquiera si, debe seguir adelante.
Suecia y Finlandia, las defensoras más combativas, siguen instando al bloque a aplicar la prohibición. Los países bálticos, Polonia, Dinamarca y Países Bajos también respaldan el plan, al igual que Ucrania.
Todos consideran que los ingresos energéticos son el combustible indispensable de la maquinaria bélica rusa.
"Trabajar para lograr una prohibición total de los servicios marítimos es una parte crucial de este esfuerzo, ya que aumentaría sustancialmente los costes de transporte y garantizaría que ninguna entidad de la UE participe en el apoyo al comercio de petróleo, carbón o gas rusos", declaró a Euronews la ministra de Exteriores sueca, Maria Malmer Stenergard.
"Una prohibición total también sería más fácil de aplicar que el actual tope al precio del petróleo".
Grecia, Malta y Chipre, en cambio, se muestran inflexibles sobre la necesidad de un acuerdo en el G7, una condición que algunos diplomáticos consideran una táctica para garantizar que la prohibición nunca vea la luz.
Atenas, en particular, está dispuesta a emplear todas las herramientas a su alcance para proteger su industria.
Durante las caóticas negociaciones del vigesimoprimer paquete de sanciones, Grecia utilizó su poder de veto hasta que obtuvo una exención para seguir transportando gas natural licuado ruso a clientes de fuera de la UE después del 1 de enero de 2027, la fecha límite inicialmente prevista.
La controversia en torno al veto griego puso el foco en Dynagas, un proveedor de buques de GNL, y en su fundador, George Prokopiou. El multimillonario magnate controla también Dynacom, una empresa que suministra petroleros para el comercio mundial de petróleo de Rusia.
El 'Financial Times' calcula que navieras griegas como Dynacom han ganado al menos 3.800 millones de dólares (unos 3.350 millones de euros) transportando petróleo ruso en los últimos tres años. Ese flujo de ingresos continuará mientras Atenas siga frenando la prohibición.
La Comisión Europea está atrapada en el fuego cruzado. El Ejecutivo comunitario sigue defendiendo la sanción que propuso en su día, pero es consciente de que el impulso se ha desvanecido y de que las complejas circunstancias, dentro y fuera, la convierten en políticamente tóxica.
La persistente incertidumbre en Oriente Medio también complica el camino a seguir.
"Una prohibición de los servicios marítimos bien calibrada y bien aplicada reduciría la capacidad de Rusia para operar petroleros, elevaría los costes de transporte y alteraría las exportaciones de petróleo esenciales del Kremlin. Pero una prohibición abrupta podría impulsar los precios mundiales del petróleo, compensando en parte el impacto sobre los ingresos rusos", explicó Isaac Levi, analista sénior del Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio.
"La UE debería aprovechar en cambio esta extraordinaria palanca para hundir los ingresos de Rusia sin retirar su petróleo del mercado, aplicando rigurosamente el tope al precio", añadió Levi.
"Sin una aplicación seria, el tope al precio es un tigre de papel, como fijar un límite de velocidad sin cámaras, policía ni multas".