El nuevo modelo prevé 20.975 millones de euros adicionales en 2027 para las comunidades de régimen común y cuenta solo con el respaldo de Cataluña y Canarias.
El Consejo de Política Fiscal y Financiera ha aprobado este viernes la propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez para reformar el sistema de financiación autonómica, vigente desde 2009, pese al rechazo de todas las comunidades gobernadas por el Partido Popular y las socialistas de Castilla-La Mancha y Asturias. Cataluña y Canarias son las únicas autonomías que han respaldado el nuevo modelo.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
La Comunidad de Madrid no ha participado en la reunión después de pedir al resto de regiones gobernadas por el PP que tampoco acudieran para así tratar de bloquear la propuesta por falta de 'quórum'. Su ausencia no ha impedido la aprobación, ya que el Ministerio de Hacienda dispone de la mitad de los votos del órgano y el Gobierno apenas necesita del respaldo de una comunidad autónoma.
El modelo contempla una partida de 20.975 millones de euros adicionales para 2027, cuando podría entrar en vigor el nuevo modelo, hasta alcanzar un total de 224.507 millones de euros anuales para las comunidades de régimen común. Andalucía sería la principal beneficiaria, con 4.846 millones adicionales, seguida de Cataluña, con 4.686 millones; la Comunidad Valenciana, con 3.669 millones, y Madrid, con 2.555 millones.
La reforma eleva del 50% al 55% la participación autonómica en la recaudación del IRPF y del 50% al 56,5% en el IVA. Además, incorpora nuevos mecanismos de nivelación destinados a reducir las diferencias de financiación por habitante entre territorios.
El Gobierno deberá ahora aprobar el proyecto de ley orgánica y remitirlo al Congreso, donde requiere de una mayoría absoluta para salir adelante. El apoyo de Junts resultará clave para alcanzar esa mayoría, pero la formación ha anunciado que presentará una enmienda a la totalidad al considerar que el modelo no contempla un concierto económico específico para Cataluña.
En cualquier caso, el nuevo sistema tiene carácter voluntario, por lo que no tendrían por qué adoptarlo todas las comunidades autónomas en caso de que acabe siendo aprobado por el Congreso.