Antes, el aborto sólo era posible en caso de embarazo fruto de violación o incesto o en una situación de peligro extremo para la salud de la embarazada.
PUBLICIDADEl Gobierno polaco ha anunciado nuevas directrices destinadas a facilitar el acceso seguro al aborto, reafirmando la legalidad de este procedimiento tan controvertido. Según la legislación vigente, el aborto por motivos de salud está permitido, pero el anterior Gobierno conservador limitó algunas otras circunstancias.
Ello provocó protestas callejeras masivas y aumentó la reticencia de los médicos a exponerse a un posible procesamiento. El actual Gobierno del Primer Ministro Donald Tusk prometió liberalizar la ley para permitir el aborto hasta la duodécima semana de embarazo, pero esa propuesta no obtuvo por poco el apoyo necesario en el Parlamento.
"Estamos buscando formas de actuar, de acuerdo con la ley, que permitan el acceso al aborto legal a las mujeres que, por diversas razones, deberían tener derecho a este aborto", dijo Tusk.
Las directrices publicadas el viernes por el Ministerio de Sanidad dicen que la recomendación de un médico especialista, incluido un cardiólogo, endocrino o psiquiatra, es base suficiente para que una mujer obtenga un aborto legal en el hospital, y el médico que realice el procedimiento no debe ser procesable.
Antes, el aborto sólo era posible en caso de embarazo fruto de abusos sexuales o en una situación de peligro extremo para la salud de la embarazada. Las estrictas normas pasadas provocaron varias muertes en todo el país después de que los médicos se negaran a practicar un aborto por temor a ser castigados con penas de prisión.
Los médicos o personas que ayuden a procurar un aborto pueden enfrentarse a penas de hasta tres años de prisión. La mujer no será procesada.
La ministra de Sanidad de Polonia, Izabela Leszczyna, declaró que actualmente la mayoría de los médicos y hospitales no respetan la normativa que permite el aborto precoz basándose en la opinión de un médico, y a menudo buscan más opiniones cuando el tiempo apremia.
Los hospitales que se nieguen a practicar un aborto a una mujer con derivación médica, podrían ser multados con hasta 500.000 zlotys (unos 115.000 euros) o perder su contrato con el Fondo Nacional de Salud.
En 2020, un tribunal controlado por el anterior Gobierno de derechas abolió una disposiciónque permitía la interrupción del embarazo por defectos graves e irreparables del feto. Esta decisión provocó protestas en todo el país.