Irán ejecutó a dos hombres por las protestas de enero, mientras un tribunal de Teherán condenó a muerte a otras cuatro personas por un caso de protestas de 2022, en medio de la condena de la ONU.
Irán ha ejecutado al menos a dos personas en relación con las protestas de enero y la guerra en curso, mientras que un tribunal de Teherán ha condenado a muerte a otras cuatro por el supuesto asesinato de un estudiante de la milicia Basij durante las protestas de 2022.
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Un hombre identificado por la agencia Mizan, vinculada al poder judicial iraní, como Abbas Akbari Feyzabadi fue ahorcado tras ser declarado culpable de cargos que incluyen 'moharebeh' ("enemistad contra Dios") destrucción de bienes públicos, conspiración contra la seguridad nacional y otros delitos relacionados.
Las autoridades iraníes afirmaron que participó en ataques contra la oficina del gobernador en la ciudad de Nain durante las protestas de los días 8 y 9 de enero en la provincia de Isfahán, que formaban parte de las protestas nacionales desencadenadas en diciembre de 2025 por la persistente hiperinflación y el encarecimiento del coste de la vida, y que abrió fuego contra las fuerzas de seguridad.
Los responsables señalaron que la causa se basaba enpruebas, imágenes y confesiones, y que el Tribunal Supremo de Irán confirmó la condena antes de su ejecución. No se facilitó información independiente sobre el desarrollo del juicio, el acceso a asistencia letrada ni las circunstancias en que se obtuvieron las confesiones.
Por otra parte, Mojtaba Kian fue ejecutado el domingo acusado de "espionaje" para Israel y Estados Unidos. El poder judicial aseguró que había entregado información sobre las industrias de defensa de Irán a servicios de inteligencia extranjeros. La organización Iran Human Rights señaló que Kian era la primera persona detenida durante la guerra que comenzó con los bombardeos de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero en ser ejecutada, menos de 50 días después de su arresto.
Cuatro acusados en el llamado caso de Ekbatan Town, vinculado a las protestas nacionales de 2022 desencadenadas por la muerte de Mahsa Amini, fueron condenados a muerte por la Sala 15 del Tribunal Revolucionario de Teherán por el delito de 'efsad-e fel-arz', ("corrupción en la Tierra"). El juez Salavati presidió la causa.
Los condenados a muerte fueron identificados como Milad Armoon, Navid Najjaran, Mehdi Imani y Seyed Mohammadmehdi Hosseini.
Otros cuatro acusados recibieron penas de cinco años de prisión por reunión y confabulación, dos años por propaganda contra el Estado, y una prohibición de dos años de usar redes sociales y de residir en las provincias de Teherán y Alborz. Según Iran Human Rights, los fallos se comunicaron verbalmente a los acusados sin la presencia de sus abogados ni notificación previa.
La causa gira en torno al asesinato de Arman Aliverdi, un estudiante de seminario vinculado a la milicia Basij que resultó herido durante las protestas de noviembre de 2022 y murió dos días después. Las sentencias pueden recurrirse ante el Tribunal Supremo de Irán.
El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, dijo que estaba alarmado por la nueva ola de ejecuciones. "Los derechos del pueblo de Irán siguen siendo despojados con dureza y violencia por las autoridades", afirmó.
Las organizaciones de derechos humanos han reiterado que a los detenidos políticos en Irán se les niegan juicios justos y que las confesiones usadas como prueba en casos de pena capital se obtienen con frecuencia bajo coacción.
El jefe del poder judicial iraní, Gholamhossein Mohseni Ejei, rechazó las críticas. "En el juicio y el castigo legal de ese criminal cuyas manos están manchadas con la sangre de nuestro pueblo, desde luego no somos negligentes", afirmó.
Amnistía Internacional ha expresado su preocupación por lo que describió como "juicios flagrantemente injustos" en varios casos recientes.