Desde el 15 de julio del año pasado, Turquía ha sufrido la mayor purga política de su historia. Las víctimas de esta macrooperación represiva han sido fundamentalmente simpatizantes y seguidores del clérigo Fetullah Gülen, el enemigo íntimo de Recep Tayyip Erdogan. Acusadas de conspirar contra el Gobierno o de tener vínculos con organizaciones terroristas, más de 50.000 personas, como el entonces gobernador de Estambul, Hüseyin Avni Mutlu, han sido encarceladas.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
La purga ha alcanzado a todos los sectores del Estado: el militar, el político, el educativo… Más de 5.000 profesores han sido expulsados por decreto de colegios y universidades. Decenas de miles de funcionarios perdieron sus empleos de la noche a la mañana.
Mientras tanto, las autoridades han impuesto una severa mordaza informativa. En el último año, han cerrado 160 periódicos y estaciones de televisión, y más de 150 periodistas han sido enviados a prisión.
La misma suerte han corrido 169 generales, 98 coroneles, 7.000 oficiales de baja graduación, 8.000 policías y 24 gobernadores provinciales. El número de personas investigadas se dispara hasta 169.000. Solo 43.000 han sido puestas en libertad.
Tras el fallido golpe de Estado, el New York Times vaticinó lo que iba a ocurrir en Turquía: un contra-golpe de estado en el que un presidente más obsesionado que nunca con el control del poder iba a reprimir cualquier disidencia política o militar.