El Ejecutivo plantea acciones legales contra Autostrada Per L'Italia, bajo control de la familia Benetton, mientras que la empresa realizará un informa en el que detallará el mantenimiento realizado en el puente Morandi
PUBLICIDADLa indignación aumenta en Italia a medida que se van conociendo detalles sobre el historial del puente Morandi. Los políticos han culpado a la responsable de la gestión de la autopista, Autostrada Per L'Italia, y el Gobierno ha iniciado trámites para quitarle la concesión. Se trata de una empresa privatizada a comienzos de los noventa y que actualmente está bajo el control de la familia Benetton. Por el momento, hay 39 muertos por el derrumbe.
Los ciudadanos se quejan de que hay "poco mantenimiento" y de que "algo tan terrible tenga que suceder y la gente siempre tenga que morir para que las cosas cambien en Italia". Los hay que ironizan explicando que culparan al ingeniero que construyó el puente, ya fallecido, y que creen "todos los demás salvarán su pellejo". La gestión del medio millar de evacuados también está siendo objeto de crítica entre la población.
La concesionaria ha emitido un comunicado en el que garantiza que en cinco meses podrá probar que cumplía con sus obligaciones. Pero lo cierto es que el último informe sobre el mantenimiento del lugar siniestrado que salió a la luz en enero de este año carecía de exactitud. Por otro lado, varios ingenieros han puesto en duda la seguridad de esta infraestructura.
"Este puente estaba controlado por una empresa privada que gana miles de mil lones con uno de los peajes más caros de Europa. Evidentemente no hicieron lo que se supone que debían hacer, no gastaron el dinero que se suponía que debían gastar. Por lo tanto, revocar estas licencias, imponer las multas más altas posibles, presentar cargos civiles y penales contra aquellos que tienen estos muertos y heridos en su conciencia, es lo mínimo que podemos hacer", ha dicho Matteo Salvini, vicepresidente y ministro de Interior de Italia.
El vicepresidente italiano Luigi di Maio, por su parte, ha propuesto una sanción de 150 millones de euros para la empresa responsable del puente Morandi, inaugurado en 1967.