Rumanía, con problemas de corrupción, asume la presidencia de la UE

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Rumanía, que presidirá a partir del 1 de enero la Unión Europea (UE), es el tercer país con la renta más baja del club comunitario y el único del Este de Europa que vivió hace tres décadas una violenta revolución que puso fin a cuatro décadas de comunismo.

Con casi 20 millones de habitantes, es el país más grande de los Balcanes Occidentales y una vez superada la crisis financiera de 2008, para lo que necesitó ayuda del Fondo Monetario Internacional (FMI), ahora es uno de los países con mayor crecimiento en Europa.

El año pasado, el crecimiento económico de Rumanía fue del 7 %, con una tasa de desempleo del 4 %, lo que ha causado en ciertas regiones del país una notable escasez de mano de obra, acompañado por fuertes subidas salariales.

Pese a estos buenos datos macroeconómicos, Rumanía sigue siendo un país pobre, con una renta per cápita de unos 10.000 euros en 2017, un 40 % inferior a la media comunitaria, solo por delante de Croacia y Bulgaria.

La digitalización de la economía rumana vivió un fuerte impulso en los últimos años, incluyendo un importante sector informático, que ha sido el principal motor económico del país.

El país, que comparte fronteras con Ucrania y Moldavia al norte y este, con Hungría y Serbia al oeste, con Bulgaria al sur y que limita con el Mar Negro en el sureste, apenas se ha visto afectado por la ola migratoria desde los años 2015/16.

Mientras, la salida masiva de rumanos a Europa occidental, sobre todo a Italia, España, Alemania, Austria y el Reino Unido, continúa preocupando a las autoridades.

Para hacer frente a la falta de mano obra, el gobierno de centro izquierda, liderado por el populista partido socialdemócrata PSD, aprobó recientemente una subida del salario mínimo y las pensiones.

Además, se decidió bajar algunos impuestos al tiempo de imponer nuevas tasas a la banca y a las empresas energéticas, lo que provocó una caída de la bolsa en Bucarest superior al 10 % antes de Navidad.

Uno de los mayores problemas del país -miembro de la UE desde 2007 y de la OTAN desde 2004- es la rampante corrupción, sobre todo en la política.

Y precisamente en ese ámbito el gobierno socialdemócrata, liderado por la primera ministra, Viorica Dancila, está tratando de imponer reformas, según los críticos para socavar la independencia judicial y la lucha contra la corrupción.

Estos planes, impulsados por el "hombre fuerte" del PSD, Liviu Dragnea, que no puede asumir ningún cargo en el Gobierno precisamente por haber sido condenado por corrupción, han causado un enfrentamiento entre Bucarest y la Comisión Europea.

En medio de estas tensiones el euroescepticismo va en aumento en el país, según el último barómetro publicado por el Parlamento Europeo en septiembre pasado.

Rumanía registró la mayor caída del nivel de confianza hacia las instituciones comunitarias, un 49 %, diez puntos porcentuales menos que en marzo.

En cambio, un 64 % de los ciudadanos cree que el país balcánico se ha beneficiado como Estado miembro al apreciar mayores oportunidades de trabajo, crecimiento económico y la mejora de la calidad de vida.

Por el contrario, un 64 % de los rumanos se muestran insatisfechos sobre cómo funciona la democracia del país, donde un 75 % de la población dice no confiar en los partidos políticos.

Mientras, el pasado comunista del país sigue ocupando a la Justicia rumana, que acaba de acusar al expresidente Ion Iliescu de crímenes contra la humanidad por la muerte de casi 900 personas durante la sangrienta revuelta que derrocó el régimen autoritario del dictador Nicolae Ceausescu en diciembre de 1989.

Hasta el momento, apenas una treintena de personas -ninguna de máxima responsabilidad- han sido condenadas por la violencia ejercida entonces contra civiles, mientras que las víctimas se quejan del abandono por parte del Estado. Raúl Sánchez Costa. EFE