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COVID-19: ¿Y si la vacuna pagada con dinero público acabara en monopolio de una empresa privada?

COVID-19: ¿Y si la vacuna pagada con dinero público acabara en monopolio de una empresa privada?
Derechos de autor  Ted S. Warren/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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En 2016, el doctor Peter Hotez, presidente de la Escuela Nacional de Medicina Tropical en Houston y codirector del Centro para el desarrollo de vacunas del Texas Children's Hospital, estaba trabajando en una vacuna contra el coronavirus. El siguiente paso serían los ensayos con humanos, pero ningún inversor al que se acercó estaba interesado en financiar el proyecto.

Según Massimo Florio, Profesor de Ciencias Financieras de la Universidad de Milán, la historia de Peter Hotez, que testificó en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, cuenta cómo "a pesar de que hace casi veinte años desde la aparición del SARS Co-V (Coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave), la industria farmacéutica no ha considerado desde entonces como una prioridad invertir en estas enfermedades infecciosas".

Un análisis de inteligencia de Bloomberg ha demostrado que en el último año las 20 compañías farmacéuticas más grandes del mundo han lanzado alrededor de 400 nuevos ensayos de medicamentos: casi la mitad de éstos son anti-tumorales, y sólo 65 están destinados a tratar enfermedades infecciosas que se definen como menos gratificantes que las terapias a largo plazo, como las de la diabetes o el colesterol. De las 20 compañías farmacéuticas más grandes, sólo cuatro tienen una unidad de investigación de vacunas.

Según Florio, estas cifras se explican por el reconocimiento de que "el sistema de investigación actual es víctima de una contradicción incurable entre las prioridades de la ciencia para la salud y de la ciencia para el beneficio".

Para el profesor, "la emergencia que estamos experimentando debe ser una oportunidad para repensar las reglas que han definido el mercado farmacéutico en las últimas décadas".

¿Una vacuna al COVID-19 accesible a todos?

Según un informe de la OMS, actualmente se están llevando a cabo 62 programas de investigación en laboratorios de todo el mundo para encontrar una vacuna para el COVID-19, y aunque todavía no se sabe cuándo y quién tendrá éxito primero, muchas ONG y políticos se han adelantado pidiendo, con diferentes métodos, lo mismo: que el precio de la vacuna sea, de ahora en adelante, accesible a todos los servicios nacionales de salud.

A principios de marzo, por ejemplo, el Partido Demócrata de los Estados Unidos propuso incluir en el plan de emergencia para el COVID-19 un mecanismo para controlar el precio de una posible vacuna obtenida por una empresa farmacéutica gracias también a fondos públicos.

Recientemente, Costa Rica también ha hecho una propuesta a la OMS para crear un fondo común mundial para el COVID-19 en el que se puedan reunir todos los proyectos de propiedad intelectual e investigación. Posteriormente, la OMS puso en marcha un proyecto mundial denominado "Acceso al acelerador de herramientas COVID-19" para asegurar el intercambio de descubrimientos científicos para combatir el virus, aunque todavía no se ha especificado nada sobre la propiedad intelectual de las empresas farmacéuticas.

Para el Parlamento Europeo, la vacuna financiada públicamente debe permanecer en el dominio público

Mientras que en el Congreso de los Estados Unidos se rechazó la enmienda de los demócratas, el Parlamento Europeo aprobó el 17 de abril una resolución en la que se pedía que "toda investigación financiada con fondos públicos siguiera siendo de dominio público" en relación con la vacuna para el COVID-19. Antes de la votación, un grupo de diputados había escrito una carta a la Comisión Europea.

"Observamos con gran preocupación que, aunque la Comisión invierte más del doble que cualquier otro socio privado en los proyectos de investigación de la Unión para el COVID-19, no se han tomado medidas para garantizar que los resultados sean asequibles para todos los sistemas de salud", dice la carta. El texto advierte a la Comisión que no adopte, una vez más, el modelo de negocio de los años anteriores.

De hecho, en Europa, aunque existe una oficina central encargada de expedir patentes - la Oficina Europea de Patentes - es cada país el que individualmente, a través de sus organismos nacionales, como Aifa para Italia, se encarga de fijar el precio de un nuevo medicamento con la empresa. Por consiguiente, el resultado de las negociaciones puede variar de un Estado a otro y los países no están obligados a revelar el precio acordado con la empresa. Gracias a la patente -normalmente por un período de 20 años- la empresa tiene el monopolio del medicamento y puede pedir el precio que prefiera.

Algunos países han enmendado recientemente sus leyes pertinentes para facilitar el acceso a la vacuna cuando entre en el mercado. Alemania, por ejemplo, ha estipulado que el Ministro de Salud puede, en caso de que se declare una emergencia nacional, ejercer medidas de control sobre las patentes de medicamentos.

Canadá ha enmendado sus leyes para facilitar el uso de una licencia obligatoria. Este tipo de licencia permite al gobierno utilizar una patente sin obtener primero el consentimiento del titular de la patente - en este caso la compañía farmacéutica - mientras paga dinero.

En el pasado, algunos países han utilizado estrategias similares para tratar a sus ciudadanos. En 1997, por ejemplo, Sudáfrica aprobó una Ley de Medicamentos para importar medicinas para el VIH de los países que los producían al precio más bajo. En ese momento algunas de las mayores compañías farmacéuticas demandaron al gobierno pero luego, bajo presión pública, se echaron atrás.

Entre los firmantes de la carta a la Comisión Europea se encuentra Petra De Sutter, eurodiputada belga de los Verdes y presidenta de la Comisión de Mercado Interior, que explica: "No se trata de ignorar la necesidad de que las empresas obtengan beneficios, sino de repensar el papel del público, poniendo en primer lugar la necesidad del paciente y no la de la industria farmacéutica".

Petra De Sutter

Según De Sutter, es poco probable que la vacuna, una vez desarrollada, se ponga en el mercado a precios exorbitantes. "Entonces los gobiernos recurrirían a las licencias obligatorias, lo que siempre es una posibilidad cuando la salud pública está realmente en peligro. Además, se trata de vacunar a casi todo el mundo, por lo que el beneficio sería muy alto en cualquier caso".

Sin embargo, es importante que De Sutter hable de estos temas ahora, "porque una vez que la emergencia del coronavirus haya terminado, los problemas de nuestro mercado farmacéutico permanecerán".

Las grandes farmacéuticas invierten más en la compra de empresas de "bajo riesgo" que en la investigación.

Entre los problemas que destaca De Sutter está el uso de fondos públicos para la investigación.

Varias encuestas han demostrado que en los últimos años las empresas farmacéuticas tienden a invertir sólo en las etapas finales de la investigación, es decir, cuando parece estar asegurado el beneficio, mientras que las etapas iniciales se llevan a cabo gracias a los recursos de las universidades o asociaciones.

El resultado es que "el sector público financia la investigación de alto riesgo en las fases iniciales, mientras que los beneficios en las fases posteriores van de forma desproporcionada al sector privado", como se explica en un informe del UCL Institute for Innovation and Public Purpose por Mariana Mazzucato y Henry Lishi Li.

Una encuesta realizada por la Radio y Televisión de Suiza a principios de este año mostró que las grandes empresas farmacéuticas invierten mucho más en la compra de pequeñas empresas con medicamentos en una fase avanzada de desarrollo que en la investigación real.

El año pasado, el fármaco para la atrofia espinal Zolgensma, producido por Novartis y comercializado en los Estados Unidos, fue descrito por Forbes como el "fármaco más caro del mercado" con un precio de alrededor de dos millones de dólares por paciente. El precio exorbitante también había causado controversia debido a que el fármaco fue, en las fases iniciales, financiado por un laboratorio sin fines de lucro de la asociación francesa Telethon, que luego vendió la patente a una empresa incipiente comprada por Novartis.

El caso de Reino Unido

También en las últimas semanas en el Reino Unido, más de 20 asociaciones han escrito una carta al gobierno pidiendo que cualquier vacuna obtenida con fondos públicos no se convierta en un monopolio de una empresa privada.

Una protesta de ONG Just Treatment. Diarmaid McDonald es la portavoz de la asociación.

"Sin las precauciones adecuadas, veríamos un acceso diferenciado a los nuevos tratamientos para el COVID-19, como fue el caso de la gripe porcina en 2009, cuando los países más ricos fueron los primeros en conseguir la vacuna", dice el documento. La carta está firmada, entre otros, por Médicos sin Fronteras, que lleva semanas vigilando de cerca las implicaciones éticas del desarrollo de la nueva vacuna.

"Sabemos muy bien lo que significa no poder curar a la gente porque la medicina necesaria es demasiado cara", dijo la ONG en un comunicado.

Hace apenas un año, la asociación, junto con otras que trabajan en campos de refugiados en Grecia, utilizó por primera vez en Europa un mecanismo humanitario que le permitió vacunar a los niños contra la neumonía a un precio de 9 dólares por niño. A modo de comparación, el precio acordado por Grecia con Pfizer y GSK - los dos únicos fabricantes de la vacuna - para un tratamiento normal habría costado 168 dólares por niño.

Médicos sin Fronteras aprovechó la oportunidad para recordar que "alrededor de un tercio de los países del mundo no pueden permitirse incluir la neumonía entre sus vacunas estándar debido al precio demasiado alto que exigen las empresas farmacéuticas".

La firma de la carta dirigida al gobierno británico fue, entre otras, la ONG Just treatment (Tratamiento Justo). "Estamos asistiendo a una oleada de nuevos medicamentos, especialmente antitumorales, protegidos por patentes y con precios inalcanzables, y los signos actuales indican que la situación no puede sino empeorar", explica Diarmaid McDonald, portavoz de la asociación.

A lo largo de los años, la ONG ha apoyado varias batallas por el acceso a los medicamentos, la última hace apenas un año, cuando el sistema de salud británico no quiso pagar el precio de 104.000 libras esterlinas por paciente y año por Orkambi, un medicamento para la fibrosis quística producido por Vertex. El estancamiento de las negociaciones - ahora resuelto - había llevado a algunos padres de niños con la enfermedad a organizar un club de compradores y comprar el medicamento en Argentina, que había negado la patente a Vertex y organizado la producción de un Orkambi genérico al precio de 24 mil libras esterlinas.

Foto: Elena Kaniadakis
Simon Brasch, líder de Just treatment y paciente de hepatitis C.Foto: Elena Kaniadakis

"Just treatment también hizo campaña para el acceso al Sofosbuvir, el medicamento para la hepatitis c producido por Gilead", que en 2015 se pondrá en el mercado a un precio de hasta 40.000 euros por tratamiento, dice McDonald. En esa época, muchos servicios de salud europeos racionaron la medicina para mantener bajos los costos, poniéndola a disposición de los pacientes sólo en las últimas etapas de la enfermedad. Los otros no tuvieron más remedio que esperar.

Por ello, antes de que las agencias de medicamentos ampliaran el abanico de beneficiarios, muchas personas recurrieron a agencias de viajes que permitían a los pacientes ir a la India o a Egipto - un turismo de salud que publicitaba nada menos que el futbolista Lionel Messi - donde se le negaba el monopolio a Gilead y el medicamento genérico se producía a un precio mucho más asequible.

Me revisaron el hígado y me dijeron que estás bien por ahora, tendrás que esperar hasta que estés peor para recibir tratamiento.
Simon Brasch
Enfermo de hepatitis C

"Recuerdo bien cuando me examinaron para decidir si era apto para el tratamiento", dice Simon Brasch, uno de los pacientes de hepatitis C que tuvo que esperar para conseguir un medicamento que ya estaba disponible en el mercado. "Me revisaron el hígado y me dijeron: estás bien por ahora, tendrás que esperar hasta que estés peor para recibir tratamiento. Salí de allí y me pregunté: ¿qué tengo que hacer, beber dos vodkas al día para que mi hígado se degrade, para que finalmente pueda mejorar? Nunca hablamos de una sola medicina. Es todo el sistema el que necesita ser repensado", dice.

"La actual pandemia ha mostrado un espectacular fracaso de la investigación de la industria farmacéutica"

Según el profesor Massimo Florio "la actual pandemia ha mostrado un fracaso espectacular de la investigación de la industria farmacéutica. Por eso necesitamos una estructura pública europea que produzca medicamentos que no interesen al sector privado o que sólo existan en el mercado a precios exorbitantes".

La propuesta del profesor de una estructura pública europea para los medicamentos que vaya más allá del oligopolio farmacéutico se publicó en el Foro sobre Desigualdades y Diversidad.

En el siglo XIX el paludismo causó miles de muertes en Italia. Así que en Turín se abrió la planta química farmacéutica militar para producir, bajo la dirección de un coronel químico, la quinina, la única droga conocida entonces para combatir la enfermedad. Más tarde, con el desastre de Chernóbil, la planta - trasladada de Turín a Florencia - pudo producir 500.000 tabletas de yoduro de potasio, el fármaco para el cáncer de tiroides, en 24 horas.

Hoy en día la planta sigue activa y puede producir, entre otras cosas, cloroquina, una droga "descendiente" de la quinina. "Si, por ejemplo, se descubre hoy que la cloroquina se utiliza para combatir el coronavirus, estaríamos listos para producirla en grandes cantidades. Historias como la de la planta de Florio nos recuerdan que Italia no es ajena, por tradición, a la protección del derecho a la salud, pero en los últimos años la política ha eliminado estos temas de la agenda", recuerda Florio, y cierra con una advertencia.

"Hoy nos preguntamos cómo pudo suceder que economías aparentemente evolucionadas se hayan despertado no sólo sin vacunas y medicamentos, sino incluso sin respiradores y mascarillas. No debe volver a ocurrir nunca más".