La Justicia acusa a los informadores de distribuir información con llamamientos a tomar el poder estatal y de organizar acciones para incitar el odio y la discordia social.
PUBLICIDADEl Tribunal de la Ciudad de Minsk condenó este viernes a doce años de prisión a dos periodistas del mayor portal independiente bielorruso, Tut.by, desmantelado por la Justicia, por distribuir información con llamamientos a tomar el poder estatal y por organizar acciones para incitar el odio y la discordia social.
La juez Valyantsina Ziankevich leyó la sentencia tras dos meses de juicio a puerta cerrada contra la ex redactora jefa Marina Zolatova y la ex directora general Liudmila Chekina, informó la organización de derechos humanos Viasna en su cuenta de Telegram.
El portal Zerkalo, sucesora de Tut.by y registrado fuera de Bielorrusia, indicó que Zolotova fue hallada culpable de distribuir materiales con llamamientos públicos para la toma del poder estatal y cambiar por la fuerza el orden constitucional.
También la condenaron por haber hecho a través del medio de comunicación llamamientos a países extranjeros y organizaciones internacionales para que actúen en detrimento de la seguridad nacional de Bielorrusia y por promover acciones encaminadas a incitar el odio y la discordia social.
Chekina fue condenada por prácticamente los mismos cargos y también por evasión fiscal, según Zerkalo.
El 18 de mayo de 2021 se abrió el caso contra Tut.by, muy importante en la difusión de noticias sobre la represión de las protestas masivas contra el presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, tras las elecciones presidenciales de agosto de 2020, en las que el jefe de Estado se atribuyó un sexto mandato en unos comicios calificados de fraudulentos por la oposición y Occidente.
Las fuerzas de seguridad llegaron a las casas de algunos empleados del medio y de representantes de organizaciones asociadas, así como a las oficinas de Tut.by en Minsk y centros regionales. Ese día fueron detenidas 15 personas.
Marina Zolotova y Liudmila Chekina son las únicas acusadas en el caso que siguen encarceladas y son reconocidas como presas políticas.
El KGB bielorruso las incluyó en la lista de "personas involucradas en actividades terroristas".