"La anticoncepción forzada es la norma": Continúan los abusos a mujeres con discapacidad en Hungría
"Si la persona con discapacidad se sienta sin decir nada, el consentimiento se da por sentado". Un vacío legal permite las esterilizaciones forzadas en Hungría.
PUBLICIDADEntre las frías paredes de la institución, Tibor y Piroska llevan 23 años viviendo juntos en una pequeña habitación. Se conocieron en esta residencia para personas con discapacidad de Tordas, a una hora de la capital húngara, donde siguen residiendo.
Es la única institución del país que permitió la entrada de Euronews y uno de los pocos lugares que permite compartir habitación a parejas con discapacidad.
A pesar de llevar tanto tiempo juntos, Tibor y Piroska nunca pensaron en tener hijos. No por su discapacidad intelectual, sino porque creen que no viven en el lugar adecuado para formar una familia.
"Si no viviéramos aquí habríamos pensado en tener hijos, pero en una institución no es posible porque un niño necesita seguridad", dice Tibor.
La jefa de enfermeras de Tordas, Melinda Bartók, está de acuerdo con él. "No me imagino a un niño de tres años yendo a la guardería y que le pregunten dónde vive. Un bebé sano que crezca en una institución psiquiátrica va a partir con una gran desventaja".
De entre los 272 residentes, y con unas 50 parejas viviendo juntas, sólo cinco mujeres toman anticonceptivos en Tordas, según Bartók. Aún así, asegura que "en los últimos 20 años no ha habido nacimientos ni abortos".
"Es extraño que en instituciones donde viven 200 ó 300 personas con discapacidad no haya ningún embarazo", afirma Sándor Gurbai, portavoz de la Fundación Validez.
"La anticoncepción forzada es la norma. No está escrito en el contrato que firman los internos, pero hay un acuerdo verbal. Si no, no te admiten", añade.
A sus 58 años, Piroska ya no necesita anticonceptivos, aunque solía tomarlos a diario.
"Tomaba Ovral, píldoras rosas y píldoras blancas", dice. A veces también le ponían inyecciones, añade, y no era algo que ella pudiera decidir. "No, me las recetaba el neurólogo".
La institución está alerta, y cada vez que un chico y una chica se acercan activan su protocolo.
"No podemos fingir que no nos hemos dado cuenta. Así que informamos a los padres y ellos saben exactamente que nos basta con un movimiento de cabeza para saber lo que tenemos que hacer", dice la enfermera.
"Así que pasamos a llevarla a una exploración ginecológica. Después de hacérsela, le recetan anticonceptivos", añade.
Resquicios legales
"La vida en las instituciones para personas con discapacidad es represiva", afirma el abogado húngaro y activista de ONG Tasz Kristoff Kornyei.
"Ni siquiera se plantea la cuestión de si las personas con discapacidad deben tener familia, ya que ellas mismas son tratadas como niños", añade.
Cuando la residente no puede tomar anticonceptivos, las instituciones recurren a la esterilización.
En Tordas, 15 mujeres tuvieron que someterse a una ligadura de trompas, práctica permitida por la ley en Hungría, uno de los tres únicos países de la UE -junto con Portugal y la República Checa- que no penaliza la esterilización de menores.
La ley dice que en los casos de esterilización, el juez debe escuchar a la paciente y a sus tutores, pero cuando la discapacidad de la mujer le dificulta expresarse oralmente, "la decisión del tutor es la que sirve de guía", dice la enfermera.
PUBLICIDADAunque sobre el papel la ley húngara parece muy restrictiva, los expertos denuncian que en la práctica no es así.
"El juez debe escuchar a la mujer con discapacidad, pero no se especifica cómo debe hacerse", dice Sándor Gurbai, portavoz de la Validity Foundation.
Además, en algunos casos, el texto no exige el consentimiento de la afectada, sino que establece que ésta no puede oponerse. "Si la persona discapacitada se sienta sin decir nada, el consentimiento se da por sentado", añade.
Gurbai subraya que también hay una laguna en la ley, ya que en los casos en los que se considera que el embarazo supone un riesgo para la vida de la persona, el juez no está obligado a pedir su aprobación, por lo que se produce la esterilización forzosa.
Otros actos de la legislación son "increíblemente subjetivos y perjudiciales", según el Foro Europeo de la Discapacidad.
PUBLICIDAD"El sistema judicial tiene en cuenta una serie de factores, entre ellos si se considera que alguien es incapaz de criar a un hijo o la asunción de que un niño nacido de una persona que califican de 'incapaz' probablemente sería también 'gravemente discapacitado'", afirma Catherine Naughton, directora de la organización europea.
"Ellos son los que valoran si la persona sería capaz de criar al niño y si su hijo sería discapacitado, y deciden en su nombre, lo que obviamente es muy perjudicial", añade.
Las esterilizaciones aumentan la impunidad de los abusos
En las instituciones se producen abusos sexuales, según confirmaron a Euronews varios médicos, y el embarazo es a menudo la única forma de detectarlos.
Por eso las organizaciones cuestionan la finalidad de la esterilización.
"Los médicos dicen que las esterilizaciones se hacen para proteger a estas mujeres, pero ¿protegerlas de qué? ¿De un embarazo en caso de violación?", afirma Marie Rabatel, presidenta de la Asociación Francesa de Mujeres Autistas.
PUBLICIDADPor otra parte, los médicos justifican su decisión: "El trauma para estas mujeres no es ser violadas, sino el embarazo", refuta la jefa de la unidad de ginecología de un hospital español, que prefiere no revelar su identidad.
Las organizaciones no entienden por qué los Gobiernos no invierten recursos en proteger a este colectivo, "uno de los más vulnerables", según sus propias palabras.
Este reportaje fue producido con el apoyo de la organización Journalismfund Europe.
