El uso de las restricciones con motivo de los Juegos Olímpicos parece tener un alcance sin precedentes, afirman algunos juristas. El poder en cuestión se conoce como "medida individual de control y vigilancia administrativa", en virtud de la ley antiterrorista francesa.
PUBLICIDADLas autoridades francesas están haciendo un uso sin precedentes de los poderes discrecionales que les confiere una ley antiterrorista para mantener alejados de los Juegos Olímpicos a cientos de personas que consideran amenazas potenciales para la seguridad.
Muchos de los afectados por las medidas son minorías procedentes, en su mayoría, de antiguas colonias francesas. A esas personas se les prohíbe salir de sus barrios y se les obliga a presentarse diariamente ante la Policía.
Entre quienes tienen restringidos sus movimientos, con órdenes que no requieren la aprobación previa de los jueces, se encuentra un ciudadano que tuvo problemas de salud mental en el pasado, y que, ahora, recibe tratamiento.
También carecen de libertad de circulación un estudiante de empresariales que cree que se le ha puesto en el punto de mira, en parte, porque es musulmán y su padre nació en Marruecos, y un conductor de una empresa de reparto de comida halal que corre el riesgo de perder su trabajo porque se le ha prohibido alejarse demasiado de su domicilio, señalan sus abogados.
Entre los afectados también se encuentra Amine, un estudiante de finanzas que ahora tiene prohibido salir del suburbio en el que reside, al sur de París, excepto para presentarse a las 18:30 todos los días en una comisaría local.
Este joven de 21 años, nacido en Francia, no tiene antecedentes penales ni ha sido acusado de ningún delito, según él y su abogado.
Amine cree que los servicios de inteligencia franceses lo han confundido con otra persona que publicó imágenes de decapitaciones y amenazas contra personas del colectivo LGTBIQ+ en una aplicación para compartir vídeos.
El ministro francés del Interior, Gérald Darmanin, afirma que las restricciones pretenden evitar que personas "muy peligrosas" atenten contra los Juegos Olímpicos.
Darmanin asegura que este año las medidas han sido aplicadas a más de 500 personas como parte de los preparativos de seguridad de Francia para los Juegos 2024 y el relevo de la antorcha olímpica, que tuvo lugar antes de la ceremonia de apertura del evento.
Una herramienta 'terriblemente peligrosa'
El uso de las restricciones con motivo de los Juegos Olímpicos parece tener un alcance sin precedentes, afirman algunos juristas. El poder en cuestión se conoce como "medida individual de control y vigilancia administrativa", en virtud de la ley antiterrorista francesa.
Más de 500 personas han visto restringidos sus movimientos este año y, según Darmanin, ahora quedan menos de 200 durante los Juegos. Eso contrasta con las 205 personas sometidas a restricciones en los primeros 26 meses de entrada en vigor de la ley de 2017, según un informe del Senado francés de 2020.
"Realmente, la situación está directamente relacionada con los Juegos Olímpicos", indica la abogada Margot Pugliese. La letrada ha descrito el poder aplicado como "un horror" y como "el fracaso total del estado de derecho", porque solamente se pueden impugnar ante los tribunales después de que se hayan aplicado.
"Es una herramienta terriblemente peligrosa siempre que haya un gobierno represivo", afirma Pugliese.
Los abogados afirman que algunos de sus clientes carecen de antecedentes penales y solamente tienen tenues vínculos con presuntos extremistas. De aquellos letrados con los que han hablado periodistas de la Agencia AP, aproximadamente la mitad de sus clientes son inmigrantes, la mayoría con raíces familiares en el norte de África.
Darmanin afirma que no se está señalando a las minorías, y que las personas sospechosas de extremismo de izquierdas o de derechas también están bajo vigilancia.
PUBLICIDADAnte el temor a atentados terroristas, las autoridades francesas han reforzado notablemente la seguridad con motivo de los Juegos Olímpicos.
El esfuerzo preventivo antiterrorista también incluye el uso liberal de los poderes policiales para restringir los movimientos de las personas que el Ministerio del Interior considera amenazas potenciales.
Las medidas solamente pueden impugnarse posteriormente ante los tribunales, algo que ya están haciendo algunos de los afectados; varios de ellos, con éxito.
La ley antiterrorista faculta al ministro del Interior de Francia para restringir los movimientos de cualquier persona cuando existan "razones fundadas" para creer que constituye una grave amenaza para la seguridad y tiene vínculos o simpatiza con el terrorismo.
PUBLICIDAD