El sistema político estadounidense ha sido diseñado para evitar el autoritarismo, pero ¿hasta qué punto son útiles sus sistemas de control?
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Cuando los padres fundadores establecieron la Constitución de Estados Unidos, pretendían limitar el poder del presidente, rompiendo así con la tradición monárquica. El día de las elecciones, más de 200 años después, estas estructuras siguen en pie, con el Gobierno estadounidense dividido en tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial.
El poder legislativo engloba el Congreso, formado por la Cámara de Representantes y el Senado, mientras que el poder judicial incluye el Tribunal Supremo y el sistema de tribunales federales. El poder ejecutivo, por su parte, incluye al presidente, al vicepresidente y a su Gabinete.
En lo que respecta al papel del presidente, no sólo es el Jefe de Estado, sino también el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. El presidente también es responsable de hacer cumplir las leyes redactadas por el Congreso. Para ello cuenta con la ayuda del Gabinete, cuyos miembros nombra.
El máximo cargo conlleva el poder de vetar las leyes promulgadas por el Congreso, aunque el poder legislativo puede anular este veto con el voto de dos tercios de ambas cámaras.
Además, un presidente de EE.UU. tiene poder para conceder indultos por delitos federales, firmar tratados con potencias extranjeras (ratificados por el Senado) y emitir órdenes ejecutivas. Una orden ejecutiva es una orden del presidente, aunque estas órdenes no pretenden crear nuevas leyes ni violar la legislación vigente. Las órdenes ejecutivas también pueden ser impugnadas legalmente si violan la Constitución.
Poderes de emergencia
A propósito de los poderes presidenciales, Donald Trump aceleró el pulso cuando sugirió que sólo sería un "dictador" el "primer día" de un posible segundo mandato. Recreando un intercambio con un presentador de 'Fox News', Trump dijo: "'No vas a ser un dictador, ¿verdad?'. Le dije: 'No, no, no, salvo el primer día. Vamos a cerrar la frontera, y vamos a perforar, perforar, perforar. Después de eso, no soy un dictador'".
Trump estaba sugiriendo que sólo sobrepasaría los controles para crear una frontera sólida entre México y Estados Unidos. Aunque el término "dictador" puede haber sido utilizado en broma, Trump, de hecho, ya ha sobrepasado los límites de los poderes presidenciales.
Durante su primer mandato, el candidato republicano desvió fondos militares para construir partes del muro fronterizo con México. Esto ocurrió después de que el Congreso se negara a ofrecer la financiación solicitada, lo que llevó a Trump a declarar una emergencia nacional para eludir esta decisión.
En ese momento, la presidenta Nancy Pelosi y el senador Chuck Schumer dijeron en una declaración conjunta que se trataba de "una toma de poder por parte de un presidente decepcionado, que se ha salido de los límites de la ley para tratar de conseguir lo que no logró en el proceso legislativo constitucional." Un tribunal federal de apelaciones dictaminó en 2020 que esta medida de la administración Trump era ilegal.
En otro ejemplo, Trump instó al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a investigar a su rival político y presidente en ejercicio, Joe Biden, y a su hijo. También ha presionado al Departamento de Justicia para que investigue a quienes considera enemigos políticos, como la ex legisladora republicana Liz Cheney y los trabajadores electorales.
El libro del Juicio Final de Estados Unidos
Conocidos informalmente como el 'Libro del Juicio Final de Estados Unidos', los Documentos Presidenciales de Acción de Emergencia (PEAD, por sus siglas en inglés) contienen órdenes ejecutivas, proclamaciones y mensajes al Congreso preparados en previsión de emergencias. El contenido de estos documentos no está a disposición del público ni del Congreso, sino que sólo se comparte cuando es necesario.
Durante el primer mandato de Trump, la revista 'Time' informó de que el personal de seguridad nacional le impidió conocer "todo el alcance de estas interpretaciones de la autoridad presidencial, preocupados de que pudiera abusar de ellas", citando entrevistas con funcionarios de seguridad nacional.
También cabe señalar que los límites de la impunidad para un presidente estadounidense también han cambiado desde entonces. A principios de este año, el Tribunal Supremo dictaminó, por seis votos contra tres, que los presidentes pueden reclamar cierta inmunidad frente a procesos penales relacionados con acciones llevadas a cabo durante su mandato.
Según una encuesta de la 'PBS' publicada en abril, sólo dos de cada diez estadounidenses dijeron que sería "positivo" que el próximo presidente pudiera cambiar de política sin tener que consultar al Congreso o a los tribunales. Aun así, casi seis de cada 10 republicanos dijeron que sería bueno que Trump tuviera este tipo de poder si fuera reelegido.
Si Biden fuera reelegido (Harris aún no era la candidata demócrata en el momento de la encuesta), cuatro de cada 10 demócratas pensaban que sería positivo que pudiera actuar unilateralmente. Aunque eludir al Congreso puede mejorar la eficacia, el poder legislativo actúa como barandilla de seguridad contra el abuso de poder.