Ecuador aprueba una polémica ley sobre áreas protegidas que permite su gestión a entidades privadas. Los líderes indígenas y ecologistas la critican por el riesgo del acaparamiento de tierras y daño ambiental, y amenazan con acciones legales.
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El gobierno de Ecuador aprobó una nueva ley que regula las áreas protegidas, desatando fuertes críticas de líderes indígenas, juristas y defensores del medio ambiente, quienes argumentan que viola la protección nacional e internacional. La ley, aprobada el jueves por 80 votos a favor y 23 en contra en la cámara de 151 escaños, permite a entidades privadas –incluidas empresas extranjeras– participar en la gestión de zonas de conservación.
Las autoridades afirman que la medida reforzará la supervisión de las tierras protegidas, aumentará la seguridad de los parques, apoyará el ecoturismo y frenará la minería ilegal, manteniendo al mismo tiempo la prohibición de las actividades extractivas. Sin embargo, los críticos advierten que la ley podría facilitar el acaparamiento de tierras, debilitar las salvaguardias constitucionales y provocar una mayor degradación del medio ambiente. También acusan a los legisladores de impulsar el proyecto sin consultar a las comunidades afectadas.
"Vandalismo constitucional" y violaciones de acuerdos internacionales
"Esto es vandalismo constitucional", afirmó Oscar Soria, codirector ejecutivo del grupo de política internacional 'The Common Initiative'. "Ecuador ha destrozado su credibilidad internacional y se ha invitado al aislamiento de la comunidad global". Los opositores también aseguran que la ley viola al menos 15 acuerdos internacionales, incluyendo el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
"Los legisladores de Ecuador reabrieron una herida histórica", afirmó Justino Piaguaje, líder del pueblo Siekopai y responsable de la organización indígena NASIEPAI. Piaguaje tachó la ley de "peligrosa e inconstitucional" y afirmó que no solo refuerza las violaciones sistémicas de los derechos indígenas, sino que "perpetúa activamente un legado de desposesión y violencia que se remonta a la época colonial". "Amenaza nuestra supervivencia y profana la dignidad del pueblo ecuatoriano", sentenció.
Por su parte, Valentina Centeno, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico del Parlamento, insistió en que la ley no abre la puerta a las industrias extractivas y que incluye una disposición "que las prohíbe explícitamente". Aun así, los líderes indígenas afirman que el proceso careció de transparencia y obvió un diálogo significativo con sus comunidades. Las organizaciones indígenas han prometido llevar el caso al Tribunal Constitucional de Ecuador y a foros internacionales.