El inmigrante, convertido en símbolo de la dura política migratoria de Donald Trump, fue detenido en Baltimore tras salir de prisión en Tennessee. Sus abogados denuncian que enviarlo a Uganda sería una represalia y un riesgo de persecución, mientras una jueza federal impide su expulsión.
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Kilmar Abrego García, un inmigrante salvadoreño cuyo caso se ha convertido en un símbolo de la agenda dura contra la inmigración del presidente Donald Trump, intenta reabrir su proceso de asilo en Estados Unidos después de que las autoridades federales intentaran deportarlo nuevamente, esta vez a Uganda.
Abrego García, de 30 años, fue detenido el lunes en Baltimore por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), apenas tres días después de salir en libertad de una cárcel en Tennessee. El Gobierno de Trump lo señala como miembro de la pandilla MS-13, una acusación que él niega, y asegura que representa un peligro para la seguridad pública.
El joven llegó a EE.UU. en 2011 para reunirse con su hermano, que es ciudadano estadounidense. En 2019, un juez de inmigración le negó el asilo por haberlo solicitado fuera del plazo legal, pero le concedió protección contra la deportación a El Salvador al reconocer que enfrentaba amenazas creíbles de violencia en su país natal. Esa decisión lo dejó bajo supervisión federal, con permiso de trabajo, y viviendo con su esposa estadounidense y sus hijos en Maryland.
Pese a esa orden, en marzo pasado la Administración Trump lo deportó a El Salvador, en violación del fallo judicial. Tras una demanda presentada por su esposa y una orden del Tribunal Supremo, el Gobierno se vio obligado a traerlo de vuelta a EE.UU. en junio. Poco después fue acusado de tráfico de personas, un cargo que él rechaza y considera un castigo por impugnar su deportación.
Un nuevo intento de expulsión
Tras ser liberado de la cárcel en Tennessee el viernes pasado, el Gobierno movió ficha de inmediato y ordenó su deportación a Uganda, país con el que no tiene vínculo ninguno. Sus abogados sostienen que se trata de una represalia por haber resistido las deportaciones anteriores y por negarse a declararse culpable de los cargos de contrabando.
El equipo legal de Abrego García argumenta que enviarlo a Uganda equivaldría a exponerlo a persecución y tortura, por lo que busca que se le conceda nuevamente asilo en Estados Unidos o, en caso de deportación, ser enviado a Costa Rica.
La jueza federal Paula Xinis, en Maryland, dictaminó que el Gobierno no puede expulsarlo mientras se resuelve la demanda presentada por su defensa, que reclama su derecho constitucional a impugnar la deportación. El Departamento de Justicia ha expresado su desacuerdo con la decisión, pero aseguró que acatará la orden.
La magistrada no decidirá si Abrego García recibe o no asilo, sino si puede ejercer su derecho a un proceso justo. El fondo del caso será analizado por un juez de inmigración, dependiente del Departamento de Justicia, bajo una Administración que ha intensificado los despidos de jueces migratorios y endurecido el sistema.
Por ahora, Abrego García permanece en Estados Unidos a la espera de un juicio por tráfico de personas previsto para enero, al tiempo que prepara su defensa en el complejo proceso migratorio que mantiene en vilo a su familia.