La capital ecuatoriana acogió el jueves una protesta contra el Gobierno, que mantiene un duro despliegue militar desde su reelección y ha propuesto una polémica ley contra organizaciones extranjeras, además de recortes salariales o laborales. Noboa contraatacó con una marcha paralela en Guayaquil.
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Cientos de personas protestaron este jueves contra el Ejecutivo de Daniel Noboa en las calles de Quito, reclamando a los tribunales que declaren inconstitucionales una serie de leyes promovidas por el presidente ante la posible vulneración de derechos fundamentales.
La movilización se desarrolló por las calles del casco histórico capitalino hasta llegar a la Plaza de Santo Domingo, a pocos metros del Palacio de Carondelet, donde se encuentra la sede de la presidencia. Las fuerzas del orden reprimieron el avance de los manifestantes con forcejeos, vallas antidisturbios y gases lacrimógenos. Por el momento, se desconoce el número de heridos o detenidos.
A finales de julio, el conservador Noboa remitió a las cortes ecuatorianas un proyecto de ley para controlar los fondos extranjeros de fundaciones, sociedades u ONG, similar a leyes aprobadas por Estados con un autoritarismo creciente como Hungría o El Salvador. La medida obliga a estas organizaciones a presentar informes financieros, detallar los orígenes de sus recursos o identificar a sus beneficiarios, lo que podría utilizase para fiscalizar a grupos opositores o humanitarios.
Noboa, en su segundo mandato iniciado en mayo, ha impuesto medidas de austeridad que provocaron miles de despidos en el sector público y desataron movilizaciones en un país ampliamente militarizado desde su primera gestión, profundizando el proceso iniciado por Guillermo Lasso.
El Gobierno asegura que su prioridad sigue siendo la lucha contra el crimen organizado mientras la violencia aumenta en todo Ecuador. El refuerzo policial y militar ordenador por el mandatario -heredero del grupo agrario más importante de Ecuador- para combatir a las mafias ha provocado graves violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas del Ejército, según la ONG Human Rights Watch, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y malos tratos.
Noboa responde a las protestas con una marcha en Guayaquil
El presidente encabezó el jueves una contramanifestación en la ciudad más poblada de Ecuador, donde defendió una consulta popular que tiene previsto realizar a finales de noviembre. Lo hace tras una derrota parcial ante los altos tribunales del país: la Corte Constitucional rechazó cuatro de las preguntas planteadas por su Gobierno.
El Tribunal negó la posibilidad de que los magistrados del organismo puedan ser sometidos a juicio político; de eliminar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (que, entre otras funciones, nombra al fiscal general); de reabrir casinos y salas de juego y, finalmente, aplicar la castración química a aquellos condenados por violación.
La Corte sí aprobó dos preguntas para la futura consulta: una acerca de si los ecuatorianos están de acuerdo con que exista la contratación laboral por horas en el sector turístico, y otra sobre la reducción del número de miembros de la Asamblea Nacional. El organismo ya avaló en agosto el restablecimiento de bases militares extranjeras en el país para combatir la violencia del crimen organizado.
En el poder desde 2023, Noboa consiguió un año después -en otra consulta popular- legalizar la extradición de investigados e incrementar las penas para los delitos de narcotráfico y terrorismo.