Miles de presos estarían sometidos a trabajos sistemáticos en condiciones cercanas a la esclavitud, según una nueva investigación publicada este lunes. La Unión Europea importa carbón y puros procedentes de estas instalaciones, asegura Prisoners Defenders.
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Decenas de miles de reclusos en la isla de Cuba estarían siendo obligados a producir bienes de consumo, destinados no solo a la economía nacional sino también para ser exportados, en particular a Europa.
Así lo asegura la ONG Prisoners Defenders tras la publicación de un detallado informe. Este está basado en documentos oficiales cubanos verificados por el Institute for Crime and Justice Policy Research de la Universidad Birkbeck de Londres, además de investigaciones sobre el terreno y testimonios de reclusos y expresidiarios.
El informe estima que 60.000 reclusos -incluidos presos políticos- están sometidos a trabajos forzados en Cuba en condiciones que rozan la esclavitud. El informe ofrece una visión detallada de un sistema de trabajo forzoso a gran escala, organizado dentro de una red de 242 centros penitenciarios, incluidas las prisiones tradicionales, pero también los denominados "campamentos" o "granjas" al aire libre.
Las tareas impuestas a los presos varían. El régimen impone trabajos agrícolas, industriales o de construcción, pero también tareas de recogida de basuras y la limpieza de calles, hospitales o centros policiales. Los testimonios recopilados por la investigación describen unas condiciones de trabajo penosas y una vida cotidiana llena de privaciones, acoso y violencia, todo ello bajo estrecha vigilancia.
"Nos obligan a trabajar de la mañana a la noche bajo un sol abrasador, sin suficiente agua ni comida. Si te niegas hay violencia inmediata. Varios de mis compañeros se desplomaron de agotamiento; a otros los encerraron en régimen de aislamiento durante días solo por hablar", recuerda Jorge, un expreso político.
"Trabajamos descalzos en los cañaverales, bajo la lluvia y el calor: es como ser esclavo", dice María, expresidiaria. "No hay compensación, no hay respeto. Es una vida de sufrimiento en la que cada día te preguntas si saldrás adelante". Además de la falta de herramientas adecuadas y las mínimas condiciones de seguridad, que provocan numerosas lesiones, la gran mayoría de los testigos denuncian un grave deterioro de su salud como consecuencia del trabajo forzado y la falta de atención médica.
Algunas de las actividades más arduas impuestas a los presos incluyen la producción de caña de azúcar y, especialmente, de carbón vegetal a partir de madera de marabú, el principal producto agrícola producido por los presos, según el informe. "Para producir carbón, dormimos en el campo, sin cama ni techo. Tenemos que construir chozas improvisadas y sólo se nos permite dormir sobre fardos de paja... Solo podemos beber agua sucia de un abrevadero o de las vacas de la granja vecina", asegura otro preso anónimo.
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La producción de estas instalaciones se destina en gran parte a la exportación, según la investigación. Según el informe de Prisoners Defenders, que cita datos del Observatorio de la Complejidad Económica (OCE) y del Banco Mundial, en 2023, "el carbón vegetal producido por el trabajo esclavo fue el sexto producto más exportado de Cuba", convirtiéndose en el noveno exportador de carbón vegetal del mundo.
Entre los principales destinos figuran España, Portugal, Grecia, Italia y Turquía, pero el carbón vegetal fabricado en las prisiones cubanas está presente en todos los países europeos, según las conclusiones del informe. Otro sector lucrativo del comercio carcelario es el del tabaco y, más concretamente, la producción de los emblemáticos puros de la isla caribeña.
"El trabajo forzoso afecta al sector cubano de producción de tabaco y puros habanos, controlado por Tabacuba, de forma mixta entre civiles especializados y presos sometidos a trabajos forzosos", afirma Prisoners Defenders, basándose en numerosos testimonios y en una auditoría realizada en siete prisiones cubanas.
El estudio cita el ejemplo de la fábrica de puros de la prisión de alta seguridad de Quivicán, al sur de La Habana, donde trabajan 40 reclusos supervisados por dos civiles especializados. Los presos trabajan hasta 15 horas diarias, excepto los domingos por la tarde, sin descansos. Cobran poco más de seis euros al mes, frente a los cerca de 100 euros que cobran los trabajadores ajenos a la plantilla de la prisión.
Según la información recabada por la ONG, las fábricas de puros ubicadas en muchas prisiones cubanas representan una gran proporción de la producción para la exportación. La Unión Europea es su mayor mercado. La producción carcelaria de puros cubanos, al igual que el carbón de marabú, representa un negocio muy lucrativo para el Gobierno cubano, cuyos márgenes brutos son de casi el 100% en las exportaciones a Europa, subraya esta investigación.
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Esta situación también supone un negocio lucrativo para los distribuidores e importadores extranjeros, sobre todo europeos, que se benefician directa o indirectamente de la mano de obra de los trabajadores penitenciarios cubanos.
La opacidad de las cadenas de suministro y los canales de distribución, que a veces pasan por filiales o socios comerciales locales, dificulta la trazabilidad de los productos y, en consecuencia, la rendición de cuentas de las empresas extranjeras. Prisoners Defenders ha instado a la comunidad internacional a actuar para poner fin al trabajo forzoso, prohibido por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Organización Internacional del Trabajo y el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Entre las medidas concretas recomendadas por la ONG figuran el establecimiento de un embargo selectivo sobre los productos fabricados con trabajo forzoso, en particular los exportados a Europa, y la suspensión de cualquier acuerdo comercial o de cooperación con Cuba mientras persista el trabajo forzoso.
A falta de ello, sin embargo, las líneas se han desplazado en el seno de las instituciones europeas. El pasado mes de noviembre, el Consejo Europeo adoptó un reglamento que prohíbe la comercialización, importación y exportación en la UE de productos fabricados utilizando trabajo forzoso, independientemente del país de origen. Este reglamento, que entró en vigor en diciembre de 2024, está lejos de concretarse. Los Estados miembros de la UE tienen hasta diciembre de 2027 para empezar a aplicarlo.