Sébastien Lecornu ha anunciado que quiere limitar las ventajas vitalicias de las que disfrutan las antiguas figuras del Gobierno, incluidos los expresidentes y los ex primeros ministros, a partir del próximo 1 de enero.
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Al tiempo que trabaja en la elaboración de una nueva propuesta de presupuesto y en la formación de su Gobierno, el nuevo primer ministro francés, Sebastien Lecornu, ha anunciado que quiere acabar con algunas de las prebendas vitalicias a las que tienen derecho los antiguos presidentes, ex primeros ministros algunos y algunos ministros, como el de Interior.
"No se puede pedir a los franceses que hagan esfuerzos si quienes están al frente del Estado no los hacen. Las reformas no siempre pueden ser para los demás, ya que esto crea sospechas", declaró en una entrevista concedida a la prensa regional este fin de semana.
Lecornu reafirmó sus palabras mediante un tuit este lunes: "Si bien es normal que la República proteja a las personas que están bajo amenaza, es inconcebible que se beneficien de ventajas de por vida debido a un estatus temporal".
Según fuentes de la cartera de Interior, citadas por 'France Info', este ministerio aboga por una revisión caso por caso de la protección policial otorgada a los exministros afectados.
¿De qué ventajas estamos hablando?
Hasta ahora, los expresidentes de Gobierno disfrutaban de varios beneficios, entre ellos la protección policial proporcionada por el Servicio de Protección (SDLP), en función de los riesgos asumidos. La novedad sería que esta seguridad quedaría limitada a un periodo de tres años, renovable únicamente en caso de amenazas concretas. También cuentan con un secretario particular durante diez años, o hasta cumplir los 67 años, un aspecto que no sufriría modificaciones.
Otro de los privilegios era disponer de un coche oficial con chófer, financiado por el Estado y disponible de por vida y en cualquier momento. Sin embargo, esta ventaja se reduciría ahora a solo diez años. Finalmente, se mantenía el derecho a recibir una indemnización de 15.000 euros brutos durante los tres meses posteriores a dejar el cargo.
En 2024, el costo anual para el Estado de los beneficios concedidos a los antiguos presidentes de Gobierno y ministros se estimaba en cerca de 4,4 millones de euros, de los cuales casi la mitad se destinan a los gastos de protección policial.
Este sistema no se aplica a los ex primeros ministros que disponen de dichos recursos a través de cargos parlamentarios, cargos electos locales o cargos públicos. En 2024, este era el caso de Laurent Fabius (presidente del Consejo Constitucional), Edouard Philippe (alcalde de Le Havre) y Jean Castex (presidente de la RATP), entre otros.
En cuanto a los ministros del Interior, la protección policial sería efectiva durante dos años y se mantendría "en caso de amenaza particular".
¿Quién fue la mayor carga en 2024?
En la página 156 del Diario Oficial de la Asamblea Nacional publicado en mayo de 2025, se informa de que Dominique de Villepin le costó a las arcas del Estado 207.072 euros. Le siguen Bernard Cazeneuve con 198.290 euros, Jean-Pierre Raffarin con 158.208 euros, Lionel Jospin con 157.657 euros, Édith Cresson con 157.223 euros y François Fillon con 149.089 euros.
Las reacciones políticas
Los aliados del Gobierno aplauden esta decisión. El diputado de Renaissance Laurent Saint-Martin elogió la medida, calificándola como la concreción de una promesa largamente mencionada pero rara vez implementada.
Mientras que en la izquierda, la secretaria general de la CGT, Sophie Binet, expresó sus reservas, subrayando que esta medida no será suficiente para compensar las otras decisiones presupuestarias consideradas injustas del futuro presupuesto. Finalmente, desde el RN, el diputado Sébastien Chenu "lo ve muy bien", pero lo califica de "artificioso" y considera que Sebastien Lecornu solo está llevando a cabo una campaña de "comunicación".