Muchos consideran que se trata de una táctica de la Administración Trump para presionar a los legisladores demócratas y así forzarles a que cedan y aprueben la propuesta presupuestaria del Gobierno, que ha entrado en su octavo día de cierre.
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La Administración Trump ha advertido este martes de que no se garantizará el pago de los salarios atrasados a los trabajadores federales durante el cierre del Gobierno, revirtiendo lo que era una práctica de larga data y afectaría a unos 750.000 funcionarios que en estos momentos se encuentran de baja debido a la falta de fondos públicos, según un memorando que está difundiendo la Casa Blanca.
En 2019, durante su primer mandato y tras el cierre más largo del Gobierno en la historia del país, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promulgó una ley que garantiza que los trabajadores federales reciban el pago retroactivo de sus nóminas durante cualquier lapso en la financiación federal.
En el nuevo memorándum de Trump, sin embargo, su Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) dice que el pago retroactivo debe ser aprobado por el Congreso, si decide hacerlo, como parte de cualquier proyecto de ley para financiar el Gobierno.
Muchos consideran que esta medida es una táctica de mano dura de la Administración republicana para presionar a los legisladores para que reabran el Gobierno, que se encuentra en su octavo día de cierre. "Hay algunas personas que no merecen ser atendidas y nos ocuparemos de ellas de una manera diferente", matizó Trump durante un acto en la Casa Blanca.
El presidente de EE.UU. sostuvo que en el caso de los salarios atrasados todo dependería "quién" se hable. Cuando se le preguntó por segunda vez sobre el pago retroactivo a los trabajadores federales de baja, dado que el requisito está recogido reconocido por ley, Trump explicó: "Yo sigo la ley, y lo que dice la ley es correcto".
Un derecho ¿establecido por ley?
Negar el pago retroactivo a los trabajadores, algunos de los cuales deben permanecer en el trabajo como empleados esenciales, supondría una clara desvinculación de las normas y prácticas y casi con toda seguridad sería objeto de acciones legales. Aunque los funcionarios -así como los miembros de las Fuerzas Armadas- se han visto privados a menudo de sus nóminas durante anteriores cierres, casi siempre se les reembolsa una vez que el Gobierno recupera su acceso a los fondos.
"Esto debería aumentar la urgencia y la necesidad de que los demócratas hagan lo correcto", afirmó el presidente de la Cámara de Representantes y legislador republicano, Mike Johnson, en una rueda de prensa en el Capitolio. Johnson, que es abogado, dijo que no había leído completamente el memorando, pero señaló que "hay algunos analistas legales que están diciendo" que puede no ser necesario o apropiado pagar a los trabajadores federales.
La senadora demócrata por el estado de Washington Patty Murray arremetió contra la Administración Trump por desafiar la ley. "Otro intento infundado de tratar de asustar e intimidar a los trabajadores por parte de una Administración dirigida por ladrones y cobardes", sentenció. "La letra de la ley es tan clara como puede ser: los funcionarios públicos, incluidos los trabajadores de baja administrativa, tienen derecho a su pago retroactivo después de un cierre".
El líder de la mayoría en el Senado, el republicano John Thune, dijo: "Supongo que los trabajadores suspendidos cobrarán". Sin embargo, el memorando de la Casa Blanca explica que, si bien la Ley de Trato Justo a los Empleados del Gobierno de 2019 dice que los trabajadores recibirán su pago después de que se restablezca la financiación federal, matiza que la medida no es automática.
En cambio, el memorando sugiere que reembolsar a los funcionarios tendría que ser parte de una legislación posterior, presumiblemente de cualquier proyecto de ley para reabrir el Gobierno.
El análisis de la OMB se basa en un lenguaje familiar para los expertos presupuestarios al sugerir que el proyecto de ley de 2019 creó una autorización para pagar a los trabajadores federales, pero no la dotó de los fondos necesarios. Así, argumenta que el Congreso puede decidir si quiere pagar a los trabajadores o no. Por ahora, el Congreso sigue estancado, sin que ninguna de las partes -ni la Casa Blanca- parezcan dispuestas a ceder.
Los demócratas luchan por los fondos destinados a la Sanidad para evitar una interrupción de los subsidios federales, que amenazan con disparar las primas de los seguros médicos. Los republicanos afirman que esa cuestión podría abordarse más adelante.