El Ejército hebreo afirma que solo permitirá la entrada diaria en Gaza de 300 camiones con suministros básicos, a pesar de que el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás exige el doble de esa cantidad.
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Un convoy de camiones cargados con alimentos, combustible y suministros médicos ha atravesado este miércoles el paso fronterizo de Rafah desde su lado sur en la península del Sinaí hasta la Franja de Gaza, según la Media Luna Roja egipcia.
La entrada de ayuda humanitaria al enclave se interrumpió el lunes y el martes debido a los intercambios de prisioneros entre Israel y Hamás y a una festividad judía. El convoy de 400 camiones incluye 5.700 toneladas de suministros de alimentos y harina, más de 1.400 toneladas de bienes y equipos médicos, y unas 2.500 toneladas de combustible, según la ONG.
Las cadenas estatales egipcias han mostrado imágenes de los convoyes a su paso por el paso fronterizo, antes de que estos se dirigieran a una zona de inspección israelí: el paso previo antes de su entrada final.
En virtud de la primera fase de este nuevo acuerdo de alto el fuego, que entró en vigor a principios de esta semana, Israel debe permitir el paso de 600 camiones diarios con ayuda a Gaza con la idea de igualar los niveles anteriores a la guerra.
Sin embargo, el organismo de la Defensa israelí que supervisa el suministro y la distribución de la ayuda humanitaria, COGAT, ha notificado a las organizaciones responsables del suministro de ayuda que solo permitirá la entrada de la mitad de esa cantidad cada día.
Los grupos humanitarios han pedido a Israel que respeten inmediatamente las condiciones del acuerdo y permita la entrada de los 600 camiones diarios acordados para que lleguen a los dos millones de habitantes de la Franja que necesitan desesperadamente alimentos y recursos.
Estas organizaciones insisten en que la ayuda se necesita desesperadamente para reabastecer a Gaza de productos de primera necesidad, de los que ha estado privada durante meses, después de que Israel limitara el flujo de ayuda al enclave. Se trata de una medida que los grupos humanitarios han calificado como un crimen de guerra.